Información general | En el ex Paseo de la Infanta
25/08
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Construyen un polo gastronómico en los bosques de Palermo
Está prohibido por el Código de Planeamiento por ser un área de Protección Histórica, sólo destinada al uso público y la recreación. Sin embargo siguen trabajando. Por Joaquín Ramírez Souto. Buenos Aires, 25 de agosto de 2012. En pleno bosque de Palermo se realiza una construcción que, a pesar de haber sido clausurada y de acumular irregularidades, sigue adelante. El comienzo de las excavaciones para explotar el subsuelo de 16 de los 20 arcos sobre los que se apoyan las vías del San Martín, puso en alerta a la Asociación Amigos del Lago de Palermo (AALP), que presentó un amparo para frenar las obras y pedir que "se ordene (...) el apuntalamiento de las estructuras y demás medidas de seguridad que resulten necesarias ya que el viaducto en cuestión se encuentra en pleno uso".
En diálogo con el diario Tiempo Argentino, Osvaldo Guerrica Echevarría, presidente de la AALP, denunció que "la idea es convertir a este espacio público en un verdadero shopping center". Aunque desde el 12 de julio hay una faja de clausura en el portón de acceso a la obra, se puede comprobar que los obreros siguen realizando sus labores.
Lo que pocos saben es que este emprendimiento, ubicado en el ex Paseo de la Infanta, trasgrede la legislación urbanística de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe la instalación de locales comerciales en esa zona, por tratarse de un Área de Protección Histórica, sólo destinada al uso público y la recreación.
La Agencia de Control Gubernamental (ACG), que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, hizo en los últimos dos meses tres visitas al predio y decidió su clausura. “Los inspectores determinaron que es ilegal, no puede estar habilitada una obra que ni siquiera inició los trámites de inscripción en el registro del ministerio ni presentó los planos correspondientes”, explicó Eduardo Hulton, vocero de la ACG.
Todo comenzó el 4 de agosto de 2011, cuando el propio gobierno porteño impulsó y avaló este emprendimiento, a través de la disposición Nº 976 de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIU), que aprobó el "plano de modificación con demolición parcial y ampliación", para 16 de los 20 arcos. Sin embargo, siete meses después, el 13 de marzo de 2012, ese mismo organismo entendió que el local de McDonald's que se proyectaba en los arcos 1, 2, 3 y 4 no podía habilitarse como comercio gastronómico por encontrarse en un lugar protegido "desde el punto de vista urbanístico y patrimonial". Hoy, de todas formas, la hamburguesería se encuentra abierta al público ya que, según informó la ACG, le fue concedido un recurso de amparo que le permite seguir funcionando.
Los terrenos en cuestión, ubicados entre la Avenida Del Libertador y Marcelino Freyre, pertenecen al Estado Nacional pero fueron concesionados a la empresa Panter SRL hasta el año 2018, a través de la Administración de Infraestructura Ferroviaria SE (ADIF).
Panter, que tiene la concesión desde 1991, es la misma firma que explotaba el paseo cuando, el 5 de febrero de 1996, una escultura de hierro de 270 kilos cayó encima de Marcela Brenda Iglesias, de seis años, y la mató en el acto. Desde 2007, el lugar lleva el nombre de la niña, pero la justicia sigue ausente.
El matrimonio lamenta que los mismos empresarios de entonces sean los que en la actualidad están llevando adelante el proyecto. Por eso, ya presentaron un amparo para que la Ciudad disponga "la remoción de todo obstáculo, maquinaria o construcción existente dentro del Paseo Marcela Brenda Iglesias, o que impida el acceso al mismo". La medida también solicita la "apertura plena con carácter de paseo público de acceso irrestricto y libre circulación". El sueño de Eduardo Iglesias es que sea "un lugar de esparcimiento, y no que se destine para negocios privados". Justamente, lo contrario a lo que está sucediendo.
Para el arquitecto Guerrica Echevarría, la obra tiene su origen en "un decreto trucho de Macri", en referencia al que lleva el número 1314/2008. Según el titular de la AALP, ese decreto pretendía, con la excusa de reglamentar el Área de Protección Histórica del Parque 3 de Febrero, modificar el Código de Planeamiento Urbano (CPU), algo que sólo se puede hacer con una ley de doble lectura de la Legislatura.
Según la redacción actual del CPU, no puede haber usos comerciales en el bajo viaducto y en ningún otro lugar del predio. Ante el proyecto de Panter, la AALP le hizo saber de esta situación tanto a la Defensoría del Pueblo de la Nación como a la Defensoría General de la Ciudad, en un documento presentado el pasado 29 de junio. También quedaron expuestos los peligros de lo que Guerrica definió como una obra sin control, ya que, como argumentó la ONG, "tanto la excavación como el debilitamiento del terraplén cortándolo para poder construir pequeños locales constituyen actos de extrema peligrosidad para esas antiguas estructuras de las que se desconoce su resistencia".
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