Que milei cumpla la ley

Cultura | Nueva marcha universitaria

08/05

Que Milei cumpla la ley

La educación superior argentina atraviesa un momento crítico que pone en riesgo no solo la continuidad de las universidades públicas, sino también el futuro desarrollo nacional. La falta de cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia, ha generado un conflicto que se extiende más allá de las aulas y que involucra a docentes, estudiantes, investigadores y hospitales universitarios. La convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, busca visibilizar la gravedad de la situación y exigir la ejecución inmediata de los recursos que la ley establece. Por Mariela Sosa Buenos Aires, 8 de mayo de 2026. El reclamo central es claro: el Poder Ejecutivo debe cumplir con la normativa vigente y garantizar los fondos necesarios para salarios, becas y funcionamiento de las instituciones. La Justicia ya ordenó en dos oportunidades la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, que refieren a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender esos artículos, lo que profundizó la tensión y dejó a las universidades en una situación de incertidumbre. El incumplimiento no solo afecta a la comunidad académica, sino que también compromete la atención de miles de pacientes en hospitales universitarios, como el Instituto de Oncología Ángel Roffo, cuya directora advirtió que la falta de fondos podría paralizar la atención en pocas semanas.

La crisis se agrava porque el presupuesto 2026 para las universidades permanece congelado en los niveles de 2025, lo que implica una caída real frente a la inflación proyectada. En el primer cuatrimestre del año, las transferencias fueron insuficientes y se registró una caída del 69,7% respecto del mismo período de 2025 y del 86,4% en comparación con 2023. Esta subejecución presupuestaria impacta directamente en la capacidad de las universidades para sostener su funcionamiento básico, desde el pago de servicios hasta la compra de insumos para laboratorios y hospitales. La situación se traduce en reducción de cirugías, suspensión de proyectos de investigación y dificultades para garantizar la calidad educativa.

El conflicto también involucra la cuestión salarial. Mientras la ley vigente establece un aumento del 51% para docentes y no docentes, con el objetivo de recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, el proyecto alternativo impulsado por el Ejecutivo ofrece apenas un 12,3% en tres cuotas, muy por debajo de la inflación estimada en 29% para este año. Esta diferencia refleja la distancia entre las necesidades reales del sistema universitario y las prioridades fiscales del Gobierno. Desde 2024, las actualizaciones salariales fueron unilaterales y rechazadas por insuficientes, lo que generó un malestar creciente en la comunidad docente y sindical.

La Marcha Federal Universitaria se convierte así en un símbolo de resistencia y en un llamado a la sociedad para defender la educación pública. El video difundido por las universidades recuerda la movilización del 23 de abril de 2024 y convoca a repetir la experiencia, con un mensaje contundente: “Nadie debería estar por encima de la ley. Esto ya no es una lucha, es un hecho. Es nuestra ley, la ley de todos”. La consigna apunta a subrayar que el reclamo no es sectorial, sino que involucra a toda la ciudadanía, porque el futuro del país depende de la capacidad de formar profesionales, producir conocimiento y garantizar igualdad de oportunidades.

El incumplimiento de la ley por parte del Gobierno nacional pone en riesgo la educación superior argentina y, con ella, el desarrollo económico, social y científico del país. Las universidades públicas son motores de innovación, espacios de formación de profesionales y centros de investigación que aportan soluciones a problemas estructurales. Su debilitamiento implica un retroceso en la capacidad de la Argentina para enfrentar desafíos globales y locales, desde la salud hasta la tecnología. La falta de financiamiento no solo afecta a estudiantes y docentes, sino que compromete la posibilidad de construir un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y en la inclusión.

La movilización del 12 de mayo será un punto de inflexión. La comunidad universitaria busca que la sociedad acompañe el reclamo y que el Gobierno cumpla con la ley que ya fue sancionada y ratificada. El mensaje es claro: sin educación pública, gratuita y de calidad, no hay futuro posible. La defensa de las universidades es, en definitiva, la defensa del derecho a aprender, a investigar y a construir un país más justo y desarrollado. La crisis actual expone la fragilidad de un sistema que depende de decisiones políticas, pero también muestra la fuerza de una comunidad que no está dispuesta a resignar lo que considera un derecho fundamental. La educación superior argentina está en riesgo, y con ella, el futuro de toda la nación.

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