Buenos Aires, 6 de enero de 2023. El lunes a la mañana, Personal de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad realizó una serie de allanamientos en el barrio de Balvanera, en el marco de una causa por "ocupar la vía pública en ejercicio de actividad lucrativa" por parte de los denominados manteros. Curiosamente los allanamientos se realizaron en locales comerciales y depósitos cerrados, que no ocupaban la vía pública.

El operativo fue ordenado por las autoridades de la Fiscalía de Flagrancias Este y del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 30 que indicaron la realización de 22 allanamientos en la zona, que se encontró cerrada al tránsito desde la mañana con vallas.

En repudio y como reacción al decomiso de su mercadería, los vendedores ambulantes realizaron un corte en el cruce de la Avenida Pueyrredon y Mitre, para reclamar la devolución de los bienes incautados. 

Los lugares donde se realizaron los allanamientos son comercios y depósitos donde los vendedores guardan los artículos que exhiben para su venta en las mantas que ubican en las veredas de un amplio perímetro de la zona comercial de Once. La investigación que derivó en los allanamientos fue iniciada hace tres meses, de acuerdo con fuentes policiales.

En este contexto, la referente de los vendedores Luzmery Villanueva explicó que los allanamientos no se dieron en depósito sino en negocios que se solidarizan y le guardan la mercancía a compañeros: "Hay una causa, estamos esperando al gremio para ver cómo se resuelve la situación de los compañeros. Ahora estamos organizados, no es como antes". Por otro lado, aseguró que "acá no existen mafias", sino que "somos gente trabajadora": "Los trabajadores fuimos los que corrimos a las verdaderas mafias de Once". "Lo que se viraliza es lo que se quiere visualizar por parte de medios de comunicación racistas y xenófobos", subrayó al respecto de hecho de violencia aislados.

"Tenemos un DNI que nos dice que somos argentinos. Hay gente laburadora. Yo tengo ocho pibes que no están tirados en la calle vendiendo droga, van a la escuela gracias a que yo me rompo el lomo", manifestó la mantera. En este línea, sentenció: "Arruinan a un montón de familias".

En tanto, criticó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: "La política de la Ciudad es malísima porque no nos da la chance de demostrar que estamos organizados. Nos inventamos nuestro trabajo. Somos parte de la sociedad y generamos trabajo, le gusta o no les guste. Nos tienen que dar mesas de diálogo para regularizar nuestra situación".

También Villanueva, denunció que "la Justicia porteña y las fuerzas de seguridad del Gobierno de la CABA, están una vez más, robando la mercadería a los trabajadores de la Economía Popular". La denuncia es fuerte pero tiene asidero, según la explicación que dio Enrique Palmeyro de la Secretaría Letrada de Trabajo y Economía Popular, que forma parte de la Secretaría General de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

 

Palmeyro trabaja con el sector que contiene, entre otros trabajadores, a cartoneros, trapitos, feriantes, artesanos y los más perseguidos: las y los vendedores ambulantes. Desde allí, evalúo la situación de los operativos y los decomisos a cargo de la Policía de la Ciudad y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

 

Ante todo, reconoció que el GCBA no tiene una “política de acompañamiento” al sector de vendedores ambulantes sino que al contrario “los persigue”. Además, advirtió que no hay cifras oficiales de cuántas personas realizan este trabajo, lo que no permite generar un diagnóstico que derive en políticas “proactivas” para mejorar las condiciones de trabajo.

 

En ese escenario, las y los trabajadores deben enfrentar operativos policiales, que pueden derivar en su detención, y el decomiso de su mercadería. Sobre esto último, Palmeyro relató que “la recuperación de esa mercadería secuestrada es especialmente engorrosa”.

 

“Se le decomisa la mercadería y después encima no se le devuelve, queda en una especia de agujero negro porque no hay un proceso donde un juez dictamina que esa mercadería queda decomisada y el GCBA la remata, venda o quema, sino que desaparece”, detalló y cuestionó: “Entonces, de un lado tenés a trabajadores que se ganan el mango a la luz del día como se puede, y del otro al estado que teóricamente es formal y le desaparece la mercadería”. “La gente jamás va a creer en el sistema”, sentenció.

 

Por último, Palmeyro mencionó otro conflicto que se afronta a la hora de los decomisos y es la intervención de la Justicia federal. “Muchas veces los decomisos y en los operativos se alega la violación de Ley de Marcas y, en esa caso interviene, la justicia federal lo que es una complejidad mayor porque la intervención de la MPD es mucho más acotada”, explicó.

 

Este escenario se plantea como una “cuestión estructural” ya que en la venta de productos en la vía pública “no hay una intención de engañar vendiendo un short como Adidas”, advirtió y agregó: “Si me compro un short en Avellaneda sé que no me estoy comprando uno de marca, sino que es a todas luces una imitación”.

 

En ese sentido, Palmeyro cuestiona el rol del Estado: “La marca podrá alegar que se viola la normativa, hay que ver si el Estado está de su lado o del lado de la persona que vive de eso”. En este punto, lo que destacó el secretario es que la economía popular no es una “cuestión conyuntural” sino que al contrario es “estructural”.

 

Cabe recordar que hay seis millones de personas en todo el país viviendo de este tipo de trabajo. “Si hay persona que se organizan de otra manera para trabajar y vivir, el Estado tienen que acompañar esa manera”. 

Ayer jueves, luego de los allanamientos y secuestro de mercadería por parte de la Policía de la Ciudad, hubo una asamblea general de los vendedores ambulantes de Once en Plaza Miserere para empezar el camino hacia la regulación del trabajo ambulante. "Vamos a presentar la Ley en la que venimos trabajando hace meses y hoy vinimos a discutirla con los trabajadores. Esto no puede seguir así", sostuvo Agustina Mayansky, militante del MTE.

Para las 18 horas había alrededor de 50 trabajadores sentados en la plaza, que está ubicada frente a la terminal de trenes del Sarmiento. Los trabajadores, a quienes se les permitió trabajar durante todo el día, porque no hubo presencia policial, iban llegando de a poco. Para las 18.30 ya eran cientos de vendedores preocupados por su situación laboral.

La iniciativa de impulsar una ley de regule el trabajo en la vía pública fue explicada por Luzmery Villanueva, referente de los vendedores del MTE. "Tenemos que empezar a luchar por una ley. Esta vez me dolió demasiado ver llorar a 50 compañeras. Estoy angustiada. Necesitamos defender la calle, se vienen épocas difíciles, el enemigo es el Gobierno de la Ciudad que cree que no somos parte de la sociedad". "Quieran o no somos argentinos, y queremos darle de comer a nuestro hijos", aseveró la vendedora y fue ovacionada por sus compañeros.

La mujer hizo hincapie en que no eran mafiosos, delincuentes, ni tampoco sucios y que no iban a permitir que les siguieran llamando así, como pasó en reiteradas ocasiones. "Si al gobierno no le gusta cómo están las calles de Once, que se siente con nosotros y dialogue para que nos podamos organizar", gritó Villanueva. A la vez que recordó los galpones "olvidados" que les entregó el GCBA, luego de los desalojos de 2016 y mostró su negativa a recibir nuevamente algo parecido como solución.

Por lo que se organizaron los trabajadores fue para regularizar su tarea, quieren tener un lugar. "Estamos a disposición, no somos ignorantes, sabemos que la situación en Once no da para más, por eso nos queremos sentar y obtener una solución", remarcó Villanueva. Al tiempo que explicaba la importancia de obtener una ley que les dé un respaldo para poder trabajar tranquilos, sin ser perseguidos.

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