Legislativas | Aumento de patentes

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley para que el Impuesto a la Patente Vehicular no aumente por encima de la inflación registrada en 2025, que cerró en 31,5%. La iniciativa busca poner un límite a las subas que, según denuncias de contribuyentes, llegaron a superar el 100% en algunos casos. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 6 de febrero de 2026. El anuncio se realizó el 29 de enero de 2026 en medio de una fuerte polémica por la primera emisión de boletas de patentes, que reflejaban incrementos muy superiores a lo esperado. El Gobierno porteño aclaró que el impuesto en sí no había recibido un aumento, sino que las variaciones respondían a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Sin embargo, ante el malestar generado, se decidió avanzar con un proyecto que garantice que ningún contribuyente pague más de lo que indica la inflación del año anterior.  

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que se prorrogarán los vencimientos actualmente previstos para dar tiempo a que la Legislatura trate la iniciativa y se establezca el nuevo esquema. El proyecto establece que tanto el cálculo del tributo como las alícuotas aprobadas previamente se mantendrán, pero ahora con un tope que impida que la variación supere el Índice de Precios al Consumidor. De esta manera, el aumento máximo será del 31,5%, cifra que corresponde a la inflación anual de 2025, la más baja de los últimos ocho años.  

El jefe de Gobierno Jorge Macri defendió la medida como una respuesta concreta a las inquietudes de los vecinos. Según explicó, el objetivo es dar previsibilidad y evitar que las actualizaciones de valuaciones fiscales generen saltos abruptos en el impuesto. La iniciativa también contempla bonificaciones y saldos a favor para quienes ya hayan abonado las primeras cuotas con valores superiores, de modo que no se vean perjudicados por la demora en la aprobación legislativa.  

El debate sobre las patentes vehiculares no es nuevo en la Ciudad. Cada año, la actualización de las valuaciones de los automotores genera tensiones entre el Gobierno y los contribuyentes, especialmente en un contexto de inflación elevada y dificultades económicas. En esta ocasión, el malestar se intensificó porque algunos usuarios reportaron subas cercanas al 100%, lo que motivó reclamos en redes sociales y en asociaciones de defensa del consumidor.  

La medida se inscribe en un escenario económico en el que la inflación, aunque más baja que en años anteriores, sigue siendo un factor determinante en la vida cotidiana. El 31,5% registrado en 2025 representó un alivio en comparación con períodos previos, pero aún implica un desafío para los ingresos de las familias. En ese marco, el Gobierno porteño busca mostrar sensibilidad frente a las demandas ciudadanas y evitar que el impuesto a las patentes se convierta en una carga excesiva.  

El proyecto enviado a la Legislatura será discutido en las próximas semanas y se espera que cuente con apoyo mayoritario, dado que la medida apunta a contener el impacto sobre los contribuyentes. No obstante, algunos sectores advierten que el problema de fondo sigue siendo la metodología de actualización de las valuaciones de los vehículos, que depende de ACARA y puede generar distorsiones en función de la dinámica del mercado automotor.  

En paralelo, la AGIP recordó que el esquema de cálculo del tributo y las alícuotas correspondientes ya habían sido aprobadas por la Legislatura en años anteriores, por lo que la modificación actual no implica un cambio estructural, sino la incorporación de un límite. La intención es que el impuesto acompañe la inflación pero no la supere, garantizando así un criterio de razonabilidad en su aplicación.  

La discusión sobre las patentes también refleja la tensión entre la necesidad de recaudar para sostener los servicios públicos y la obligación de no sobrecargar a los contribuyentes. En un contexto de ajustes y reformas económicas, el Gobierno porteño busca equilibrar ambos objetivos y dar señales de previsibilidad. La iniciativa de limitar los aumentos a la inflación se presenta como un paso en esa dirección, aunque el debate sobre la justicia del sistema impositivo continuará abierto.  

En conclusión, el proyecto para que las patentes no aumenten por encima de la inflación de 2025 constituye una respuesta política y técnica a un reclamo ciudadano que ganó fuerza en los últimos días. Con un tope del 31,5%, se busca evitar que los contribuyentes enfrenten subas desmedidas y garantizar que el impuesto se mantenga dentro de parámetros razonables. La Legislatura tendrá ahora la responsabilidad de aprobar la iniciativa y dar certidumbre a miles de vecinos que esperan una solución concreta a un problema que afecta directamente a su economía cotidiana.


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