Buenos Aires, 21 de abril de 2023. La difusión de una línea de atención telefónica en los hospitales porteños para mujeres embarazadas, atendida por una red de organizaciones no gubernamentales (ONGs) vinculadas a la “defensa de las dos vidas”, desató hoy una serie de pedidos de información y repudios contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

La oleada de rechazo incluyó a legisladores de la oposición porteña, Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, quienes demandaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los alcances y detalles de un convenio firmado con la Fundación Vida en Familia, que coordina la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada integrada por 400 ONGs de todo el país.

También los profesionales de la salud porteños cuestionaron hoy “la tercerización” del servicio de acompañamiento y atención a mujeres embarazadas a través de una línea de atención telefónica a cargo de voluntarios de organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

“Es riesgoso tercerizar servicios cuando existen equipos de profesionales en el área de Salud que están capacitados para dar esa atención”, dijo a Télam uno de los trabajadores que integra la red de referentes para la atención a personas en materia de salud sexual y reproductiva. Y agregó que “es llamativo que estos equipos no sean tenidos en cuenta cuando en la Ciudad de Buenos Aires existe un cumplimiento amplio de las leyes que dan el acceso a las mujeres a sus derechos”.

Legisladores porteños de la oposición adelantaron que pedirán informes a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la medida implementada por el Consejo Social local que dispone la difusión, a través de carteles exhibidos en los hospitales públicos, de la línea denominada "0800-Vida" para la atención de personas gestantes.

"Es un enorme retroceso y es muy preocupante", sostuvo la diputada del Frente de Todos Victoria Montenegro sobre la política que comenzó a regir esta semana en los centros de salud de la red pública de la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por el organismo, de reciente creación, que está presidido por Cynthia Hotton, fundado del partido Más Valores.

Montenegro adelantó que presentarán un requerimiento al Ejecutivo porteño para conocer los alcances de la medida y dijo que harán "todas las denuncias correspondientes y notas formales para interiorizarnos porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de acompañar a las personas gestantes y no estas ONG´s antiderechos".

En declaraciones radiales, la legisladora rechazó el convenio entre el Gobierno porteño que, a través del Consejo Social y con el aval del Ministerio de Salud, acordó con la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada "acciones concretas de difusión, promoción y divulgación de la línea 0800-333-1148 (VIDA) bajo el marco normativo de la ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia 27.611".

“Es el Estado el que tiene la responsabilidad de acompañar a las personas gestantes y no estas ONG´s antiderechos", sentenció la diputada del Frente de Todos Victoria Montenegro sobre la política que ya rige en los centros de salud y hospitales públicos y consideró que la medida “es un enorme retroceso y es muy preocupante".

Al respecto, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry sumó su repudio al advertir que "esta línea telefónica antiderechos será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la Educación Sexual Integral".

"La salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas y confesionales", consideró y adelantó que también requerirá respuestas al Gobierno porteño por la medida, la cual adjudicó a la intención de "Larreta de dar una nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+".

Desde Amnistía Internacional emitieron un comunicado en el cual expresaron la preocupación acerca que “el Gobierno de la Ciudad pudiera delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas, de manera tal que ponga en riesgo derechos humanos conquistados”, al tiempo que pidieron “conocer el convenio firmado”

En ese sentido, manifestaron que “cualquier propuesta que pudiera implicar la intención de desinformar o someter a las personas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas, incurriría en una clara vulneración a la autonomía de la voluntad”.

"La implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y el monitoreo de las mismas deben ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado", remarcaron en sintonía con la serie de demandas desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.

Y agregaron que "esta estrategia privatiza las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del derecho al aborto".

El rechazo cayó sobre la medida que comenzó a aplicarse el lunes en hospitales y centros de salud porteños mediante un convenio firmado entre el Gobierno porteño –a través del Consejo Social que preside Cynthia Hotton- con la Fundación Vida en Familia, que coordina la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada integrada por 400 ONGs de todo el país.

El acuerdo establece la divulgación, a través de carteles y folletería –en los cuales priman los colores celeste y blanco- de la línea telefónica gratuita 0-800-333-1148 Vida de atención a la persona gestante y apunta a dar cumplimiento con la norma conocida como “Ley 1000 días”.

La instrumentación de la medida está a cargo del Ministerio de Salud porteño y del Consejo Social presidido por Cynthia Hotton, fundadora del partido Más Valores, y establece la divulgación, a través de carteles y folletería –en los cuales priman los colores celeste y blanco- de la línea telefónica gratuita 0-800-333-1148 Vida de atención a la persona gestante.

Por su parte, Hotton defendió el convenio impulsado desde el organismo que preside desde hace pocos meses al señalar que “desde la Ciudad de Buenos Aires no se brindaba información sobre la ley 27.611 y los derechos que la persona puede recibir”, por lo cual –sostuvo- fue “que impulsamos la aplicación de la ley”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en tanto, informaron sobre la existencia del programa “A la par”, que implementa “acciones e intervenciones que se alinean con los propósitos que marca la ley 27.611”.

“Está dirigido a familias de los barrios populares que estén transitando un embarazo y deseen ser acompañadas y a distintos espacios comunitarios que estén interesados en funcionar como sede de talleres sobre temáticas de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo no intencional, como también embarazo y crianza”, precisaron a Télam.

Según el acuerdo al que tuvo acceso Télam, la iniciativa apunta a fomentar “acciones concretas de difusión, promoción y divulgación bajo el marco normativo de la ley nacional 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, más conocida como “Ley 1000 días”.

La norma fue aprobada por el Congreso nacional en la misma sesión en la que quedó sancionada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y fija en unos de sus artículos la incorporación de las líneas gratuitas de atención telefónica a cargo de “la autoridad de aplicación”.

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