Declaran emergencia

Política | Celulares robados

21/08

Declaran emergencia

El Gobierno porteño declaró la emergencia por 90 días en la actividad de venta y reparación de celulares usados y puso en marcha un esquema de controles reforzados en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de robos, denuncias y secuestros de equipos. La medida, que apunta directamente al circuito informal de comercialización de teléfonos sustraídos, incluye operativos extraordinarios, suspensión de nuevas habilitaciones y exigencias estrictas para acreditar el origen legítimo de cada aparato y repuesto. Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo fueron definidas como áreas críticas y serán el foco de la intervención estatal. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 21 de agosto de 2026. El decreto 295/26, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, establece un período excepcional de fiscalización mientras se completa la implementación de un sistema de registro y trazabilidad para todas las actividades vinculadas con la compra, venta y reparación de celulares usados. La decisión se inscribe en una estrategia que busca desarticular el mercado de teléfonos robados, un delito que en los últimos años se expandió en la Ciudad y que, según datos oficiales, se concentra en corredores comerciales y zonas de alto tránsito peatonal. “Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley”, afirmó Macri al anunciar la medida, y agregó que quienes compran equipos robados “no son comerciantes, sino delincuentes que forman parte de una red mafiosa”.

Durante los 90 días de emergencia, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad porteño deberán intensificar los operativos en los comercios y ámbitos donde se detecten mayores indicadores de riesgo. Los locales dedicados a la actividad deberán acreditar el origen legítimo de los celulares, partes y repuestos que tengan en su poder, y aquellos que no puedan demostrar la procedencia de los equipos podrán ser clausurados. La AGC tendrá facultades para realizar procedimientos extraordinarios de fiscalización y aplicar sanciones inmediatas ante cualquier irregularidad.

Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de las “Zonas de Alta Criticidad”, determinadas a partir de indicadores como concentración territorial de delitos, secuestros y recuperos de celulares, denuncias, resultados de operativos, cantidad de establecimientos y antecedentes de incumplimientos. En esta primera etapa, las áreas identificadas son Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo, sectores donde la actividad comercial vinculada a celulares usados se expandió en los últimos años y donde se registran los mayores niveles de circulación de equipos robados.

En esas zonas, la emergencia tendrá efectos directos sobre los comercios: quedará suspendido el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, así como las transferencias y ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados. “En las zonas de alta criticidad no se va a habilitar ni un solo local más de reparación de celulares y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan”, sostuvo Macri, en línea con la intención de frenar la expansión del circuito informal.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, también respaldó la medida y destacó el refuerzo de los controles sobre el circuito de comercialización de equipos robados. “Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvidate de revenderlo. Se terminó el negocio del robo y reventa”, expresó en sus redes sociales. Según fuentes oficiales, los operativos se concentrarán en galerías comerciales, locales de reparación rápida, puestos informales y zonas donde se detecta la mayor cantidad de denuncias por robo y hurto de teléfonos.

La emergencia contempla además la implementación de un registro de trazabilidad para las actividades de reparación y comercialización de celulares usados. El objetivo es identificar establecimientos, equipos y operaciones realizadas, de modo de dificultar que teléfonos robados o sus partes ingresen al circuito formal. La trazabilidad permitirá, según el Gobierno, reconstruir el recorrido de cada aparato y verificar si su origen es legítimo, una herramienta que ya se utiliza en otros rubros donde existe riesgo de comercialización de bienes sustraídos.

El endurecimiento de los controles se produce en un contexto donde el robo de celulares se consolidó como uno de los delitos más frecuentes en la Ciudad, especialmente en zonas de alto tránsito como el Microcentro, Once, Retiro y los alrededores de grandes nodos de transporte. La facilidad para revender equipos y repuestos, sumada a la demanda constante de teléfonos usados, generó un mercado paralelo que el Gobierno busca desarticular mediante fiscalización intensiva y restricciones temporarias.

La medida también apunta a ordenar un sector donde conviven comercios habilitados, locales informales y talleres de reparación que operan sin controles regulares. La suspensión de nuevas habilitaciones en las zonas críticas busca evitar que se amplíe la oferta comercial en áreas donde ya se detectaron irregularidades y donde los operativos de seguridad identificaron vínculos con redes de reventa de equipos robados.

El Gobierno porteño sostiene que la emergencia permitirá avanzar en un esquema más riguroso de control y trazabilidad, mientras que las autoridades de la AGC anticiparon que los operativos serán diarios y se realizarán en coordinación con la Policía de la Ciudad. La expectativa oficial es que la combinación de clausuras, fiscalización intensiva y suspensión de habilitaciones reduzca el margen de maniobra del circuito informal y desaliente la comercialización de teléfonos robados.

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