Basta de mutilar seres vivos

Información general | Defensa del arbolado público

04/09

Basta de mutilar seres vivos

El avance del modelo de poda y manejo del arbolado urbano en la Ciudad de Buenos Aires, denunciado desde hace más de una década por organizaciones vecinales y recientemente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia, se consolidó como un eje de conflicto ambiental en un contexto de crisis climática que exige políticas públicas orientadas a la protección de la infraestructura verde, según señala un informe publicado por la Agencia Tierra Viva. La agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles sostiene que las prácticas impulsadas por el Gobierno porteño bajo la gestión de Jorge Macri forman parte de un esquema de extractivismo urbano que reduce la presencia de árboles, incrementa el cemento y profundiza el efecto isla de calor, afectando la calidad de vida de millones de habitantes. La Ciudad, además, continúa sin acatar un fallo judicial que ordena frenar la poda indiscriminada y garantizar personal capacitado para cada intervención, acumulando multas diarias por incumplimiento. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 4 de setiembre de 2026. La historia de Basta de Mutilar Nuestros Árboles comenzó en 2010, cuando la docente y química María Angélica Di Giacomo empezó a enviar notas al Gobierno porteño alertando sobre podas que consideraba injustificadas. Durante dos años no obtuvo respuesta, hasta que decidió abrir un grupo de Facebook que bautizó “Basta de Mutilar Nuestros Árboles”. La iniciativa tuvo una adhesión inmediata y derivó en la primera acción pública: la protesta por la remoción de árboles en la Avenida 9 de Julio para construir el Metrobús. Aunque no lograron frenar la obra, ese episodio marcó un punto de inflexión y dio origen a una red de vecinos que desde entonces monitorea el arbolado urbano y denuncia intervenciones que considera dañinas.

Di Giacomo explica que la poda no beneficia al árbol y que la idea de que “crece con más fuerza” después de cortar ramas es un mito. La poda, sostiene, debería limitarse a necesidades estrictamente humanas: despejar veredas, liberar semáforos o permitir el paso de vehículos. Sin embargo, en la Ciudad predomina una percepción del árbol como riesgo y una preferencia por ejemplares “mutilados”, vistos como más prolijos. A esto se suma una desconexión profunda con los sistemas naturales: “Hay una imagen de que la ciudad es un domo. No se sabe de dónde viene el agua ni se comprende que formamos parte de un sistema mucho más grande”, afirma.

En 2019, Guillermina Bruschi se sumó a la organización cuando intentaron remover árboles centenarios en el Barrio Nazca, dentro de Villa Santa Rita. Allí descubrió que la defensa del arbolado está ligada a problemas más amplios: el aumento de temperaturas extremas, la falta de espacios verdes y la expansión del cemento. Bruschi recuerda que en Europa murieron 20.000 personas por olas de calor y advierte que Buenos Aires no está tomando medidas acordes a ese escenario. En las últimas dos décadas, señala, se construyeron 40 millones de metros cuadrados nuevos, lo que incrementó el hormigón y profundizó el efecto isla de calor, que puede elevar la temperatura entre uno y seis grados respecto de zonas con mayor vegetación.

La Ciudad cuenta con 432.000 árboles según el último censo oficial (2017-2018), con un promedio de un ejemplar cada siete habitantes. Pero la distribución es desigual: Recoleta tiene un árbol cada quince habitantes, mientras que las comunas 11, 12 y 8 presentan mejores indicadores. En paralelo, Buenos Aires dispone de apenas cinco metros cuadrados de espacio verde por habitante, muy por debajo de los diez a quince recomendados internacionalmente. Y solo la mitad de esos espacios corresponde a plazas y parques, que además han perdido superficie verde por la instalación de cemento y caucho en áreas de juego.

Bruschi sostiene que el tratamiento del arbolado responde a una lógica de “limpieza y orden” que también desplaza vendedores ambulantes y personas en situación de calle. La poda sistemática, afirma, parece más vinculada a negocios para empresas contratistas que a criterios de seguridad. Los pliegos de licitación establecen tres tareas —podar, extraer o plantar— pero no contemplan presupuesto para curaciones ni evaluaciones técnicas complejas, como tomografías para determinar si un árbol hueco es riesgoso. Las cuadrillas, además, cobran por cantidad de podas y no por la salud del ejemplar, lo que incentiva intervenciones repetidas y muchas veces innecesarias.

La abogada Claudia Heras presentó en 2017 un amparo judicial denunciando que el Gobierno porteño incumplía la Ley 3263, que exige evaluación idónea previa, personal capacitado y supervisión estatal en cada intervención. El Juzgado Nº13 ordenó suspender toda poda o tala que no cumpliera la norma. El Gobierno apeló, pero en 2022 la Corte Suprema ratificó el fallo. A pesar de ello, la Ciudad no acató la medida y acumula deuda por la multa diaria impuesta por el tribunal.

Para las organizaciones ambientales, el incumplimiento judicial y la continuidad de las podas indiscriminadas revelan un modelo urbano que prioriza el cemento sobre la infraestructura verde, incluso en un contexto de crisis climática que exige políticas de mitigación y adaptación. La conservación del arbolado y la creación de espacios verdes, sostienen, deberían ser estratégicas para reducir inundaciones, mejorar la calidad del aire y bajar la temperatura. Sin embargo, la Ciudad avanza en sentido contrario, con menos árboles, más construcciones y un sistema de poda que, lejos de proteger el patrimonio natural, lo debilita.

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir