Se paralizó el subte

Política | Conflicto provocado por Macri

22/10

Se paralizó el subte

Una huelga sorpresiva paralizó este martes las seis líneas de subte y el Premetro de Buenos Aires tras la detención de tres dirigentes sindicales, y aunque el servicio se restableció cinco horas después, el conflicto quedó abierto y anticipa una escalada que combina sanciones empresariales, intervención policial, denuncias de criminalización de la protesta y un clima político cada vez más tenso entre el Gobierno de la Ciudad y los trabajadores del sector. La liberación de los metrodelegados no cerró la disputa: el gremio exige garantías de que cesará la persecución, la fiscalía mantiene causas penales en curso, la CGT y organismos de derechos humanos denunciaron violaciones constitucionales y el Ejecutivo porteño ratificó su línea dura. Con un antecedente inmediato de detenciones, protocolos restrictivos y causas que alcanzan a más de 170 trabajadores, el conflicto promete continuar en los próximos días y podría derivar en nuevas medidas de fuerza si no se abre una instancia de negociación. Por Mailén González Buenos Aires, 22 de octubre de 2026. La huelga se desencadenó a media mañana, cuando la policía detuvo a tres representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) en la estación Rosas de la línea B. El gremio había decidido abrir los molinetes como forma de protesta frente a una sanción que consideraban abusiva contra un trabajador, y la intervención policial derivó en un altercado que terminó con arrestos por “obstaculizar a las fuerzas de seguridad”. La fiscalía, además, emitió una orden de detención contra el empleado que abrió una puerta de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros. La respuesta sindical fue inmediata: paro total de las seis líneas y del Premetro, una medida que dejó sin servicio a unos 800.000 usuarios diarios y que se mantuvo hasta que los detenidos recuperaron la libertad.

El Gobierno de la Ciudad respaldó la actuación policial y justificó las detenciones. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, escribió en X: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”. La frase sintetizó la postura oficial, que desde junio considera al subte un “servicio trascendental” y exige que, incluso en huelga, se mantenga al menos el 50% del funcionamiento. Para el gremio, en cambio, la medida fue un ataque directo al derecho de huelga y una señal de endurecimiento político. “Quieren instaurar una dictadura fascista en la que no se puede reclamar”, dijo Claudio Dellecarbonara al salir de la comisaría, denunciando persecución y criminalización de la protesta.

La tensión no se limita al episodio puntual. Desde hace meses, los metrodelegados enfrentan sanciones empresariales de Emova, causas judiciales y operativos policiales en estaciones. Una de las causas más graves alcanza a 171 trabajadores procesados bajo la figura de “asociación ilícita”, un encuadre penal que el gremio considera desproporcionado y orientado a disciplinar la organización sindical. La huelga de este martes, en ese sentido, fue leída por los trabajadores como una respuesta colectiva frente a un patrón de hostigamiento que combina decisiones empresariales, intervención judicial y respaldo político del Ejecutivo porteño.

El conflicto también se inscribe en un clima nacional de creciente confrontación entre sindicatos y el Gobierno de Javier Milei. Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), vinculó directamente las detenciones con la política nacional: “Este episodio se inscribe dentro de la oleada de atropellos y violaciones a los derechos que está llevando adelante el Gobierno de Milei desde que asumió”. Schmid recordó que La Fraternidad y la UTA fueron sancionadas por adherir a medidas de fuerza y que varios gremios recibieron multas durante la primera movilización contra el protocolo antipiquetes. Para el dirigente, la clase empresaria “cambia de vagón pero siempre va en el mismo tren: atacar las conquistas de los trabajadores”.

La CGT emitió un comunicado de fuerte repudio, calificó las detenciones como “arbitrarias e injustificadas” y exigió la liberación inmediata de los trabajadores, además del cese de la persecución sindical. La central recordó que la libertad sindical y el derecho de huelga están protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución y por los convenios 87 y 98 de la OIT. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos también denunció una “grave violación de derechos” y advirtió que “luchar y movilizarse no es delito”, señalando que el Gobierno porteño deberá responder por estos hechos.

La reacción social fue amplia: trabajadores de otros sectores, estudiantes y organizaciones políticas se acercaron a las estaciones para acompañar la protesta y repudiar la represión. Para muchos simpatizantes del peronismo, la solidaridad en la calle contrastó con la ausencia de dirigentes de su espacio, una crítica que se repite en conflictos recientes. La escena de cientos de personas concentradas frente a las estaciones mientras el subte permanecía paralizado reforzó la idea de que la relación de fuerzas no se define solo en los despachos, sino también en la capacidad de movilización.

Con los delegados ya liberados, el conflicto entra en una fase decisiva. El gremio exige que se retiren las sanciones, que se archiven las causas penales y que se garantice que no habrá nuevas detenciones por medidas de protesta. Emova, por su parte, mantiene la sanción original y reclama que se respete el funcionamiento del servicio. El Gobierno porteño ratifica su postura de endurecimiento y sostiene que no permitirá bloqueos ni aperturas de molinetes. La fiscalía continúa con las investigaciones y no descarta nuevas imputaciones.

En este escenario, la posibilidad de nuevas medidas de fuerza es concreta. La AGTSyP anticipó que evaluará acciones si no se abre una instancia de negociación y si continúan las causas judiciales. La CGT podría intervenir con un paro sectorial o con una movilización más amplia, y los organismos de derechos humanos ya anunciaron que seguirán acompañando el reclamo. El conflicto, que comenzó por una sanción puntual, se transformó en una disputa mayor sobre el derecho a la protesta, el rol del Estado en los servicios públicos y los límites de la intervención policial.

La huelga sorpresiva dejó en claro que la relación entre el Gobierno porteño y los trabajadores del subte atraviesa su momento más crítico en años. La liberación de los detenidos resolvió apenas el episodio inmediato, pero no la disputa de fondo. En los próximos días, la tensión podría volver a expresarse en nuevas medidas, negociaciones fallidas o intervenciones judiciales. Lo que está en juego no es solo el funcionamiento del subte, sino el alcance del derecho de huelga en un contexto político que endurece sus respuestas frente a la protesta social.

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