Política | Motosierra para la participación ciudadana

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Ataque a las Comunas

La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto en la Legislatura porteña para reformar la Ley de Comunas y busca llevar la motosierra al territorio de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa propone que solo el presidente cobre salario y que el resto de los comuneros cumpla funciones ad honorem. La idea de trasladar poder político y recursos a estructuras barriales con representación colegiada nunca fue plenamente aceptada por el oficialismo porteño, que en distintas etapas buscó limitar su alcance y mantener el control centralizado desde el Ejecutivo. Ahora los libertarios quieren achicarlas aún más. Por Mailén González Buenos Aires, 17 de abril de 2027. La historia de las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires es también la historia de las tensiones políticas en torno a la descentralización y la autonomía administrativa. Desde que fueron creadas por la Constitución porteña de 1996 y reglamentadas por la Ley de Comunas de 2005, su puesta en marcha estuvo marcada por reticencias del PRO, el partido que gobierna la Ciudad desde 2007.

La primera gran resistencia se dio en los años posteriores a la sanción de la ley. El PRO, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, demoró la implementación efectiva de las Comunas y postergó las elecciones comunales, que recién se realizaron en 2011. Hasta entonces, las funciones de gestión territorial se mantuvieron bajo la órbita de las Unidades de Atención Ciudadana, dependientes directamente del Ejecutivo. La demora fue interpretada como una estrategia para evitar que las Comunas se consolidaran como espacios de poder autónomo y con capacidad de decisión sobre el presupuesto y las políticas locales.

Una vez constituidas, las Comunas enfrentaron nuevas limitaciones. El PRO impulsó un esquema de competencias acotadas y mantuvo bajo control la asignación presupuestaria. Aunque la ley establece que las Comunas deben contar con presupuesto propio y capacidad de planificación, en la práctica los recursos fueron administrados centralmente por el Gobierno de la Ciudad. Esto generó reiterados reclamos de comuneros y vecinos, que denunciaron la falta de autonomía real y la imposibilidad de ejecutar proyectos locales sin la aprobación del Ejecutivo. En 2019, la Justicia declaró inconstitucional un decreto del Gobierno porteño que intentaba avanzar sobre las competencias comunales, en un fallo que reforzó la autonomía prevista por la Constitución y la ley.

La reticencia del PRO se explica en parte por la lógica de control político. Las Comunas, integradas por juntas de siete miembros elegidos por voto popular, representan un espacio de poder descentralizado que puede escapar al dominio del oficialismo. En barrios donde el PRO no tiene mayoría, las juntas comunales se convierten en ámbitos de oposición con capacidad de incidir en la gestión cotidiana. Limitar sus atribuciones y condicionar su presupuesto ha sido una manera de reducir ese margen de autonomía y mantener la centralidad del Ejecutivo en la toma de decisiones.

Motosierra a las Comunas

En este contexto, la iniciativa presentada en 2026 por La Libertad Avanza reabre el debate sobre el rol de las Comunas. El proyecto de la legisladora Pilar Ramírez propone que solo el presidente comunal cobre salario y que el resto de los miembros cumpla funciones ad honorem. Bajo el argumento de eliminar “cargos sin contenido” y mejorar la eficiencia estatal, la propuesta apunta a concentrar el poder en la figura del presidente y reducir el peso político de los otros seis integrantes. La medida se inscribe en la estrategia libertaria de recorte del gasto político y en la disputa territorial con el PRO, que ha hecho de las Comunas un engranaje clave de su estructura de poder en la Ciudad.

La avanzada libertaria se articula también en el plano institucional. La Libertad Avanza logró quedarse con la presidencia de la Comisión de Descentralización en la Legislatura porteña, un espacio clave para debatir y dictaminar cambios sobre el régimen comunal. Con ese control, el bloque libertario instala el tema en agenda y busca protagonismo en el debate legislativo. La jugada lleva la marca de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que impulsa la estrategia de disputa territorial en la Ciudad.

La ley y la política

El trasfondo de esta discusión es la tensión histórica entre descentralización y centralismo en la gestión porteña. Mientras la Constitución y la Ley de Comunas conciben a estas estructuras como órganos colegiados con autonomía administrativa y presupuesto propio, el PRO ha buscado limitar su alcance y mantener el control desde el Ejecutivo. La propuesta libertaria, en lugar de ampliar la autonomía, plantea un rediseño que la reduce aún más, al concentrar funciones y debilitar la representación colegiada. El debate, entonces, no solo es económico, sino político e institucional: se trata de definir si las Comunas deben sostenerse como espacios de representación territorial con peso propio o transformarse en estructuras más acotadas, subordinadas al poder central.

A lo largo de casi dos décadas, las Comunas han sido escenario de disputas judiciales, legislativas y políticas que reflejan la dificultad de avanzar hacia una descentralización plena en la Ciudad de Buenos Aires. La reticencia del PRO a otorgarles autonomía administrativa y presupuesto ha sido constante, y ahora la ofensiva de La Libertad Avanza introduce un nuevo capítulo en esa historia. Lo que está en juego es el modelo de gestión de la Ciudad: si se consolida un esquema de participación y representación barrial, o si se impone una lógica de concentración del poder en el Ejecutivo y en figuras individuales. En cualquier caso, el debate sobre las Comunas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política porteña y promete tensiones de largo alcance en la relación entre gobierno central y territorio.


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