Legislativas | Propuesta opositora

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Para la expansión productiva porteña

El bloque peronista de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura el proyecto de Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP), una iniciativa que busca diferenciarse de las propuestas impulsadas por el PRO y La Libertad Avanza y que apunta a dar respuesta a las necesidades de los comercios, microempresas y PyMEs que atraviesan un momento crítico en lo económico. La legisladora Claudia Neira, referente de Fuerza por Buenos Aires, explicó que el objetivo central es generar un esquema de incentivos que contemple la realidad de los pequeños actores de la economía porteña, que en su mayoría quedan excluidos de los beneficios de los regímenes nacionales por los altos pisos de inversión exigidos. Según detalló, el REPP no establece un mínimo de inversión, lo que permite que cualquier monotributista o microempresa con certificado MiPyME pueda acceder a los beneficios desde cero pesos, reconociendo que la inversión de un pequeño comerciante tiene el mismo valor productivo que la de una empresa mediana. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 8 de mayo de 2026. La propuesta surge como respuesta al RIMI nacional y al RIMICABA, que replican sus parámetros en la Ciudad y que, según Neira, dejan afuera al 90% del comercio porteño. Los pisos mínimos de inversión fijados por el régimen nacional son de 150 mil dólares para microempresas, 600 mil para pequeñas y 3,5 millones para medianas tramo 1, cifras que resultan inalcanzables para la mayoría de los comercios barriales, restaurantes, talleres y kioscos. El REPP, en cambio, plantea un esquema universal que incluye a todos los actores productivos y que además incorpora retroactividad, permitiendo que quienes invirtieron en 2024 y 2025 también accedan a los beneficios impositivos. De este modo, se busca evitar una inequidad fiscal que premie solo a quienes invierten a partir de la aprobación de la norma y deje sin reconocimiento a quienes ya realizaron esfuerzos en años anteriores.

Entre los beneficios concretos, el REPP contempla la exención de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario sobre los ingresos generados por la inversión. El esquema es decreciente, con mayores incentivos para las empresas más chicas, y puede extenderse hasta tres años con un tope del 80% de exención, contabilizado por empresa y no por proyecto. Además, se prevén condiciones adicionales que permiten sumar beneficios, como la creación de empleo registrado o la radicación en las Áreas de Desarrollo Prioritario Sur del Código Urbanístico, lo que refuerza el objetivo de impulsar la actividad en zonas históricamente postergadas de la Ciudad. El proyecto también activa al Banco Ciudad con líneas de crédito preferenciales en pesos, destinadas a capital de trabajo, bienes de capital y descuento de cheques, sin garantías adicionales ni recorte de plazos, lo que busca facilitar el acceso al financiamiento para los pequeños actores económicos.

La iniciativa del peronismo porteño se inscribe en un contexto de fuerte debate político en la Legislatura, donde el PRO y La Libertad Avanza impulsan proyectos que replican el régimen nacional y que, según sus críticos, consolidan un esquema de beneficios fiscales concentrados sin impacto claro en la economía local. Neira subrayó que el REPP se diferencia por tres mecanismos fundamentales: retroactividad, universalidad y autonomía. La retroactividad permite incluir inversiones ya realizadas, la universalidad garantiza que no haya piso mínimo y que las microempresas estén adentro, y la autonomía establece un régimen propio de la Ciudad, sin depender de las decisiones del gobierno nacional. En sus palabras, la Ciudad de Buenos Aires necesita tener su propia política productiva, adaptada a la realidad de su tejido económico.

El proyecto también refleja la estrategia del peronismo porteño de marcar diferencias con Jorge Macri y con los libertarios, que en las últimas semanas lograron instalar parte de su agenda económica en la Legislatura con el RIMICABA. La crítica apunta a que esos regímenes reproducen un modelo que excluye a la mayoría de los comercios y PyMEs, mientras que el REPP busca ampliar la base de beneficiarios y generar un esquema más equitativo. En un escenario de recesión y caída del consumo, la discusión sobre los incentivos fiscales y las políticas de apoyo a la producción se convierte en un eje central de la política porteña. El peronismo intenta capitalizar el malestar de los sectores medios y pequeños empresarios que sienten que las políticas actuales no los contemplan, y con el REPP busca ofrecer una alternativa que los incluya.

La presentación del proyecto abre un nuevo capítulo en la disputa política de la Ciudad, donde el macrismo y los libertarios intentan sostener la gobernabilidad con acuerdos circunstanciales, mientras el peronismo busca instalar una agenda propia que ponga en el centro a los sectores más vulnerables de la economía local. La discusión sobre el REPP no solo es técnica, sino también política: se trata de definir qué modelo de desarrollo productivo quiere la Ciudad de Buenos Aires y quiénes serán los beneficiarios de las políticas públicas. En ese tablero, el peronismo apuesta a diferenciarse con una propuesta que reivindica a los pequeños comerciantes y a las PyMEs como actores centrales de la economía porteña, en contraste con los regímenes que privilegian a las inversiones de mayor escala. La Legislatura será el escenario donde se dirima esta disputa, que refleja la tensión entre distintos proyectos de ciudad y que tendrá impacto directo en la vida cotidiana de miles de porteños.


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