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Educación reducida a la mitad

La política de ajuste aplicada por el gobierno de Javier Milei continúa dejando una marca profunda en el sistema educativo argentino. A lo largo de los últimos dos años, el financiamiento nacional destinado a Educación y Cultura sufrió una contracción inédita, que según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alcanzó una caída acumulada del 47,7% en términos reales durante el bienio 2024-2025. La magnitud del recorte no sólo redujo la participación del área en el Producto Bruto Interno en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales, sino que además profundizó un proceso de desfinanciamiento que afecta a todos los niveles del sistema y que, de mantenerse, llevaría al presupuesto educativo nacional a sus valores más bajos desde que existen registros. Por Mailén González Buenos Aires, 10 de julio de 2026. El derrumbe comenzó en 2024, cuando la función Educación y Cultura registró una contracción real del 43,2% respecto del año anterior.  Aunque el ajuste atravesó buena parte del gasto público nacional, el informe de la UBA subraya que la motosierra aplicada sobre la educación fue más profunda que en otros sectores. Una de las razones centrales fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios de los docentes provinciales y cuya discontinuación trasladó mayores obligaciones financieras a las jurisdicciones, reforzando el carácter descentralizado del sistema educativo. 

Lejos de revertirse, la tendencia continuó en 2025. El gasto educativo volvió a caer un 7,9% en términos reales, afectando especialmente a las universidades nacionales, las becas estudiantiles y las transferencias a las provincias.  Las transferencias destinadas al financiamiento universitario, canalizadas a través del programa Desarrollo de la Educación Superior, se redujeron un 5,4% interanual.  El panorama fue aún más crítico para las políticas de acompañamiento a estudiantes: las becas se desplomaron un 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió casi la mitad de sus recursos, con una caída del 49,5%.  La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y pasó a ocupar un lugar central dentro de las políticas educativas nacionales. 

Las proyecciones para 2026 tampoco ofrecen alivio. Si no se producen ampliaciones presupuestarias, el IIEP estima que el área sufrirá una nueva caída real del 12,7%, completando tres años consecutivos de retrocesos y consolidando un escenario de desfinanciamiento estructural.  En paralelo, el informe advierte que la reducción del aporte nacional obliga a las provincias a asumir una mayor responsabilidad para sostener el sistema, lo que profundiza las desigualdades territoriales. Algunas jurisdicciones, como Neuquén, lograron compensar parcialmente el recorte con fondos propios, pero la mayoría enfrenta crecientes dificultades para sostener infraestructura, salarios y programas de apoyo. 

Más allá de los números, el estudio dedica un apartado al debate que impulsa el Gobierno sobre el financiamiento educativo y la eventual expansión de sistemas de vouchers o transferencias directas a las familias. Históricamente, Argentina construyó un esquema basado en el financiamiento de la oferta, mediante el cual el Estado sostiene escuelas, infraestructura y cargos docentes para garantizar el funcionamiento del sistema público. El financiamiento por demanda, en cambio, propone que los recursos públicos sean transferidos directamente a estudiantes o familias para que elijan entre distintos prestadores educativos, promoviendo la competencia entre instituciones. 

Los especialistas del IIEP advierten que estos modelos no sólo deben evaluarse desde la eficiencia económica, sino también por su impacto social. En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes. En esa línea, el informe analiza las iniciativas promovidas por el Gobierno nacional, que buscan ampliar el uso de vouchers, becas o transferencias directas con el argumento de fortalecer la libertad de elección. Desde 2024, el Ejecutivo implementó un programa de vouchers destinado a familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, que alcanzó a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025. Sin embargo, el estudio aclara que se trató de una transferencia focalizada orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas y cuestiona su impacto distributivo, ya que refuerza los recursos destinados a la educación privada en un contexto de desfinanciamiento de la educación estatal. 

El informe también recuerda que en 2023 se habilitó la deducción de gastos escolares privados en el Impuesto a las Ganancias, una medida que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos y que, según los investigadores, contribuye a profundizar la desigualdad en el acceso a la educación. En ese marco, el proyecto de “Libertad Educativa”, que propone ampliar las transferencias hacia instituciones privadas, plantea interrogantes sobre sus posibles efectos en la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo. Para el IIEP, aunque la iniciativa busca garantizar el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, también podría profundizar el desbalance entre ambos sistemas y generar efectos regresivos en el acceso a una educación de calidad. 

Finalmente, el estudio concluye que el alcance territorial de estas políticas presenta fuertes limitaciones, ya que la matrícula privada se concentra principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias con mayor capacidad presupuestaria. En consecuencia, las medidas podrían reforzar las desigualdades existentes en materia de financiamiento y acceso, consolidando un escenario en el que la educación pública queda cada vez más debilitada frente al avance de un modelo que, lejos de reducir brechas, corre el riesgo de profundizarlas. 

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