Buenos Aires, 31 de mayo de 2019. En un año en el que el debate electoral ocupa todo el escenario de la actividad política, la Legislatura volvió a sesionar, pero con un temario de asuntos de poco volúmen. Lo más destacado, fue resaltar un acontecimiento diplomático de interés para el país, por el diferendo que se mantiene con Gran Bretaña por su ocupación ilegal de las Islas Malvinas. El 22 de mayo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución en la insta a las autoridades británicas a retirar su "administración colonial" del Archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, un caso asimilable a Malvinas.

Por ello la Legislatura porteña manifestó "su beneplácito" por la Resolución de la Asamblea General de la ONU, con fecha 22 de Mayo del corriente, mediante la cual demanda al Reino Unido para que retire su "administración colonial" del Archipiélago de Chagos en el Océano Indico en un plazo de seis meses y devuelva ese territorio a la República de Mauricio".

El proyecto de declaración impulsado por los diputados Javier Andrade, María Conde y Lorena Pokoik (UC) expresa en los fundamentos que "consideramos pertinente que ésta Legislatura manifieste su beneplácito a la Resolución de la ONU, en cuanto reconoce los derechos de los changosianos y marca un precedente importantísimo, ya que dicho caso encuentra un paralelismo con la ocupación británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Tal es así que la Corte determinó expresamente que es la Asamblea General la que monitorea los procesos de consulta popular en casos de descolonización, lo que echa por tierra la pretendida validez del referendo celebrado en las Islas Malvinas en el 2013."

Las Islas Chagos son un archipiélago de más de 50 islas en el océano Índico, que la república también insular de Mauricio reclama como parte de su territorio. La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, en una votación que la BBC califica de "abrumadora", que exige que Reino Unido devuelva el control del archipiélago a Mauricio en un plazo de 6 meses. Un total de 116 estados votaron a favor de la resolución, seis votaron en contra y 56 se abstuvieron, entre ellos Francia y Alemania.

Reino Unido, que opera una instalación de defensa allí junto con EE.UU., y que presionó intensamente a los miembros de la ONU para que se abstuvieran o votaran en contra de la resolución, rechazó el resultado. El gobierno británico considera de que la soberanía de las islas es "un asunto bilateral a ser resuelto entre Reino Unido y Mauricio". El origen de la disputa está en 1965, tres años antes de que Reino Unido concediera la independencia a Mauricio. Fue entonces que el gobierno británico decidió separar de su colonia en el océano Índico a las Islas Chagos y darles un destino diferente.

Los más de 1.500 habitantes locales fueron deportados del archipiélago para que la mayor de las islas, Diego Garcia, pudiera ser arrendada hasta 2036 a Estados Unidos para una base militar. Diego García fue uno de los sitios usados por Washington en el controvertido programa de la CIA de vuelos secretos y transporte clandestino de prisioneros conocido en inglés como "rendition".

El escándalo de estos vuelos estalló en 2006, cuando se supo que EE.UU. mantuvo prisiones secretas en el extranjero y trasladó ilegalmente a sospechosos de "terrorismo" a centros en terceros países conocidos por usar métodos de tortura. El uso de Diego García en el programa de vuelos secretos de la CIA puede haber contribuido a restar simpatía a la posición británica, según analistas. La base de Diego García ha sido usada por EE.UU. en operaciones militares en Irak y Afganistán.

Reino Unido jamás ha permitido el regreso a sus hogares de los chagosianos, como se conoce a los habitantes originarios de las islas. Los chagosianos viven ahora fundamentalmente en Mauricio, donde junto a sus descendientes conforman una comunidad de cerca de 5.000 personas.

 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó ayer una ley que modifica la normativa sobre el otorgamiento de Libreta Sanitaria a los trabajadores que tienen la obligación de obtenerla antes de ejercer su oficio o profesión y en base a diversos exámenes médicos y psicofísicos. Uno de los principales cambios es que el conforme de la autoridad médica antes tenía una validez de 12 meses y debía ser renovado anualmente. En adelante, esa certificación  durará 24 meses, excepto que el profesional firmante prescriba realizar realizar exámenes con mayor frecuencia.

