Malestar en la ciudad

Legislativas | Deuda por coparticipación

19/12

Malestar en la ciudad

La derrota parlamentaria del oficialismo al tramitar el proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación, con el rechazo mayoritaria al capítulo 11 de la ley, dejó afuera el pago de la deuda de Nación con la Ciudad por los recursos coparticipables otorgados unilateralmente por Mauricio Macri en su Presidencia. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 19 de diciembre de 2025. La discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 dejó una secuela política que todavía resuena tanto en la Casa Rosada como en la sede del Gobierno porteño. La caída del capítulo 11 en la Cámara de Diputados —un apartado que concentraba algunos de los puntos más sensibles del proyecto— no solo frustró la intención del oficialismo de avanzar con la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino que también arrastró consigo un elemento clave para la administración de Jorge Macri: la inclusión de la deuda que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por fondos de coparticipación federal.

El rechazo del capítulo, que se definió por 123 votos contra 117, dejó al Gobierno nacional con un triunfo incompleto. Aunque logró la aprobación general del Presupuesto, el revés en la votación particular desató malestar en el oficialismo, que considera que el texto pierde utilidad sin ese paquete de reformas. Desde Casa Rosada, según reconstruyen diversas fuentes, la sensación predominante fue de frustración y enojo por lo que interpretan como un bloqueo político que condiciona la estrategia fiscal del Ejecutivo.

Pero el impacto más inmediato se sintió en la Ciudad. La administración porteña esperaba que el Presupuesto incluyera una vía formal para saldar la deuda que Nación mantiene desde el recorte dispuesto en 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo el coeficiente de coparticipación de CABA del 3,7% al 2,3%, invirtiendo el camino recorrido por Mauricio Macri al aumentar unilateralmente los envíos de Nación a la Ciudad. Ese recorte derivó en una disputa judicial que llegó a la Corte Suprema, la cual en 2022 ordenó restituir un porcentaje del 2,95% de manera provisoria mientras se resolvía el fondo del asunto.

Actualmente, la deuda acumulada asciende a unos $350.000 millones, según estimaciones del propio Gobierno porteño. La expectativa de que el Presupuesto 2026 incluyera un mecanismo para garantizar el pago se desvaneció con la caída del capítulo 11, lo que generó un fuerte malestar en la sede de Uspallata.

En despachos del PRO porteño no ocultaron su fastidio. Funcionarios y legisladores coincidieron en que fue un error estratégico del oficialismo nacional haber incluido el tema de la coparticipación dentro de un capítulo que también contenía medidas altamente controvertidas, como la derogación de leyes vinculadas a discapacidad y universidades, que varios gobernadores ya habían anticipado que no acompañarían. Para la Ciudad, la deuda debía tener un tratamiento específico, separado de otras discusiones que inevitablemente tensarían la votación.

La reacción fue inmediata. Voces del Gobierno porteño calificaron la maniobra como “una locura” y recordaron que existe un fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado nacional a cumplir con los pagos. Legisladores del distrito también se sumaron a las críticas, advirtiendo que no permitirán que el cumplimiento de una sentencia judicial sea utilizado como herramienta de presión política. “No nos van a extorsionar”, expresó uno de ellos, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno nacional intente condicionar el pago a negociaciones legislativas.

El escenario ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo porteño no cuenta con representación propia. Las tres bancas correspondientes a la Ciudad están ocupadas por Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, ambos de La Libertad Avanza, y por el peronista Mariano Recalde. La expectativa del PRO es que en la Cámara alta se pueda reintroducir algún mecanismo que garantice el cumplimiento del fallo de la Corte, aunque las chances no parecen claras.

La tensión entre La Libertad Avanza y el PRO no es nueva, pero el episodio volvió a exponer las fisuras entre ambos espacios. Aunque fueron aliados electorales en la Ciudad, la convivencia política ha sido áspera. La Legislatura porteña ya había sido escenario de fricciones cuando los libertarios exigieron modificaciones al Presupuesto local antes de acompañarlo. Además, desde el entorno presidencial insisten en avanzar con una ley Bases local, lo que agrega un nuevo punto de conflicto.

El malestar se profundizó aún más cuando, en paralelo al debate presupuestario, los diputados oficialistas impulsaron una votación para designar a los representantes de la Auditoría General de la Nación. El acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal dejó al PRO fuera del reparto de cargos, lo que generó un nuevo foco de tensión y abrió la puerta a posibles judicializaciones por parte del macrismo.

La génesis del conflicto por la coparticipación se remonta a 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri elevó el porcentaje destinado a la Ciudad del 1,4% al 3,7% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Cuatro años más tarde, Alberto Fernández revirtió parcialmente esa decisión, lo que derivó en la disputa judicial que aún continúa. En 2024, ya bajo la presidencia de Javier Milei, Nación y Ciudad firmaron un acuerdo para establecer un esquema de pagos del 2,95%, con transferencias diarias y semanales, pero la implementación quedó sujeta a negociaciones posteriores que nunca terminaron de consolidarse.

En noviembre pasado, Jorge Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en un entendimiento técnico que permitiera ordenar los pagos. Días después, el jefe de Gobierno fue recibido en Casa Rosada por Diego Santilli y Manuel Adorni, en un gesto que buscaba reforzar el apoyo porteño al Presupuesto. Sin embargo, la caída del capítulo 11 desarmó ese delicado equilibrio político y dejó al descubierto la fragilidad de los acuerdos entre ambas administraciones.

Mientras tanto, el Gobierno nacional evalúa incluso la posibilidad de vetar el Presupuesto si el Senado no restituye los artículos que considera esenciales para su programa fiscal, entre ellos la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, cuya continuidad —según argumentan desde el Ejecutivo— comprometería el equilibrio fiscal proyectado para 2026.

En este contexto, la relación entre Nación y Ciudad atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la gestión Milei. La exclusión de la deuda de coparticipación del Presupuesto no solo complica las finanzas porteñas, sino que también reaviva un conflicto político y judicial que lleva casi una década sin resolución definitiva. La discusión ahora queda en manos del Senado, pero el desenlace es incierto y las tensiones entre los socios circunstanciales del oficialismo prometen seguir escalando.

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