Política | Cartoneros en huelga de hambre
29/08
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Reclaman sus viáticos
El detonante fue un correo electrónico enviado por el Gobierno porteño el viernes 1° de agosto, en el que se informaba que, a partir del lunes siguiente, el servicio de transporte para los recuperadores urbanos quedaba suspendido. La medida, tomada sin consulta previa ni diálogo con las cooperativas, implica que miles de trabajadores deberán costear por su cuenta el traslado diario, lo que representa hasta un 20% de su ingreso mensual, estimado en $390.960.
El ministro Ignacio Baistrocchi, responsable de la cartera de Espacio Público, no ha emitido declaraciones públicas ni recibido a los manifestantes. “Nos encadenamos a la indiferencia de un gobierno que se niega a dar la cara. Es una medida extrema ante un silencio extremo”, denunció Sergio Sánchez, presidente de la FACCyR y referente histórico del sector.
Un sistema construido desde abajo
El sistema de reciclado con inclusión social de la Ciudad de Buenos Aires es el resultado de más de dos décadas de lucha y organización. Integrado por más de 6.000 recuperadores urbanos agrupados en 12 cooperativas, este modelo se basa en la cogestión entre el Estado y las organizaciones populares. La Ciudad asumió desde 2007 la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas para que los trabajadores pudieran realizar su tarea: bolsones, precintos, camiones y, fundamentalmente, transporte.
Tras el cierre del “tren blanco” —también conocido como Tren Cartonero—, el Gobierno porteño reconoció que debía contemplar un sistema de traslado digno. En mayo de 2025, el propio Ministerio de Espacio Público calificó el transporte como de “naturaleza esencial”. Sin embargo, tres meses después, la misma gestión decidió eliminarlo, en una contradicción que los cartoneros denuncian como “arbitraria, ilegal e inhumana”.
Ante la falta de respuesta política, la FACCyR presentó una acción de amparo en la Justicia, argumentando que el recorte viola la Constitución Nacional y las leyes porteñas 992 y 1854, que regulan el sistema de Basura Cero. El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen favorable, reconociendo la validez del reclamo y solicitando una medida cautelar urgente para restituir el servicio.
Este respaldo judicial refuerza la legitimidad del reclamo y pone en evidencia la fragilidad institucional de una decisión que afecta directamente el sustento de miles de familias. “No pedimos privilegios, pedimos que no destruyan una política pública que funciona desde hace casi 20 años y que garantiza el pan de miles de hogares”, expresó Sánchez.
Valor ecológico y crisis ambiental
Más allá del impacto social, el recorte pone en riesgo un sistema de reciclado que ha sido reconocido internacionalmente por su eficiencia y su enfoque inclusivo. Los cartoneros recuperan materiales que, de otro modo, terminarían en rellenos sanitarios o contaminando el ambiente. “Todo lo que los compañeros no juntan se entierra o va a parar en un basurero. Ese material que nosotros recuperamos vuelve a la industria”, explicó Mariano Boccazzi, de la cooperativa Reciclando Vida.
La apertura de importaciones y la caída del consumo han provocado una baja drástica en el precio del material reciclable, afectando aún más el ingreso de los trabajadores. Sin una industria que demande esos insumos, el circuito se rompe. “La decisión del gobierno porteño rompe un eslabón clave del sistema. No hay reciclado sin cartoneros”, advierten desde la FACCyR.
¿Privilegios o derechos?
El Gobierno de la Ciudad justificó el recorte como parte de una “reorganización del sistema de reciclado urbano” y argumentó que se trataba de “privilegios que beneficiaban a un grupo reducido de cooperativas vinculadas a Juan Grabois”. Sin embargo, los trabajadores rechazan esta narrativa. “Somos esenciales cuando hay pandemia, pero descartables cuando hay ajuste”, ironizó uno de los manifestantes.
La medida, lejos de mejorar el sistema, amenaza con desarticularlo. La Ciudad enfrenta una crisis de higiene urbana, con Centros Verdes deteriorados y rutas de recolección colapsadas. Sin recuperadores, la basura se acumula y el reciclado se detiene. “Mientras la Ciudad se ensucia, el gobierno destruye un sistema que funciona”, denuncian desde la federación.
El acampe y la huelga de hambre frente al Ministerio de Espacio Público no son solo una protesta: son una interpelación ética a la gestión pública. Los cartoneros ponen el cuerpo —literalmente— para defender un derecho conquistado con años de trabajo, organización y compromiso ambiental. En un país donde la pobreza y la exclusión se profundizan, la decisión de recortar el transporte de quienes reciclan no es solo una medida administrativa: es una política que define prioridades.
La dignidad no se negocia, repiten los manifestantes. Y mientras el ministro Baistrocchi guarda silencio, la Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿qué valor le da a quienes sostienen, desde abajo, un sistema que beneficia a todos?
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