Política | Recaudación por habitante
07/11
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La desigualdad estructural
Este dato no solo refleja una diferencia económica entre regiones sino que también expone las limitaciones estructurales del federalismo fiscal argentino. Mientras algunas provincias cuentan con recursos propios suficientes para sostener sus políticas públicas otras dependen casi exclusivamente de las transferencias del gobierno nacional. Esta situación condiciona la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales y limita su capacidad de planificación y ejecución.
El informe del IARAF señala que en 2024 la recaudación impositiva propia por habitante en CABA fue de aproximadamente 370.000 pesos mientras que en Santiago del Estero apenas superó los 26.000 pesos. Esta diferencia se explica por múltiples factores entre los que se destacan el nivel de actividad económica la estructura productiva el desarrollo urbano y la capacidad administrativa de cada jurisdicción.
La Ciudad de Buenos Aires concentra una alta densidad empresarial y comercial lo que le permite captar ingresos significativos a través de impuestos locales como Ingresos Brutos ABL y Sellos. Además cuenta con una administración tributaria eficiente que facilita la fiscalización y el cumplimiento. En contraste provincias como Santiago del Estero presentan una economía más dependiente del sector primario con menor formalización y una base imponible más reducida.
Esta disparidad tiene consecuencias directas sobre el gasto público. Las provincias con mayor recaudación pueden invertir más en infraestructura salud educación y seguridad mientras que aquellas con menores ingresos deben ajustar sus presupuestos y priorizar el gasto corriente. En muchos casos esto se traduce en servicios públicos de menor calidad y en una mayor dependencia de los fondos nacionales.
El sistema de coparticipación federal intenta equilibrar estas diferencias mediante la redistribución de recursos pero según el informe del IARAF esta herramienta no logra compensar completamente las brechas existentes. De hecho la participación efectiva de las provincias en la recaudación nacional ha disminuido en los últimos años y muchas jurisdicciones han perdido autonomía financiera.
Entre 1993 y 2024 la distribución de la recaudación nacional entre Nación provincias y CABA ha sufrido modificaciones que afectaron la equidad del sistema. Las transferencias no automáticas y los coeficientes reales de coparticipación han generado distorsiones que favorecen a algunas provincias en detrimento de otras. Esto ha derivado en un mapa fiscal fragmentado donde la capacidad de gasto está determinada más por la ubicación geográfica y el perfil económico que por criterios de equidad.
La situación plantea desafíos importantes para el diseño de políticas públicas. Por un lado es necesario fortalecer la capacidad recaudatoria de las provincias mediante la modernización de sus sistemas tributarios y la ampliación de la base imponible. Por otro lado se requiere una revisión profunda del régimen de coparticipación que permita una distribución más justa y transparente de los recursos.
Además el informe destaca que en el consolidado de provincias y CABA los ingresos totales descendieron un 12,7 por ciento en términos reales entre 2023 y 2024 lo que agrava aún más la situación. En el mismo período el gasto corriente cayó un 12,8 por ciento y el gasto de capital un 33 por ciento lo que evidencia un ajuste fiscal generalizado en el sector público subnacional.
En este contexto resulta urgente avanzar hacia un federalismo fiscal más equilibrado que garantice a todas las provincias los recursos necesarios para cumplir con sus funciones básicas. La desigualdad en la recaudación no solo afecta la eficiencia del gasto sino que también pone en riesgo la cohesión territorial y la equidad entre ciudadanos.
La discusión sobre la reforma del sistema de coparticipación y la autonomía financiera de las provincias debe ocupar un lugar central en la agenda política y económica del país. Solo así será posible construir un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible que respete las particularidades de cada región y promueva una distribución equitativa de los recursos públicos.
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