Legislativas | Barrios populares

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Denuncian hostigamiento macrista

La audiencia pública realizada en la Legislatura porteña volvió a exponer con crudeza un diagnóstico que se repite en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires: los operativos “Tormenta Negra” no son percibidos como intervenciones de seguridad, sino como dispositivos de ocupación, hostigamiento y racismo institucional. Durante más de dos horas, vecinas y vecinos de villas y asentamientos relataron episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias, torturas, decomiso de herramientas de trabajo y un clima generalizado de miedo que, según afirmaron, se profundizó con los 46 operativos desplegados este año. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 2 de octubre de 2026. Legisladores, organismos de derechos humanos y representantes institucionales escucharon los testimonios vertidos en la audiencia pública por los habitantes de los barrios populares y coincidieron en la necesidad de frenar prácticas que, lejos de prevenir delitos, consolidan la estigmatización y la desigualdad en los territorios más vulnerados de la ciudad.

La convocatoria comenzó pasadas las 17.20 en el Salón Perón de la Legislatura, impulsada por los legisladores Alejandro “Pitu” Salvatierra, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, y Andrés La Blunda, titular de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. Ambos contextualizaron la audiencia en el marco de los operativos masivos que el gobierno de Jorge Macri viene desplegando en villas y barrios populares. Salvatierra fue categórico: “Estamos hartos, no merecemos que nos traten de esta manera. El acto de discriminación es claro. Nos tratan distinto que al resto de los porteños. La violación de derechos humanos es flagrante, los operativos son perversos”. Recordó además que, pese a la magnitud de los despliegues, “este año se efectuaron 46 operativos sobre los barrios populares y no se llevaron un solo narco”.

Tras la presentación, comenzaron a sucederse los testimonios de las y los vecinos. Las primeras intervenciones provinieron del Barrio Padre Mugica (Villa 31). Claudia Coronil relató cómo su hijo fue golpeado brutalmente por la policía sin motivo alguno, delante de todo el barrio, y luego pasó la noche detenido sin atención médica. Mostró fotografías de las lesiones y denunció que en el registro policial se asentó falsamente que las heridas se las había provocado él mismo en un accidente. Otra vecina reforzó el relato y describió el operativo como un mecanismo de disciplinamiento: “Creo que hacen esto para que tengamos miedo, para que nos quedemos en la casa y no hagamos nada”.

Desde Barrio Mitre, Celia Jiménez describió un operativo de saturación que paralizó la vida cotidiana: “Barrio Mitre tiene 324 casas, y el día 27 a las 2 de la tarde llegaron miles de policías. No era un patrullero o dos, era toda la fuerza de la ciudad rodeando el barrio. El que pasaba lo tiraban y lo golpeaban. Me sentí como en el tiempo de la represión”. Su testimonio incluyó una reflexión que resonó en el salón: “Hoy como negra que soy, digo que no es justo que nos traten así. Ahora entiendo por qué los pibes agarran piedras”.

Sandra Abregu, del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (1-11-14), denunció torturas reiteradas contra su hijo y otros jóvenes del barrio. Afirmó que los operativos recientes profundizaron un clima de terror que ya se vivía por el accionar policial cotidiano. Nelson Santacruz, periodista del Barrio 21-24, señaló que en la segunda edición de Tormenta Negra “atacaron a los más vulnerables” y relató cómo un grupo de jóvenes fue empujado hacia el río por un centenar de policías: “Como si quisieran echarlos de la ciudad literalmente”. Su intervención sintetizó el sentimiento generalizado: “La ausencia de fiscalización y protección genera la incertidumbre de qué está pasando y qué van a hacer con nosotros”.

María del Carmen Díaz expresó la indignación que atravesó toda la audiencia: “¿Qué quieren? ¿Que nos encerremos? Tenemos derecho a salir, porque estamos en democracia. ¿Acaso nosotros los negros no pertenecemos a la capital? ¿Nos quieren echar por eso?”. Mónica Troncoso contó cómo la policía se ensañó con la cooperativa que sostiene junto a otras mujeres, afectando su trabajo y sus ingresos. Araceli Claros Martínez, del barrio Rivadavia, habló de la “incertidumbre tremenda” que dejaron los operativos en los jóvenes. Cinthia Cruz, de La Carbonilla, insistió en la urgencia de retomar las políticas de urbanización. Beatriz Algober, del Playón de Chacarita, sintetizó el espíritu de la jornada: “Yo no los llamaría Tormenta Negra, los llamaría Operativos de Odio”. Y agregó: “Cuando Macri habla de ley y orden, nosotros decimos: sí, dale, cumplí la ley. Basta de persecución”.

También se escucharon voces de Saldías, La Boca y otros barrios que denunciaron racismo, violencia institucional y un patrón de intervención estatal que, según afirmaron, identifica pobreza con delito. “Para nosotros los negros y los pobres, no hay nada”, dijo Tamara Manjón, de La Boca. Alfredo Cuellar cerró la ronda con un testimonio atravesado por la tragedia personal: la violencia policial, afirmó, marcó su vida y la de su familia, incluyendo la muerte violenta de uno de sus hijos.

Luego tomaron la palabra representantes del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y del Ministerio Público de la Defensa, quienes confirmaron que ya están relevando los casos y se comprometieron a dar seguimiento institucional a los testimonios. Legisladores presentes, entre ellos Vanina Biasi, señalaron que vienen solicitando la interpelación de los responsables de los operativos sin obtener respuesta del Ejecutivo porteño.

La audiencia contó con una amplia presencia de organizaciones sociales y de derechos humanos: CELS, HIJOS Capital, Liga Argentina por los Derechos Humanos, DIAFAR, la Coordinadora contra los Desalojos, el Movimiento de Villas y Barrios Populares, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa y autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otras. La diversidad de actores presentes reflejó la dimensión del conflicto y la preocupación creciente por el rumbo de las políticas de seguridad en la Ciudad.

Al finalizar, Salvatierra agradeció la participación y llamó a sostener acciones conjuntas para frenar los operativos de saturación que, según denunciaron los vecinos, no combaten el delito sino que profundizan la estigmatización y la violencia estatal. La audiencia dejó en claro que el reclamo contra Tormenta Negra ya no es solo un pedido de explicaciones: es una demanda urgente de respeto, igualdad y presencia estatal que no se limite a la fuerza policial.


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