Política | Coparticipación en mora
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Caputo no manda la plata
La reunión se produjo apenas horas después del revés legislativo que sufrió el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados, donde el capítulo XI del Presupuesto 2026 —que incluía el artículo para saldar la deuda con la Ciudad— fue rechazado. Ese capítulo también contenía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que llevó al oficialismo a evitar su tratamiento artículo por artículo y provocó su caída completa.
Como consecuencia, el pago de la deuda quedó fuera del Presupuesto y deberá resolverse mediante negociaciones directas entre Nación y Ciudad. Desde el PRO admiten malestar por la estrategia parlamentaria del oficialismo, que dejó sin efecto el acuerdo alcanzado horas antes de la votación.
La Ciudad endurece el tono: no descarta volver a la Corte
En los últimos días, Jorge Macri dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse ante la Corte Suprema si la negociación con Nación no avanza. “Estamos tratando de encontrar un acuerdo razonable, pero no es fácil”, afirmó en un encuentro con periodistas. En su entorno aseguran que acudir al máximo tribunal podría acelerar la resolución del conflicto.
El jefe de Gobierno también advirtió que busca evitar una confrontación judicial, pero que no descarta esa vía si no se logra un acuerdo. Incluso mencionó la posibilidad de explorar **mecanismos alternativos de pago**, como la cesión de activos nacionales en desuso.
El conflicto por la coparticipación tiene un largo historial. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Ciudad recibió un aumento en su coeficiente para financiar el traspaso de la Policía Federal. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández redujo ese porcentaje al 1,4%, argumentando que el incremento había sido excesivo. La Ciudad judicializó la medida y, en diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó restituir un 1,55% adicional hasta alcanzar un total del 2,95% de la masa coparticipable.
En septiembre de 2024, Nación y Ciudad acordaron una modalidad de pago que combinaba un 1,40% por goteo diario y un 1,55% mediante transferencias semanales. Sin embargo, según la Ciudad, el Ministerio de Economía dejó de cumplir con el envío del 1,55% adicional a partir de agosto de 2025, lo que generó la deuda actual.
La negociación técnica y el trasfondo político
La reunión entre Macri y Caputo fue interpretada como un intento de recomponer la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, que atraviesa un momento de tensión tras la caída del capítulo XI del Presupuesto. Ambos funcionarios acordaron que sus equipos retomarán las negociaciones para definir un calendario de pagos y una modalidad que permita regularizar los envíos.
La Ciudad insiste en que los fondos son indispensables para sostener servicios esenciales y garantizar la continuidad de obras públicas. La Nación, por su parte, enfrenta restricciones fiscales y un escenario legislativo complejo.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el oficialismo buscará reponer en el Senado el artículo que habilita el pago semanal de la deuda con la Ciudad, aunque no hay garantías de que prospere.
El trasfondo político también juega un papel relevante. La Ciudad representa el 21% del PBI nacional y es uno de los distritos con mayor afinidad política con el Gobierno nacional. Por eso, la falta de cumplimiento del fallo de la Corte es interpretada por el Ejecutivo porteño como un gesto negativo en un momento en que busca previsibilidad financiera y estabilidad institucional.
La disputa por la coparticipación se ha convertido en uno de los principales frentes abiertos entre ambas administraciones. La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de los equipos técnicos para acordar un esquema de pagos viable y del margen político que el Gobierno nacional esté dispuesto a conceder en un contexto de ajuste fiscal.
Por ahora, la normalización de los giros y el pago de la deuda continúan en negociación. La Ciudad espera que las próximas reuniones permitan destrabar un conflicto que ya lleva años y que impacta de manera directa en sus cuentas públicas.
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