No quieren quedarse afuera

Política | Marcha cartonera

21/08

No quieren quedarse afuera

Miles de recuperadores urbanos marcharon el miércoles pasado en Buenos Aires para rechazar la nueva licitación del sistema de recolección de residuos reciclables impulsada por el Gobierno porteño, en un conflicto que expone la tensión entre un modelo de gestión construido durante casi dos décadas por las cooperativas y la intención oficial de incorporar criterios empresariales, trazabilidad tecnológica y competencia abierta. Por Mailén González Buenos Aires, 21 de agosto de 2026. La movilización, que reunió a las doce cooperativas que hoy operan el sistema, puso en el centro del debate el futuro de más de 6.500 trabajadores y trabajadoras y la continuidad de un esquema que permitió ampliar la separación en origen y reducir el volumen de residuos enviados al CEAMSE. La protesta comenzó a las 11 de la mañana en la intersección de Belgrano y Jujuy y avanzó hacia la Dirección de Higiene Urbana, donde las organizaciones cartoneras entregaron un documento con sus reclamos. La marcha fue acompañada por banderas de las cooperativas, carros intervenidos con consignas y una columna de familias que participan del sistema de reciclado desde su formalización, a mediados de los años 2000.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) advirtió que el nuevo pliego de licitación, cuyo contrato vigente vence en septiembre, incorpora requisitos que dejarían fuera a las cooperativas y abrirían la puerta a empresas privadas de higiene urbana. Entre las condiciones cuestionadas figuran exigencias de facturación mínima, flotas propias de camiones y titularidad sobre los Centros Verdes, predios que pertenecen al Estado y que las cooperativas operan mediante comodatos.

El Gobierno porteño sostiene que la licitación busca mejorar la limpieza de la Ciudad y corregir “fallas operativas” del sistema actual. En declaraciones oficiales, señalaron incumplimientos de horarios, falta de trazabilidad, uso inadecuado de uniformes y herramientas y situaciones en las que los residuos terminan desparramados en veredas o bloqueando contenedores. La nueva licitación, afirman, tendrá como ejes el monitoreo continuo, la medición de resultados y la incorporación de tecnología para garantizar previsibilidad y respeto por el vecino. “El cuidado del ambiente y la limpieza de las calles tienen que ir de la mano”, señalaron desde el Ejecutivo, que insiste en que las cooperativas podrán competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas.

Las organizaciones cartoneras rechazan esa interpretación y sostienen que el deterioro del sistema no se debe a fallas propias, sino a la reducción del financiamiento estatal destinado a logística, mantenimiento de vehículos y provisión de herramientas. Como ejemplo mencionan el incendio del Centro Verde de Barracas, que permanece sin ser reparado desde hace dos años, y la falta de renovación de insumos básicos para la recolección puerta a puerta. Para FACCyR, el nuevo esquema no solo amenaza la continuidad laboral de miles de trabajadores de la economía popular, sino que implica un cambio de modelo que podría desarticular un sistema reconocido internacionalmente por su aporte ambiental y social.

Durante el acto frente a la estación de Once, los recuperadores urbanos recordaron que fueron ellos quienes, mucho antes de que la Ciudad hablara de economía circular, organizaron la separación en origen, desarrollaron los Centros Verdes y garantizaron que miles de toneladas de materiales no terminaran enterradas en el CEAMSE. “No somos descartables, somos trabajadores que cuidamos el ambiente”, señalaron en un comunicado difundido durante la movilización. Las cooperativas remarcaron que no se oponen a incorporar tecnología ni a mejorar el funcionamiento del servicio, pero exigen que cualquier modificación garantice la continuidad laboral, respete la Ley de Basura Cero y mantenga la participación de las organizaciones en la recolección puerta a puerta y en la operación de los Centros Verdes.

El conflicto involucra a más de 6.500 trabajadores y trabajadoras que integran un sistema construido a partir de la organización de los recuperadores urbanos, quienes transformaron una actividad informal en un trabajo reconocido por el Estado. La formalización del sector permitió ampliar la separación en origen, mejorar las condiciones laborales y consolidar un modelo de reciclado con inclusión social que hoy es referencia en América Latina. Las cooperativas advierten que la nueva licitación puede modificar ese esquema y trasladar la gestión a empresas privadas, lo que implicaría un retroceso en términos de participación comunitaria y control social del sistema.

La movilización del miércoles fue el primer capítulo de una nueva etapa de conflicto entre las organizaciones cartoneras y el Gobierno porteño. FACCyR anunció que continuará con acciones públicas para visibilizar la problemática y defender la continuidad del sistema. El reclamo, señalan, no se limita a la preservación de los puestos de trabajo, sino que busca poner en discusión quiénes participan de la gestión de los residuos de la Ciudad y qué lugar tendrán los trabajadores que durante años sostuvieron el reciclado en las calles de Buenos Aires. En un contexto de debate sobre el futuro de la gestión ambiental urbana, la protesta de los recuperadores urbanos reabre una discusión central sobre el rol del Estado, la participación comunitaria y el modelo de ciudad que se pretende construir.

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