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Presentan proyecto de ley

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires recibió la presentación de un proyecto de ley que busca avanzar en la integración socio-urbana del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex villa 1-11-14, uno de los conglomerados populares más grandes y densamente poblados de la capital. La iniciativa, elaborada a partir de un proceso de trabajo conjunto entre vecinos, organizaciones barriales, instituciones comunitarias y la parroquia Madre del Pueblo, fue formalizada por su párroco, Martín Durán Christian, y tomada como propia por la legisladora y arquitecta Bárbara Rossen, quien la impulsó en el recinto acompañada por la diputada Berenice Iañez. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 17 de julio de 2026. El proyecto apunta a mejorar de manera integral las condiciones de vida de las más de 12 mil familias que, según el censo porteño de 2018, habitan las aproximadamente 4 mil viviendas del barrio, aunque las cifras actuales —según advierte la parroquia— serían aún mayores. La zona, delimitada por las avenidas Varela, Bonorino, Riestra, Fernández de la Cruz y Perito Moreno, además de diversas calles internas, constituye un territorio complejo, con fuerte presencia comunitaria y una larga historia de organización social. Su nombre homenajea al padre Rodolfo Ricciardelli, sacerdote que desde 1968 misionó en el barrio y que, junto a Monseñor Jorge Vernazza, impulsó la creación de la cooperativa de viviendas Madre del Pueblo, con la que acompañaron la construcción de barrios populares en el conurbano y promovieron el acceso a la vivienda digna para cientos de familias.

La fecha de presentación del proyecto no fue casual: el 13 de julio se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Ricciardelli, cuyo compromiso pastoral y social marcó profundamente la identidad del barrio. En 2010, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, presidió la misa exequial y acompañó el traslado del féretro, que luego fue depositado en el templo donde el sacerdote desarrolló su labor comunitaria. Para Durán Christian, la urbanización es “una deuda histórica” y el proyecto recoge sugerencias y modificaciones surgidas de reuniones con los vecinos, con el objetivo de que cada aspecto de la iniciativa responda a necesidades reales y consensuadas.

La propuesta legislativa prevé un plan integral de integración socio-urbana que incluye la construcción de viviendas nuevas, el mejoramiento de las existentes y el fortalecimiento de la infraestructura básica: agua potable, energía eléctrica, cloacas y desagües pluviales. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será el organismo encargado de llevar adelante el diagnóstico, el diseño y la ejecución de las obras. Para garantizar la participación comunitaria, se conformarán dos instancias permanentes: una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa, que funcionarán en el barrio y deberán intervenir en cada decisión urbanística y en la planificación de las obras.

Rossen destacó que “construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional”, y que las soluciones habitacionales deben ser sostenibles e inclusivas. La legisladora recordó que impulsó proyectos similares en otros barrios porteños, vinculados a reformas del código urbanístico, incorporación de espacios públicos y protección patrimonial, y que en el caso del Bajo Flores la propuesta contempla también líneas de crédito para que las familias puedan acceder a su vivienda definitiva. Las soluciones previstas incluyen viviendas nuevas dentro del barrio, créditos de compra computando el valor de la vivienda actual como aporte, mejoramientos habitacionales y permutas entre titulares de derecho. La normativa excluye expresamente la locación y las transferencias monetarias como alternativas válidas, salvo en el caso de los créditos de compra.

El proyecto incorpora un esquema de regularización dominial que busca facilitar el acceso a la primera escritura y prevé tarifas sociales con reducciones graduales y plazos de gracia para amortiguar el impacto económico en los hogares. Además, establece que las obras deberán planificarse con un horizonte de veinte años, contemplando estudios demográficos y proyecciones poblacionales, y prohíbe los desalojos forzosos. Cualquier relocalización deberá ser adecuada, consensuada y respetuosa de la vida comunitaria. Para promover el empleo local, fija un cupo mínimo del 30 por ciento de trabajadores y trabajadoras residentes del barrio en todas las obras que se emprendan.

La iniciativa incorpora también criterios ambientales: todas las obras del Proyecto Integral de Reurbanización deberán contar con Certificado de Aptitud Ambiental conforme a la Ley 123. Asimismo, proyecta la futura vinculación del barrio con la estación fluvial del Riachuelo a través de las avenidas Bonorino y Varela, como parte de una estrategia de integración urbana y turística que dependerá de la mejora de las condiciones ambientales del curso de agua. El IVC deberá remitir un informe anual a la Legislatura sobre el avance del proceso y presentar rendiciones de cuentas trimestrales ante la Mesa de Gestión Participativa.

Para determinar quiénes serán los beneficiarios del proceso, la autoridad de aplicación deberá cruzar la información del censo de 2018 con el Registro de Inquilinos No Censados y datos provenientes de escuelas, centros de salud, programas sociales y otras bases públicas que acrediten residencia efectiva en el barrio. El IVC tendrá derecho de preferencia en caso de que alguna familia decida vender la vivienda adjudicada, y las unidades adquiridas deberán destinarse a hogares registrados del barrio.

Durante la presentación, Iañez sostuvo que “mientras Macri y Milei compiten para ver quién es más cruel con los sectores populares, nosotros estamos donde siempre: en los barrios, junto a los vecinos, construyendo una Ciudad para todos”. Rossen, por su parte, cuestionó la falta de políticas de vivienda del Gobierno porteño y reclamó una estrategia clara para atender la situación de los inquilinos y garantizar el acceso a soluciones habitacionales dignas. El proyecto ahora deberá ser tratado en comisiones y debatido en el recinto, en un contexto donde la urbanización de los barrios populares continúa siendo uno de los desafíos estructurales más importantes de la Ciudad.

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