Política | Derrumbe de Parque Patricios
27/03
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La Ciudad como víctima
A tres semanas del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, la investigación judicial y las tensiones vecinales siguen marcando la agenda. El colapso ocurrido el 3 de marzo, que destruyó parte del subsuelo y afectó a decenas de familias, abrió un frente judicial y político que no deja de crecer. En las últimas horas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó intervenir como querellante en la causa, mientras los abogados de los damnificados reclamaron imputaciones contra la constructora COSUD y el Banco Hipotecario, responsables de la obra y de la administración del fideicomiso. Por Mailén González Buenos Aires, 27 de marzo de 2026. La presentación del Ejecutivo porteño, realizada por el procurador general Martín Ocampo, busca que el Estado local sea reconocido como parte afectada. Según fuentes oficiales, el objetivo es resguardar los intereses públicos, ya que el derrumbe obligó a desplegar un operativo de emergencia, cortar servicios, clausurar sectores y garantizar la seguridad de la zona. La participación como querellante le permitirá al Gobierno acceder al expediente, impulsar medidas de prueba y acompañar el proceso judicial, en un intento de dar respuesta a los vecinos que reclaman soluciones urgentes.
En paralelo, los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, representantes de los damnificados, solicitaron que se impute por estrago culposo a las autoridades de COSUD y del Banco Hipotecario. En su planteo, sostuvieron que ya existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de mayor responsabilidad penal, apuntando a fallas estructurales y de control que habrían derivado en el colapso. La fiscal María del Rosario Selvatici, a cargo de la investigación, deberá evaluar si corresponde dar curso a estas imputaciones y profundizar la pesquisa sobre las responsabilidades de quienes participaron en la construcción y administración del complejo.
La crisis se reavivó con un nuevo episodio que volvió a poner en alerta a los vecinos. En la torre A, sector 2, se detectó una ventana doblada que generó alarma y obligó a una evacuación preventiva. El operativo fue coordinado por la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad, que inspeccionó el lugar junto a la constructora. COSUD emitió un comunicado en el que buscó despegarse del hecho, asegurando que el desperfecto “no tiene vinculación alguna con el derrumbe del 3 de marzo” y que corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a la empresa, después de la finalización de la obra.
El episodio refleja el clima de incertidumbre que atraviesan los vecinos, quienes denuncian falta de asistencia y temen por su seguridad. La reiteración de evacuaciones preventivas alimenta la desconfianza hacia la empresa y hacia las autoridades, mientras la causa judicial avanza lentamente. El Gobierno porteño intenta mostrarse activo en la investigación, pero los damnificados reclaman soluciones concretas: viviendas alternativas, compensaciones económicas y garantías de que no volverán a sufrir un colapso similar.
El derrumbe del complejo Estación Buenos Aires expuso fallas graves en la construcción y supervisión de un proyecto que había sido presentado como emblema del programa Procrear. La caída de la losa del subsuelo, que destruyó decenas de autos y obligó a evacuar a cientos de personas, se convirtió en símbolo de la fragilidad de ciertos emprendimientos inmobiliarios y de la falta de controles adecuados. La imputación solicitada contra COSUD y el Banco Hipotecario apunta a establecer responsabilidades penales, pero también abre un debate sobre el rol del Estado en la fiscalización de obras de gran escala. Rol que también cumplió en su momento la Ciudad, cuando habilitó el uso de las viviendas.
Mientras tanto, la vida cotidiana de los vecinos sigue marcada por la incertidumbre. Algunos permanecen en hoteles o viviendas provisorias, otros regresaron a sus departamentos con miedo a nuevas fallas. La imagen de la ventana doblada y la evacuación preventiva volvió a instalar la sensación de que ese sector del complejo no es seguro. La empresa insiste en que se trata de un desperfecto menor y ajeno a su responsabilidad, pero los damnificados desconfían y reclaman garantías.
La causa judicial se encuentra en una etapa clave. La decisión de la fiscal Selvatici sobre las imputaciones solicitadas podría marcar un giro en la investigación y abrir el camino hacia un proceso penal contra los responsables. El Gobierno porteño, al convertirse en querellante, busca tener un rol activo y mostrar compromiso con la seguridad pública. Sin embargo, la presión social y mediática crece, y la crisis del complejo Estación Buenos Aires se ha transformado en un caso testigo sobre la responsabilidad de las constructoras, las entidades financieras y el Estado en la protección de los ciudadanos.
En definitiva, el derrumbe en Parque Patricios no solo dejó daños materiales y familias afectadas, sino que también abrió un debate más amplio sobre la calidad de las obras, la transparencia en los fideicomisos inmobiliarios y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad urbana. Con nuevas evacuaciones y reclamos judiciales en curso, la historia está lejos de cerrarse y promete seguir ocupando un lugar central en la agenda porteña.
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