Legislativas | Nueva regulación
03/07
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VTV reformada
La Legislatura porteña aprobó una reforma integral del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que redefine el esquema vigente en la Ciudad de Buenos Aires y abre una etapa orientada a la modernización, la ampliación de prestadores y el fortalecimiento de los controles. La iniciativa, trabajada durante meses en la Comisión de Tránsito y Transporte, introduce cambios sustanciales en materia de plazos, auditorías, digitalización y tarifas, y busca responder a una demanda sostenida de los usuarios: un servicio más accesible, más eficiente y con mayores garantías de calidad. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 3 de julio de 2026. El proyecto, impulsado por el oficialismo y acompañado por distintos bloques tras sucesivas modificaciones, plantea una transformación profunda del modelo que rigió durante años con un número acotado de talleres habilitados. A partir de la nueva normativa, el sistema se abrirá a más establecimientos que podrán realizar las verificaciones técnicas, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y operativos fijados por el Gobierno de la Ciudad. La ampliación de la oferta apunta a generar mayor competencia, reducir tiempos de espera y facilitar el acceso al servicio en distintos puntos del territorio porteño.
Francisco Loupias, legislador de la Unión Cívica Radical y presidente de la comisión que condujo el debate, destacó que la reforma “representa un paso decisivo hacia una VTV más moderna, con más opciones para los vecinos y con controles rigurosos que garanticen la seguridad vial”. Según explicó, la apertura del sistema fue acompañada por un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización para evitar que la mayor cantidad de prestadores derive en una pérdida de calidad o en prácticas irregulares.
En ese sentido, la ley establece la creación de un Registro Único de Talleres habilitados y obliga al Gobierno porteño a realizar controles permanentes sobre cada establecimiento. Además, incorpora la posibilidad de celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar adelante auditorías externas e independientes, una herramienta que busca garantizar transparencia y homogeneidad en los estándares de verificación. Las auditorías, según se consensuó durante el tratamiento legislativo, serán un componente clave para asegurar que la expansión del sistema no afecte la confiabilidad de las inspecciones.
Otro de los ejes de la reforma es la modernización del proceso de verificación mediante la digitalización de trámites y documentación. El objetivo es simplificar la experiencia de los usuarios y reducir tiempos administrativos. Sin embargo, y a partir de planteos realizados por distintos bloques, se incorporó la posibilidad de solicitar la documentación en formato papel, una medida pensada para adultos mayores, personas con dificultades de acceso digital o situaciones en las que la conectividad sea limitada. Loupias subrayó que “modernizar no significa dejar a nadie atrás” y que la tecnología debe ser una herramienta que facilite la vida cotidiana sin excluir a quienes aún necesitan soportes físicos.
La ley también modifica los plazos de realización de la VTV. Para los vehículos particulares, la primera verificación se realizará a los cinco años de antigüedad, en lugar de los cuatro actuales. Además, la vigencia del certificado se extenderá a dos años hasta que el vehículo cumpla diez años, cuando hoy ese período se reduce a partir de los ocho. En el caso de taxis y otros vehículos de uso profesional, se actualizaron los esquemas de verificación según las características de cada actividad, con el objetivo de adecuar la normativa a criterios más modernos y evitar cargas innecesarias para los propietarios.
Uno de los cambios más significativos es la liberalización del precio del servicio. Las tarifas dejarán de estar reguladas por el Estado y pasarán a ser libres, lo que permitirá que cada taller fije su valor según costos, ubicación y demanda. El Gobierno porteño argumentó que este esquema favorecerá la competencia y permitirá que los usuarios elijan entre distintas opciones, aunque algunos legisladores plantearon la necesidad de monitorear la evolución de los precios para evitar distorsiones o abusos.
Las exenciones de pago se mantendrán para jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y que posean vehículos de bajo valor fiscal. También seguirán exentas las personas con discapacidad, independientemente de si el vehículo tiene adaptaciones especiales. En caso de que el beneficiario sea titular de más de un automóvil, la exención se aplicará únicamente sobre uno de ellos.
Durante el debate, la Comisión de Tránsito y Transporte incorporó numerosas modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. Según Loupias, el texto final “es más equilibrado, con mayores controles, auditorías externas, herramientas de transparencia y mecanismos de inclusión”. El legislador destacó además la coordinación con el Ejecutivo porteño para avanzar en una reglamentación rápida que permita implementar los cambios en el corto plazo. “Los vecinos necesitan soluciones concretas y un Estado que actúe con rapidez y responsabilidad”, afirmó.
La reforma aprobada representa uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia de verificación vehicular en la Ciudad de Buenos Aires. Con un sistema más abierto, digitalizado y sometido a mayores controles, la ciudad busca mejorar la calidad del servicio, reducir tiempos y fortalecer la seguridad vial, al tiempo que promueve un modelo de gestión más transparente y adaptado a las necesidades actuales de los usuarios.
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