Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022. Es indudable que atravesamos un apogeo de la construcción en la ciudad, promovida por el interés de asegurar una reserva de valor y debido a su capacidad de convertir pesos en dólares en nuestro especial bimonetarismo impuesto por los sectores del privilegio. Una consecuencia inevitable de la proliferación de edificios nuevos, de escaso valor arquitectónico, es el especial empeño destructivo al que se lanzan propietarios y constructores en el afán de multiplicar los dividendos inmediatos aun a costa del patroimonio comunitario y gracias a lo que el diario español llama "un proceso de conservación ambiguo", por no decir que inexistente. El resultado no podía ser peor. "La identidad edilicia de los barrios detrás de la ‘París de Sudamérica’", se encuentra amenzada según los autores de la nota que citamos.

Publicada en la edición del lunes pasado, la nota del colega José Pablo Criales refiere que a nuestra ciudad "se la sigue llamando la París de Sudamérica por la ambición europeizante de su primer centenario, cuando el esplendor de principios del Siglo XX levantó palacios, avenidas amplias y edificios públicos monumentales. Pero su espíritu está aquí, donde los albores del siglo generaron algo más. La Buenos Aires de los migrantes, que en 1910 representaban a dos de cada tres habitantes, levantó barrios de casonas bajas. Construcciones de uno o dos pisos, un balcón abierto, ventanales a las calles estrechas y arboladas y decorados de yeso en el frente." Muchas de esas viviendas son ahora puestas en venta para derrumbarlas y dar su lugar a torres cada vez más altas, sin ningún diseño y extremando el cálculo avaro de los metros cuadrados útiles para la comercialización.

La nota abruma con un dato. "Solo entre 2011 y 2019, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó 7,5 millones de metros cuadrados de construcción en el área metropolitana. El 98% se destinó a edificios de varias viviendas y más de la mitad se concentra en solo tres de los 15 distritos que dividen la ciudad, según el Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial. El registro histórico de construcciones aprobadas por la ciudad cuenta 66.000 obras registradas solo entre agosto de 2018 y febrero de 2020. Casi la mitad, unas 24.000, involucran demoliciones. Ese boom de la construcción, que está cambiando la cara de barrios como Colegiales, también le está ganando la carrera a la protección de edificios históricos. Buenos Aires tiene prohibido demoler edificios construidos antes de 1941, pero esa protección depende de un amparo judicial que exige que cada caso sea revisado según toque. Según organizaciones como Basta de Demoler, en la capital argentina hay más de 140.000 edificaciones que caen bajo este criterio. Pero para el relevo realizado en 2011 por la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad, apenas el 13% –unos 18.195 edificios– tiene valor de patrimonio histórico y poco más de tres mil poseen respaldo legal", señala Criales.

El periodista se hace eco de la angustia que la ordalía demoledora provoca en la arquitecta Natalia Kerbabian, lanazada desde hace cinco meses a dibujar los edificios desaparecidos para preservarlos en la memoria. Ella dice: “Uno ve una demolición y de repente sufre una semana, dos, y se olvida. Pero el impacto en nuestras vidas existe: nuestro alrededor se vuelve más recto, plano, deja de interpelarnos”. Y agrega “Esas casas son importantes porque conforman el espíritu de nuestros barrios, son las raíces de una ciudad que también crece a partir de sus historias”. Su proyecto, que llamó Ilustro para no olvidar, se ha convertido en una válvula de escape para cada vez más vecinos que sufren la demolición silenciosa de la ciudad que siempre habitaron. Así lleva creado un archivo de casi 50 edificios dibujados a mano, muchas veces basándose en imágenes de archivo porque los lugares ya no existen.

“Estamos hablando de un patrimonio que no es solo histórico. También es emocional”, dice la arquitecta, y recuerda un ejemplo concreto. Hace unos meses encontró una construcción en el barrio de Colegiales, una casona que el Gobierno subastó durante la pandemia y que hoy ya está en obras. Tras subir su ilustración a Instagram, los vecinos le contaron la historia: para 1988, una mujer llamada Paulina Badaraco de Capdevila había perdido ya a sus dos hermanas y decidió donar su casa familiar a la escuela de su barrio. El edificio estuvo habilitado hasta 2013, cuando fue desalojado por las autoridades. Cuando se puso en venta, una diputada exigió saber si el inmueble había sido realmente otorgado a la escuela. Su pedido es público. La resolución, no. La torre que se está levantando en esa parcela será la segunda de su calle, frente a la sucursal de un supermercado que copa toda la esquina justo en frente.

La protección cautelar que reciben los edificios catalogados protege su fachada, pero permite modificar los interiores y, en algunos casos, permite ampliar la construcción. Para Mauro Sbarbati, secretario de Basta de Demoler, hay un grave problema no solo en lo que desde su organización consideran un “catálogo mal hecho e insuficiente”, sino en la falta de claridad con que son tratados los casos. “Los edificios del catálogo definitivo debían ser analizados por la Legislatura, pero no sabemos a ciencia cierta si los discutieron o no”, dice. “Cada comuna [distrito] tiene un consejo consultivo que debería haber discutido el inventario, y ahí hay otro problema. Los vecinos deberían discutir y votar, y no enterarse de que un edificio va a ser derrumbado porque tiene puesta una valla y todo listo para vender el terreno”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Gobierno de Buenos Aires defiende que la ciudad no tiene un problema de demoliciones. “Es un tema de propiedad privada, del derecho de un vecino a pedir los permisos de demolición”, afirma un funcionario a este periódico. “Nuestra regla es: todo lo que se puede proteger, se protege. Pero no todo es protegible. No porque algo sea viejo debe protegerse. Todos los edificios anteriores a 1941 tienen una protección automática. Y frente a eso, el propietario puede pedir la evaluación para autorizar la obra o no”.

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