Cromañón una herida abierta

Legislativas | Comenzaron a pagar los subsidios

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Cromañón, una herida abierta

La tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, marcó un antes y un después en la vida social y política de la Argentina. El incendio en el boliche República Cromañón dejó 194 muertos y más de 1400 heridos, y sus consecuencias se extendieron mucho más allá de lo inmediato: derivaron en la destitución del entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y abrieron el camino para la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno en 2007. La lucha por la reparación integral de las víctimas cumplió un nuevo hito al comenzar el pago de los subsidios mensuales establecidos por ley. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 12 de diciembre de 2025. La noche de la tragedia, el grupo de rock Callejeros se presentaba en el local República Cromañón, ubicado en el barrio de Once. Una bengala encendida por el público alcanzó la media sombra del techo, generando un incendio que rápidamente se propagó en un espacio cerrado y con graves deficiencias de seguridad. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, el lugar estaba sobrevendido y las condiciones edilicias eran precarias. El resultado fue la mayor tragedia no natural de la historia argentina, con 194 jóvenes fallecidos y más de 1400 heridos. La responsabilidad recayó sobre Omar Chabán, dueño del local, funcionarios públicos que habían permitido su funcionamiento y los propios integrantes de Callejeros, condenados por su negligencia.

El impacto social fue inmediato y profundo. La sociedad argentina se enfrentó a la evidencia de un Estado ausente en el control de la seguridad y a la corrupción que permitía que locales en condiciones deplorables funcionaran sin restricciones. Las familias y sobrevivientes iniciaron una lucha que se extendió por más de dos décadas, reclamando justicia, memoria y reparación. Esa lucha se tradujo en la sanción de la Ley 4786 en 2013, que estableció subsidios mensuales, asistencia médica gratuita de por vida, programas de inserción laboral y apoyo educativo para los sobrevivientes y familiares de las víctimas. La norma fue actualizada en 2018, 2021 y finalmente en 2024, con la Ley 6768, reglamentada en mayo de 2025.

El reciente reconocimiento de los sobrevivientes como beneficiarios plenos de la Ley, aunque limitado, representa un avance en una pelea que lleva más de veinte años. Organizaciones como Movimiento Cromañón, No Nos Cuenten Cromañón y Plaza de la Memoria remarcan que aún quedan muchos jóvenes fuera del padrón por no haber iniciado procesos judiciales, lo que evidencia las trabas impuestas por el Gobierno de la Ciudad. Legisladores como Andrea D’Atri señalaron que la legislatura porteña buscó sistemáticamente limitar el alcance de los reclamos, mientras que los sobrevivientes y familiares se convirtieron en un ejemplo de resistencia y lucha colectiva.

Pero Cromañón no solo fue una tragedia social: también fue un punto de inflexión político. El juicio político y posterior destitución de Aníbal Ibarra en 2006 abrió un vacío de poder en la Ciudad de Buenos Aires. Ese escenario fue capitalizado por Mauricio Macri, quien se presentó como un emergente político ajeno a la política tradicional y con un discurso de cambio. El descontento social y la crisis de legitimidad del gobierno porteño tras Cromañón fueron factores decisivos para que Macri alcanzara la jefatura de Gobierno en 2007. En otras palabras, la tragedia funcionó como catalizador de un reordenamiento político que permitió el ascenso de una nueva figura en la escena nacional.

El “efecto Cromañón” se tradujo en clausuras masivas de locales bailables y espacios culturales, en condenas judiciales a empresarios y funcionarios, y en un cambio en los hábitos de consumo cultural de los jóvenes. Pero también dejó una huella en la política argentina: mostró cómo una catástrofe podía desestabilizar gobiernos y abrir oportunidades para nuevos liderazgos. Macri supo leer ese clima de época y construir su carrera política sobre la idea de renovación frente a una dirigencia cuestionada.

Hoy, a más de veinte años de la tragedia, el recuerdo de Cromañón sigue vivo en la memoria colectiva. Las organizaciones de sobrevivientes insisten en que la reparación aún es incompleta y que el reconocimiento debe ser universal. La sanción y reglamentación de la Ley 6768 es un paso, pero no el final de un camino que exige justicia plena. Cromañón no fue solo un incendio: fue el reflejo de un sistema corrupto y negligente, y el inicio de una transformación política que cambió la historia de la Ciudad de Buenos Aires y del país.

En definitiva, la tragedia de Cromañón es un recordatorio de cómo el dolor social puede convertirse en motor de lucha y también en instrumento político. La memoria de los 194 jóvenes fallecidos y de los miles de sobrevivientes obliga a mantener viva la exigencia de justicia y a comprender cómo aquel hecho trágico reconfiguró el mapa político argentino, abriendo la puerta al ascenso de Mauricio Macri y dejando una marca indeleble en la historia contemporánea del país.

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