Legislativas | Alivio para hogares endeudados
19/06
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Programa de rescate aprobado
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa que busca dar respuesta al creciente endeudamiento de los hogares porteños en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. La medida fue votada en la sesión ordinaria con 42 votos positivos y 8 abstenciones, y apunta a ofrecer una salida a quienes se ven obligados a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y servicios. Por Mateo Salvo Buenos Aires, 19 de junio de 2026. El programa tiene como objetivo central permitir que personas en situación de vulnerabilidad financiera puedan refinanciar deudas de alto costo, principalmente tarjetas de crédito y préstamos personales, en condiciones más accesibles. La norma contempla incentivos fiscales para que bancos y entidades no bancarias se sumen a la iniciativa, con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un rol protagónico en la implementación.
Los beneficiarios serán personas humanas con deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras, siempre que se encuentren en situación de mora de entre 60 y 180 días según la Central de Deudores del Banco Central. Además, deberán cumplir con criterios de elegibilidad como ingresos familiares inferiores a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y una carga mensual de deuda superior al 30% de los ingresos del hogar. Otro requisito es acreditar residencia en la Ciudad con al menos dos años de antigüedad, lo que busca garantizar que el beneficio llegue a vecinos con arraigo comprobado.
El programa abarca tanto a empleados en relación de dependencia como a monotributistas y jubilados. Para trabajadores informales, se prevé una línea específica a través de Ciudad Microempresas S.A.U., con el fin de ampliar la cobertura a sectores que suelen quedar fuera de los sistemas tradicionales de crédito.
Los préstamos otorgados bajo este esquema tendrán condiciones más favorables que las del mercado. La tasa nominal anual fija no podrá superar el 35%, un techo pensado para aliviar la carga financiera de los hogares. El plazo mínimo de devolución será de 24 meses, aunque las entidades podrán ofrecer condiciones más beneficiosas siempre que sean aprobadas por la autoridad de aplicación. El destino de estos créditos será exclusivamente la cancelación o refinanciación de deudas existentes con entidades reguladas por el Banco Central, lo que significa que no podrán utilizarse para otros fines. La idea es reemplazar compromisos caros por financiamiento más manejable, evitando que se genere nuevo endeudamiento.
La norma también establece una serie de exclusiones para focalizar el beneficio en quienes realmente lo necesitan. Quedan fuera las personas que sean titulares de más de un inmueble, quienes tengan vehículos de menos de cinco años de antigüedad salvo que acrediten uso laboral, y quienes posean embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios. También se excluye a quienes tengan activos financieros superiores al monto de la deuda y a quienes hayan realizado compra de divisas durante el período en que generaron los compromisos que buscan refinanciar.
La implementación estará a cargo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, aunque otras entidades financieras podrán adherirse voluntariamente. Como incentivo, las entidades que participen accederán a una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses generados por estos créditos. El programa tendrá una vigencia inicial de 60 días corridos para la solicitud de créditos desde su puesta en marcha, y el Poder Ejecutivo porteño contará con 30 días para reglamentarlo.
La iniciativa contempla además campañas de difusión institucional para que los potenciales beneficiarios conozcan el programa y se garantizarán mecanismos de inscripción tanto presenciales como digitales. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo y tendrá la tarea de aprobar las condiciones específicas que ofrezca cada entidad y supervisar el cumplimiento de los requisitos.
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