Buenos Aires, 24 de abril de 2026. La resolución 7/26 publicada en marzo en el Boletín Oficial puso en marcha el proceso para concesionar el gerenciamiento de las emisoras AM 1110 Radio de la Ciudad y FM 92.7 La 2x4, junto con el Canal de la Ciudad, por un plazo de cinco años y a cambio de un canon total cercano a los 719 millones de pesos. La apertura de sobres, prevista inicialmente para el 20 de abril, fue postergada al 12 de mayo para permitir la participación de más oferentes. Los denunciantes sostienen que la urgencia de los plazos obliga a la Justicia a dictar una medida precautelar inmediata que suspenda los efectos de la resolución y de todo acto administrativo derivado de la concesión.  

El escrito recuerda que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 47, obliga al Estado porteño a mantener una señal de radiodifusión dirigida por un ente autárquico que garantice la pluralidad y la participación social. Según Baldivieso, este mandato fue sistemáticamente ignorado por los sucesivos gobiernos y por la Legislatura, lo que mantuvo a las emisoras y al canal en una situación de precariedad administrativa, dependientes de la Secretaría de Medios del Ejecutivo. Esa omisión, afirman, permitió una discrecionalidad política que hoy culmina en un intento de privatización encubierta. Reclaman que la Justicia declare la inconstitucionalidad de esa omisión y ordene la creación del ente autárquico junto con una ley de medios públicos que asegure pluralidad política e integración cultural.  

El Gobierno porteño defiende la concesión como una herramienta para mejorar la programación y reducir el gasto público. Jorge Macri argumentó que no tiene sentido financiar con impuestos lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costo para los vecinos, en línea con la agenda de recortes que impulsa La Libertad Avanza. Los pliegos exigen a los oferentes antecedentes en medios, planes de inversión y capacidad técnica para hacerse cargo de la operación, incluyendo equipamiento, estudios y personal. También deberán gestionar la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y cumplir con normativas de seguridad, seguros y derechos de autor.  

Baldivieso calificó la iniciativa como privatizadora y vinculada a urgencias electorales del jefe de Gobierno, a quien acusó de buscar alinearse con el discurso de Javier Milei para atraer a sus votantes. Según el abogado, la concesión se presenta como un ajuste que reduce contratos laborales y gasto público, pero en realidad implica un retroceso en el derecho ciudadano a la comunicación.  

En la Legislatura, la propuesta ya generó proyectos y pedidos de informes. La peronista Graciana Peñafort presentó una iniciativa para crear el Sistema Público de Medios de la Ciudad, administrado por un ente autárquico independiente del Ejecutivo. Trabajadores de Radio de la Ciudad impulsaron otro texto con el mismo objetivo. Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña solicitó al Gobierno que aclare cuál será el destino de los empleados en caso de que avance la concesión.  

El futuro laboral de unas 500 personas que trabajan en las dos radios y el canal es uno de los puntos más sensibles. El pliego no obliga a la empresa concesionaria a mantener al personal actual, sino que establece que deberá hacerse cargo de indemnizaciones y cargas sociales. Esto deja abierta la posibilidad de despidos masivos o reubicaciones, lo que genera incertidumbre entre administrativos, técnicos, operadores, productores y periodistas.  

Las voces críticas se acumulan en la Legislatura. Además del peronismo, sectores del larretismo y del radicalismo cuestionan la concesión, mientras que los libertarios, aunque apoyan la idea de desprenderse de los medios públicos, advierten que el mecanismo elegido es débil y podría ser impugnado judicialmente. El futuro de los pliegos comenzó a jugarse en tribunales, donde se decidirá si el proceso vulnera la Constitución porteña y si corresponde suspenderlo.  

La disputa expone un dilema de fondo sobre el rol del Estado en la comunicación pública. Para los denunciantes, los medios públicos son un derecho ciudadano y un bien cultural que no puede quedar sujeto a intereses comerciales. Para el Gobierno, en cambio, la concesión es una forma de aliviar las cuentas y modernizar la gestión. En el año en que se cumplen tres décadas de la Constitución de la Ciudad, el debate sobre los medios públicos se convierte en un espejo de las tensiones entre austeridad fiscal y derechos ciudadanos. La Justicia tendrá la última palabra, pero el conflicto ya instaló un debate más amplio sobre el modelo de comunicación que Buenos Aires quiere para los próximos años.  

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