El orden según macri

Política | La represión como política

07/08

El orden según Macri

Las imágenes de policías rodeando la mesa de un vendedor ambulante para incautarle su mercadería, de agentes desfilando con armas largas por villas miseria, de familias desalojadas y de personas sin techo a quienes se les quitan colchones, se han vuelto habituales en Buenos Aires desde que Javier Milei asumió la presidencia en Argentina. La capital, gobernada por Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, exhibe un endurecimiento de las políticas hacia los sectores más pobres y vulnerables, en un contexto de crisis económica que multiplica la precariedad y la exclusión social. Por Mailén González Buenos Aires, 7 de agosto de 2026. La narrativa oficial insiste en que se trata de una “batalla cultural” contra el desorden y la delincuencia, pero las víctimas de los operativos son en su mayoría trabajadores informales, vendedores ambulantes, inmigrantes y familias que ocupaban viviendas desde hacía décadas. El propio Jorge Macri se muestra en videos rodeado de policías, con gesto amenazante, afirmando que “de un lado está la gente honesta, de bien; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas”. Sin embargo, lo que se observa en las calles es la criminalización de la pobreza y la persecución de quienes buscan sobrevivir en un escenario de deterioro económico. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 la Ciudad de Buenos Aires registraba un 21% de pobreza y un 9% de indigencia, cifras que reflejan la magnitud del problema.

El sacerdote Lorenzo “Toto” de Vedia, referente de los **Curas Villeros** y párroco en la villa 21-24, denuncia que a muchos de sus fieles les han confiscado alimentos y mercadería en improvisados comedores comunitarios. “Es un atentado contra la dignidad de las personas como jamás se había visto en la Argentina”, afirma, convencido de que la novedad es la búsqueda de aprobación social para estas prácticas. La Iglesia Católica ha repudiado públicamente operativos como “Tormenta negra”, desplegado en mayo con 1500 policías en 15 villas, que terminó con apenas 27 detenidos y 25 comercios clausurados. El arzobispo Jorge García Cuerva advirtió que “Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades”.

Los desalojos son otro eje de la política de orden que exhibe el gobierno porteño. Desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026, se recuperaron “para sus legítimos dueños” 900 propiedades valuadas en más de 450 millones de dólares, según la oficina de prensa de la Ciudad. Pero un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa reveló que el 58% de los desalojos se hicieron sin orden judicial y que solo hasta marzo quedaron en la calle 1135 familias y 4482 personas, entre ellas 1409 niños y adolescentes. El Estado ofrece un subsidio mínimo, insuficiente para alquilar una vivienda, lo que agrava la situación de quienes pierden su techo.

Organizaciones sociales y sindicales también han denunciado la persecución contra vendedores ambulantes. Pepe Peralta, de la Central de Trabajadores Argentinos, sostiene que “hay una necesidad de supervivencia de cada vez más gente” y que, si bien se puede discutir la regulación de la actividad, no es admisible que se confisque mercadería y se multe a quienes trabajan en la calle. Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de los Laburantes, explica que primero se expulsó a los manteros y ahora se hostiga a vendedores de baratijas, jubilados y discapacitados que dependen de esa actividad para subsistir. “La ideología detrás de esto es que quien sale a pelear por su subsistencia es un delincuente”, denuncia.

Los relatos de vecinos refuerzan la percepción de injusticia. Alberto Aguilera, residente en el barrio de Once, cuenta que un vendedor de flores conocido por todos ahora debe trabajar a escondidas porque la policía barre con todo. “En el barrio hay venta de drogas las 24 horas, pero parece que el problema es el vendedor ambulante o la gente que vive en la calle. Lo que quieren es meterles miedo”, afirma. La paradoja es evidente: mientras se despliegan operativos cinematográficos contra la pobreza, los problemas estructurales de seguridad y narcotráfico permanecen intactos.

La propaganda oficial refuerza esta lógica. Las calles de Buenos Aires están inundadas de afiches que muestran operativos de desalojos y confiscaciones, en lugar de obras públicas. Jorge Macri se presenta como garante del orden, aunque la obra pública es prácticamente inexistente. Incluso ha llegado a cuestionar que las iglesias brinden alimento y abrigo a personas sin hogar, porque ello atraería más indigentes desde los suburbios. La estrategia parece clara: instalar la idea de que los pobres son responsables de su situación y que deben ser expulsados de los espacios públicos.

La política de orden se convierte así en un espectáculo que busca legitimidad social, pero que deja a miles de personas en la intemperie y criminaliza la pobreza. En un país donde históricamente los sectores populares han sido objeto de políticas de exclusión, lo novedoso es la sistematización de la persecución y la construcción de un relato que la presenta como defensa de la “gente de bien”. La vigencia de estas imágenes en Buenos Aires refleja un clima de época marcado por la crueldad cotidiana contra los más vulnerables, en un contexto de crisis económica y de un gobierno nacional que promueve discursos de ultraderecha.

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