Política | Expropiación de Cromañón

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Extienden el plazo

La Cámara de Diputados aprobó una prorroga del plazo que tiene el Estado para promover la expropiación de Cromañón. Los legisladores aprobaron el miércoles este proyecto a pedido de los familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón, ante la inacción del gobierno de Milei. Ahora deberá ser refrendado por el Senado y promulgado por el Ejecutivo. Por Mailén González Buenos Aires, 29 de noviembre de 2024. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles y giró al Senado un proyecto de ley para prorrogar por cuatro años el plazo que tiene el Estado para promover la expropiación del boliche donde funcionó Cromañón hasta 2004, cuando un trágico incendio provocó 194 muertes.  

La iniciativa se aprobó por una amplia mayoría: cosechó 211 votos, mientras que en contra lo hicieron cuatro legisladores de La Libertad Avanza (LLA). Se trata de los libertarios porteños Alberto Benegas Lynch y Nicolás Emma, el santafesino Romina Diez y Guillermo Montenegro.

El tratamiento del proyecto fue propuesto por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Paula Penacca, con el argumento de que se trata de una solicitud de los familiares de las victimas de Cromañón para poder hacer en ese inmueble en un espacio de la memoria. La iniciativa también responde a la inacción del Poder Ejecutivo que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, paralizó todas las gestiones tendientes a concretar el mandato legal de expropiar el inmueble.

La nueva iniciativa parlamentaria establece que se prorroga por cuatro años el plazo establecido en la ley 21.499 para promover el juicio de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 27.695.

En los fundamentos del proyecto, se señala que "Cromañón no solo representa un lugar físico, sino también una de las más trágicas masacres de Argentina, en la que fallecieron al menos 194 personas, en su mayoría jóvenes, y miles sufrieron traumas físicos y psicológicos".  

"Es deber del Estado garantizar instancias reparatorias que permitan conservar la memoria colectiva y evitar el aislamiento de las víctimas en sus reclamos individuales", indicó la iniciativa.  

Se argumentó que "la creación de un espacio dedicado a la memoria ayudará a transformar el dolor en lucha y a fomentar un entendimiento común para que hechos como estos no se repitan".


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