Política | Promesas de campaña

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Línea F otra vez postergada

La construcción de la Línea F del subte porteño, una de las promesas de campaña más repetidas por Jorge Macri, volvió a quedar envuelta en la incertidumbre tras la segunda postergación consecutiva de la apertura de sobres de la licitación. Primero se había fijado para abril, luego se trasladó a julio y ahora, según la resolución publicada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, la fecha se reprogramó para el 10 de septiembre. Por Mailén González Buenos Aires, 12 de junio de 2026. El argumento oficial sostiene que la prórroga responde a solicitudes de las empresas interesadas, con el fin de garantizar mayor concurrencia y eficiencia en el procedimiento, aunque el malestar entre los oferentes es evidente y crece la sospecha de que las obras no comenzarán antes de fin de año.

La licitación en curso abarca la ingeniería, construcción y equipamiento de la nueva línea, aunque deja fuera la provisión de material rodante, señalamiento y comunicaciones, que se contratarán en etapas posteriores. El proyecto técnico fue elaborado por la unión transitoria de empresas UPU y Asociados, IATASA y ATEC, y constituye la base sobre la cual se espera avanzar en la ampliación de la red subterránea. Sin embargo, la reiterada postergación de plazos pone en duda la voluntad política de concretar la obra en los tiempos prometidos y genera frustración en las compañías que ya presentaron sus propuestas.

En paralelo, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura dos proyectos vinculados a la Línea F. El primero busca autorización para endeudarse hasta un máximo de 1350 millones de dólares, destinados a financiar la construcción y equipamiento de la línea. El segundo contempla expropiaciones de inmuebles y subsuelos para accesos de estaciones y otras instalaciones, lo que ya despertó resistencia vecinal en algunos barrios. Además, este proyecto incluye modificaciones a la ley 670 que marginan a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) del proceso de licitación y construcción de nuevas líneas, transfiriendo esas facultades al Ejecutivo. De prosperar, la comisión mixta de seguimiento perdería la representación de SBASE y quedaría integrada únicamente por legisladores y funcionarios designados por el Gobierno, lo que fue interpretado como un intento de vaciar de poder a la empresa estatal.

Mientras tanto, la Ciudad adjudicó la reorganización del Centro de Trasbordo de Plaza Constitución, una obra preparatoria para la futura Línea F. Allí se prevé la mudanza de la playa de regulación de colectivos ubicada bajo la autopista, la reorganización de paradas y la ampliación de veredas, con el objetivo de generar espacio para los obradores y el acceso a la estación Constitución de la nueva línea. Estas tareas, aunque menores en comparación con la magnitud de la obra principal, muestran que el Gobierno avanza en aspectos periféricos mientras la licitación central sigue sin definirse.

La Línea F es considerada estratégica para mejorar la conectividad del sistema de subtes y descomprimir líneas saturadas como la D y la C. Su traza proyectada uniría Plaza Constitución con Plaza Italia, atravesando barrios densamente poblados y con alta demanda de transporte. La obra, largamente postergada, fue presentada por Jorge Macri como una prioridad de gestión y un símbolo de modernización, pero las demoras en la licitación ponen en duda la viabilidad de cumplir con los plazos anunciados. La promesa de iniciar los trabajos antes de fin de año parece cada vez más lejana, y el discurso oficial se enfrenta a la realidad de un proceso administrativo que se dilata.

Las empresas interesadas en la licitación expresaron su descontento por la nueva prórroga, señalando que ya habían ajustado sus propuestas a los plazos anteriores y que la incertidumbre afecta la planificación de inversiones. Desde el Gobierno insisten en que la medida busca garantizar mayor participación y mejores condiciones de competencia, pero la reiteración del argumento genera desconfianza. La falta de claridad sobre los motivos reales de la postergación alimenta la percepción de que el proyecto enfrenta obstáculos políticos y financieros que no se transparentan.

La polémica se suma a la discusión sobre el endeudamiento y las expropiaciones, en un contexto en el que la Ciudad busca ampliar su red de transporte pero enfrenta resistencias vecinales y cuestionamientos legislativos. La modificación de la ley 670, que desplaza a SBASE de su rol histórico en la planificación y ejecución de nuevas líneas, es vista como un cambio institucional de gran alcance y como una señal de tensiones internas en el Gobierno. La decisión de otorgar al Ejecutivo la potestad de delegar las licitaciones en otros organismos refuerza la idea de concentración de poder y genera dudas sobre la transparencia del proceso.

En definitiva, la Línea F se convirtió en un símbolo de las dificultades para concretar grandes obras de infraestructura en Buenos Aires. La promesa de campaña de Jorge Macri se desvanece en medio de prórrogas, proyectos de endeudamiento y disputas institucionales, mientras los vecinos esperan una solución concreta a los problemas de transporte que afectan a la Ciudad. La nueva fecha de septiembre será clave para determinar si la obra finalmente avanza o si la incertidumbre se prolonga, poniendo en riesgo uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión actual.


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