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Promoción de locaciones

El oficialismo votó leyes relacionadas que supuestamente promueven las locaciones de uso familiar y la oposición las calificó de medidas electorales. Se trata de un paquete de proyectos de "alivio impositivo" vinculados con los alquileres, iniciativas que no fue acompañada por la oposición que tildaron a las mismas como "medidas electorales" que tendrán “impacto cero” en la población. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 12 de mayo de 2023. A pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el oficialismo porteño en la Legislatura aprobó hoy un paquete de proyectos de "alivio impositivo" vinculados con los alquileres, iniciativas que no fue acompañada por la oposición que tildaron a las mismas como "medidas electorales" que tendrán “impacto cero” en la población.

Durante la sesión ordinaria, fueron sancionados los expedientes remitidos en las últimas semanas desde el Gobierno porteño por 36 votos a favor provenientes de Juntos por el Cambio (JXC), acompañados por la Libertad Avanza; y 21 en contra del Frente de Todos (FDT) y el Frente de Izquierda.

Las viviendas que se ofrezcan en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, para uso residencial de las personas, quedarán exentas del pago de la tasa de ABL y del impuesto Inmobiliario durante tres años o la duración del contrato de arriendo (lo primero que ocurra), según dispuso una ley sancionada este jueves en la Legislatura.

La promoción se refiere a los inmuebles que tengan un valor fiscal de hasta 10 millones de pesos y a cánones mensuales de locación inferiores a 220 mil pesos mensuales. Quedan excluidos de estos incentivos las casas o departamentos amueblados que se alquilen a turistas. El beneficio es para los contratos de alquiler que se suscriban hasta el 31 de diciembre de 2023 y la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos determinará los requisitos de inscripción.

Mediante otra ley, también se estableció la eximición del pago de impuestos a los Ingresos Brutos al propietario que alquile viviendas, hasta un máximo de tres unidades habitacionales y por un monto no superior a los 220 mil pesos mensuales cada una. 

Según datos oficiales de la Ciudad, encontrar una vivienda para alquilar demora hasta cuatro meses en promedio y el costo de la renta representa entre un 40% y un 50% del ingreso de los inquilinos. Por otra parte, en la actualidad hay más de 1.400.000 propiedades en el distrito porteño, de las cuales cerca de 200 mil permanecen vacías.

Eximición de plusvalía urbana

Por otra parte, se aprobó la eximición del pago del 80% del derecho para Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable que apliquen sobre las obras o proyectos inmobiliarios destinados a vivienda individual o colectiva en las comunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se pagará solo el 20% de los metros cuadrados declarados, después de haberse obtenido el permiso de obra. 

El cuantioso beneficio para los promotores del negocio inmobiliario se otorgó sin considerar los reclamos de los vecinos de las Comunas 3 y 5, los territorios más densamente poblados del país, que carecen de los menores espacios verdes por habitantes, quienes consideran que el hacinamiento poblacional que puede resultar de la implementación de estos incentivos al desarrollo inmobiliario en altura sólo empeorará las malas condiciones de vida actuales de sus pobladores.

Co-vivienda

Se sancionó también el denominado Régimen de Co-vivienda destinado a personas que están en situación de vulnerabilidad y afectadas por el déficit habitacional. Se trató de una iniciativa de la legisladora Cecilia Ferrero (VJ) y otros del mismo bloque, analizada en las comisiones de Presupuesto y de Vivienda.

El sistema consiste en que organizaciones sociales como cooperativas, mutuales, fundaciones, fideicomisos y otras asociaciones sin fines de lucro puedan presentar proyectos de Co-vivienda ante el Instituto de la Vivienda (IV), que será la autoridad de aplicación, en representación de sus socios o adherentes que deben ser personas de bajos recursos que no posean inmuebles propios.

Las entidades civiles que se presenten a concurso podrán celebrar con el IV actos jurídicos para hacerse cargo de edificaciones, refacciones de edificios, su administración y funcionamiento. Se tratará de terrenos en desuso, obras en curso o interrumpidas o edificios ya concluidos.

Se podrán utilizar para este régimen los inmuebles de dominio privado de CABA y el IV y los de dominio privados de otros propietarios estatales, no estatales y personas jurídicas sin fines de lucro.

La co-vivienda podrá aplicarse a edificios, unidades habitacionales o partes comunes. Los usuarios o moradores tendrán el derecho de propiedad horizontal o de uso y posesión conjunta de unidades o partes comunes. Como compensación, contribuirán con trabajo, dinero o ambas cosas a la organización civil de la que forman parte.

Rechazo opositor

En el debate, la legisladora del FDT Claudia Neira anticipó el voto en contra de los proyectos del oficialismo. “Son medidas electorales que van a tener cero impacto” frente a un “problema acuciante como es el de los alquileres”, dijo Neira, tras lo cual agregó que queda pendiente “una discusión profunda” por la problemática habitacional en el distrito.

Manuel Socías, por su parte, advirtió que “es la primera vez que discutimos el problema de la vivienda en tres años y medio del segundo mandato de Larreta” y consideró que “en la Ciudad de Buenos Aires se construyen metros cuadrados dolarizados, no viviendas”.

Mercedes de Mendieta, de la Izquierda Socialista, sostuvo que “el gobierno de Larreta nuevamente está haciendo marketing porque son leyes que favorecen a los propietarios y a las constructoras”; al tiempo que Gabriel Solano, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, coincidió en que son medidas que “defienden los intereses de la gran patria inmobiliaria”.

Javier Andrade, del FDT, cuestionó que las propuestas “aparezcan después de gobernar la Ciudad de Buenos Aires por más de 15 años” y los atribuyó a una “cuestión electoral”, no obstante consignó que existió una baja en el presupuesto destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el organismo encargado de la gestión en materia habitacional.


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