Política | Demoliendo cultura

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Van por Zivals

La confirmación oficial de que Zivals será expropiada y demolida en enero de 2027 abrió un conflicto que ya desbordó el plano técnico de la obra pública y se instaló en el centro del debate cultural porteño. La disquería y librería fundada en 1971, junto con el mural de Charly García que resignificó la esquina de Corrientes y Callao, enfrenta una amenaza concreta de desaparición mientras sus dueños, artistas, legisladores y miles de vecinos impulsan alternativas para evitarlo. Por Mailén González Buenos Aires, 22 de octubre de 2026. El Gobierno de la Ciudad sostiene que la estación de la futura Línea F requiere ocupar el edificio, pero Zivals afirma que existen opciones viables para preservar el espacio sin alterar el trazado del subte. La Legislatura deberá definir si avala la expropiación o si obliga al Ejecutivo a revisar el proyecto, en un escenario donde la presión social crece y el conflicto promete escalar en las próximas semanas.

La declaración del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, marcó un punto de inflexión: la demolición del local está prevista para enero de 2027. Con esa frase, el funcionario confirmó lo que desde hacía meses circulaba como posibilidad y que ahora se convirtió en una decisión política con consecuencias profundas. Zivals no es solo un comercio: es un espacio cultural que sobrevivió a crisis económicas, transformaciones tecnológicas y cambios en los hábitos de consumo, y que se consolidó como un punto de encuentro para generaciones de porteños y turistas. Su eventual desaparición implicaría la pérdida de un ámbito simbólico que forma parte de la identidad urbana de Buenos Aires.

La familia Laviz, propietaria del local, sostiene que la expropiación no es necesaria. En una carta abierta dirigida a la Ciudad, explicaron que “no estamos frente a una obra pública que necesita a Zivals para poder hacerse, sino frente a una que eligió hacerse sobre Zivals, teniendo alternativas más económicas, más funcionales y sin costos culturales”. La propuesta que presentaron al Ministerio consiste en correr apenas veinte metros el acceso proyectado a la estación, lo que permitiría preservar el edificio sin modificar el trazado general. Según afirman, el Ejecutivo no respondió a las alternativas ni convocó a una instancia de diálogo técnico.

La campaña pública para evitar la demolición creció con rapidez. La petición en Change.org reúne miles de firmas y se convirtió en un canal de presión ciudadana. Artistas, músicos, escritores y referentes culturales expresaron su apoyo, entre ellos Martín Ron, autor del mural de Charly García que cubre la fachada del local. Ron recordó que la obra nació como homenaje por los 55 años de Zivals y que el propio Charly aprobó la propuesta. “La gente se apropió del mural, lo convirtió en un punto de encuentro. Hoy forma parte de la identidad de esa esquina y mucha gente lo siente propio”, señaló. La desaparición del mural implicaría borrar un símbolo que trascendió la pintura y se volvió parte del paisaje emocional de la ciudad.

El conflicto también llegó a la Legislatura porteña, que recientemente declaró a Zivals y al mural como sitio de interés cultural. Esa misma Legislatura será la que deberá votar la expropiación, lo que coloca a los legisladores en una posición incómoda: avalar la demolición de un espacio que ellos mismos reconocieron como patrimonio cultural o exigir al Ejecutivo que revise el proyecto. En los pasillos del edificio de Perú 160 ya circulan borradores de pedidos de informes, proyectos de declaración y solicitudes de audiencia pública, señales de que el debate político está lejos de cerrarse.

Mientras tanto, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura defiende el diseño actual de la estación y sostiene que responde a estándares internacionales. Laviz cuestionó ese argumento: “Por copiar un modelo de estación de Londres, se pretende avasallar el patrimonio cultural porteño. Esto en Europa no pasaría. Ellos saben resguardar estos espacios”. La discusión sobre qué modelo de ciudad se quiere construir —una que priorice la infraestructura sin matices o una que incorpore criterios de preservación cultural— se volvió parte del conflicto.

La historia de Zivals refuerza el peso simbólico del lugar. Nacida en 1971 como un pequeño local familiar, atravesó el Rodrigazo, la hiperinflación, el corralito, la crisis del mercado discográfico y la digitalización sin perder su identidad. Fue la primera disquería en vender un disco de Los Redonditos de Ricota y se convirtió en un refugio para melómanos, lectores y curiosos. “Acá vino a comprar un pibe a los 17 años en los 70, y hoy su nieto compra los vinilos de regalo para el cumpleaños del abuelo”, cuenta Laviz. Ese hilo generacional es uno de los argumentos más fuertes para quienes defienden su continuidad.

El conflicto, lejos de resolverse, se encamina hacia una etapa decisiva. La Legislatura deberá tratar el proyecto de expropiación en las próximas semanas y el oficialismo necesitará reunir una mayoría que hoy no parece asegurada. Los legisladores que acompañaron la declaración de interés cultural enfrentan la presión de sostener esa postura en el recinto. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que la obra debe avanzar sin modificaciones. En el medio, miles de vecinos reclaman que se preserve un espacio que consideran parte de su historia personal y colectiva.

La discusión promete intensificarse a medida que se acerque la fecha prevista para el inicio de las obras. Zivals prepara nuevas acciones públicas, encuentros culturales y campañas de visibilización. Los artistas que apoyan la causa organizan intervenciones y actividades para reforzar el reclamo. El mural de Charly, convertido en símbolo involuntario del conflicto, sigue recibiendo visitantes que se sacan fotos como gesto de apoyo. La esquina de Corrientes y Callao, que durante décadas fue un punto de encuentro, hoy es también un escenario de disputa sobre el futuro de la ciudad.

Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si Buenos Aires pierde un espacio cultural que sobrevivió a todo menos a una obra pública o si la presión social y política logra que el Gobierno revise su decisión. El conflicto ya no es solo sobre un edificio: es sobre qué se preserva, qué se destruye y qué ciudad se quiere construir para las próximas generaciones.


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