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Sin plata no hay colectivos

Las cámaras empresarias del transporte del AMBA redujeron desde el lunes 19 de octubre las frecuencias nocturnas de 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional y abrieron así un conflicto que, lejos de resolverse, promete escalar en los próximos días. La medida, que recorta a la mitad los servicios entre las 22 y las 5, expone el deterioro financiero del sistema, la falta de actualización de tarifas y subsidios, y la tensión creciente entre las empresas y el Gobierno nacional. Mientras los usuarios ya sienten el impacto en la movilidad nocturna, las cámaras advierten que el recorte podría profundizarse si no se atienden sus reclamos, y el Ejecutivo insiste en que no convalidará aumentos sin una revisión integral del esquema de compensaciones. El escenario anticipa una disputa prolongada, con negociaciones trabadas, presiones cruzadas y el riesgo de que el conflicto derive en un deterioro mayor del servicio. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 22 de octubre de 2026. La decisión de CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA se formalizó a través de un comunicado que describe una situación “crítica” para las empresas que operan las líneas nacionales. Según las cámaras, el congelamiento del boleto mínimo en $742 desde mayo y la falta de actualización de los subsidios generaron un desfasaje financiero que ya no pueden absorber. El sector sostiene que el costo real de cada viaje asciende a $2494 sin subsidios, una diferencia que consideran insostenible en un contexto de inflación acumulada, aumento del precio del combustible y paritarias en curso. A esto se suma una deuda de aproximadamente $40.000 millones por compensaciones tarifarias no reconocidas entre junio y octubre, atribuida a errores en las proyecciones oficiales de ingresos.

El recorte nocturno, que afecta a líneas clave como la 60, la 152, la 39, la 45, la 57, la 86, la 129 y la 168, entre muchas otras, se implementa de manera escalonada y según la disponibilidad de recursos de cada empresa. En la práctica, los intervalos entre unidades se duplicaron y, en algunos casos, se triplicaron, lo que ya genera esperas prolongadas en paradas y estaciones de transbordo. La medida golpea especialmente a trabajadores nocturnos, personal de salud, gastronomía y seguridad, y a quienes dependen del transporte público para regresar a sus hogares en horarios de baja circulación.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, reconoce la existencia de una deuda pero cuestiona la magnitud del desfasaje denunciado por las cámaras. En las reuniones mantenidas en las últimas semanas, el Ejecutivo planteó que la actualización de costos debe realizarse sobre parámetros auditados y no sobre estimaciones empresarias. También señaló que cualquier revisión tarifaria debe enmarcarse en un esquema integral que contemple la sostenibilidad del sistema y el impacto social de un eventual aumento del boleto. Por ahora, no hay acuerdo sobre los montos ni sobre el mecanismo de actualización, lo que mantiene el conflicto en un punto muerto.

Las cámaras empresarias, por su parte, advierten que sin una respuesta inmediata el recorte nocturno podría extenderse a otros horarios y afectar la frecuencia diurna. Aunque por ahora descartan una paralización total del servicio, admiten que la continuidad depende de que el Estado reconozca los costos operativos reales y regularice las compensaciones adeudadas. En paralelo, solicitan “comprensión” a los usuarios y aseguran que la medida es “la única alternativa” para evitar un colapso financiero.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de tensión por el financiamiento del transporte en el AMBA. Desde principios de año, las empresas reclaman que el esquema de subsidios quedó desactualizado frente a la inflación y que la tarifa congelada no cubre ni una fracción de los costos. El Gobierno, en cambio, sostiene que el sistema requiere una revisión estructural y que no puede depender exclusivamente de aumentos de tarifas o de transferencias crecientes. En este marco, la discusión sobre el boleto mínimo se volvió un punto sensible: cualquier incremento impactaría directamente en millones de usuarios que ya enfrentan aumentos en otros servicios públicos.

La reducción de frecuencias también reavivó el debate sobre la distribución de subsidios entre líneas nacionales y provinciales, y sobre la necesidad de coordinar políticas entre Nación, Ciudad y Provincia. Mientras las líneas de jurisdicción nacional reclaman actualizaciones, las provinciales y municipales enfrentan problemas similares, aunque con esquemas de financiamiento distintos. La falta de una mesa de coordinación tripartita profundiza la fragmentación del sistema y dificulta la búsqueda de soluciones de fondo.

En los próximos días, la Secretaría de Transporte convocará a nuevas reuniones con las cámaras empresarias para intentar destrabar la negociación. El Gobierno evalúa reconocer parcialmente la deuda y revisar algunos componentes del costo operativo, pero descarta por ahora un aumento inmediato del boleto. Las empresas, en cambio, exigen una respuesta integral y advierten que no podrán sostener las frecuencias nocturnas si no se regularizan los pagos. El conflicto, que ya afecta a miles de usuarios, se encamina a una etapa decisiva: si no hay acuerdo, el recorte podría ampliarse y el servicio nocturno del AMBA quedaría reducido a niveles mínimos.

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