Por otra parte, se eliminan de la norma original (Ley CABA 2183) ciertos requisitos referidos a la jurisdicción sanitaria de la Ciudad donde debía atenderse cada trabajador y se derogó un artículo que enumeraba cuáles eran los estudios médicos que debían efectuarse; en su reemplazo, se legisló que será la autoridad de aplicación la que determinará el protocolo médico a seguir por vía de reglamentación del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud.

Estos cambios fueron discutidos en la Comisión de Salud del parlamento porteño, que emitió despacho en base a proyectos de los legisladores José Luis Acevedo (presidente), Claudio Cingolani, Diego García Vilas, Paola Michielotto y Claudio Romero (VJ).

La actualización legal también obliga al trabajador a "fijar domicilio en la Ciudad de Buenos Aires". Al respecto, la diputada Laura Marrone (IS) protestó que ese requisito perjudica a los obreros y empleados que trabajan en la Capital pero viven en los suburbios de la Provincia de Buenos Aires. Acevedo, como miembro informante, aseguró -en respuesta a la legisladora- que el domicilio laboral es igualmente válido para realizar el trámite.

Los exámenes médicos se pueden hacer en los hospitales públicos, en establecimientos privados o en las obras sociales; en los dos últimos casos la patronal deberá hacerse cargo de los costos. Pero luego, la gestión de otorgamiento de la libreta culmina en el sector público. Se estableció, además, la sistematización de un registro para prevenir la falsificación de libretas.

La Libreta Sanitaria laboral es un documento oficial emitido por la autoridad sanitaria a través de los hospitales habilitados por reglamentación al efecto, que regula y acredita la autorización para el desempeño de determinadas actividades laborales. Su razón de ser original es la prevención de enfermedades infectocontagiosas en el ámbito del trabajo o por la manipulación de productos alimenticios.

La ley local 2183, del año 2006, establece su obligatoriedad para las actividades de alimentación, transporte, servicios sociales, servicio doméstico, peluquería y afines, natatorios, hotelería y actividades vinculadas con la realización de tatuajes, perforaciones, micro pigmentación o similares.

Quedó taxativamente normado que "los estudios, análisis e inmunizaciones que se indiquen por vía de reglamentación podrán realizarse en establecimientos dependientes de los tres subsectores de salud (...), suscriptos por profesionales matriculados, y deben ser presentados ante la División o Unidad de Promoción y Protección de los establecimientos públicos que expidan Libretas Sanitarias. Dichos estudios serán válidos dentro de los treinta (30) días corridos de haberse realizado. En los casos que los estudios, análisis e inmunizaciones sean realizados en los subsectores de la seguridad social y privados, los empleadores deben afrontar el gasto que ocasionen los mismos."

Por otra parte, "Las personas con calificación de No Aprobado para la actividad para la que solicitan su libreta, son orientados para su adecuada rehabilitación y readaptación, reteniéndose definitivamente las libretas respectivas."

 

El Servicio de Transporte Público en Bicicleta que funciona en la Ciudad de Buenos Aires incorporará, como requisito obligatorio para sus usuarios, una capacitación a través de un instructivo referido a las principales normas de circulación segura en esos tipos de rodados. Así lo dispuso una ley que aprobó hoy la Legislatura y que introduce una modificación al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo inciso que se agrega a las normas de tránsito concretamente establece: "Recibir un instructivo sobre educación vial". En el proyecto presentado se aclara que la forma en que se implementará dicha capacitación surgirá con la reglamentación de la ley, aprobada con 56 votos afirmativos y 2 abstenciones (AyL).

"El objetivo de este nuevo requerimiento es contribuir con el conocimiento y el respeto de las normas de tránsito y con la prevención de incidentes viales. Ello es un paso fundamental para proteger la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo", explican los fundamentos del proyecto, que tuvo dictamen de la Comisión de Tránsito y Transporte.

Además, la iniciativa presentada por el diputado Diego García Vilas (VJ) sostiene que "los actores más vulnerables del tránsito son los motociclistas, peatones y ciclistas".

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