Buenos Aires, 9 de noviembre de 2018. Con una masiva manifestación de taxistas frente al Palacio de la calle Perú, los legisladores aprobaron un endurecimiento de las sanciones previstas en el Código de Tránsito porteño. La Legislatura porteña aprobó un proyecto que penaliza con multas de hasta 200.000 pesos y sanciones de cinco a diez días sin manejar a conductores de Uber y otras personas que lleven pasajeros sin la autorización correspondiente. 

Con esta iniciativa se busca frenar el accionar de una empresa clandestina, que opera como si fuese una multinacional seria, pero que todavía tiene serios asuntos pendientes de habilitación en la Justicia. La medida fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), y contó con el apoyo de VJ, GEN y BP; el rechazo de PTS, MC, Ev, AyL y PO; y la abstención de UC y PS. La ley fue aprobada con 37 votos positivos, de los cuales 34 pertenecen al bloque del PRO, Vamos Juntos. 

Con una importante manifestación de taxistas en la puerta de la Legislatura y trabajadores identificados con chalecos negros y amarillos observando la sesión dentro del recinto, el parlamento porteño aprobó la reforma del Código de Tránsito y el Régimen de Faltas que aumenta las penas contra los transportes de pasajeros que funcionen en forma irregular, como el caso de la aplicación UBER. También promueve mayores sanciones contra los micros escolares que trasladen manifestantes sin la habilitación correspondiente. Luis Fernández, Presidente de la Asociación de Taxistas, afirmó que "en la ciudad de Buenos Aires Uber está inhabilitado y es ilegal".

En el misma norma también se pena a colectivos escolares que lleven manifestantes a marchas en Capital Federal. En ese caso, la multa máxima será de 26.000 pesos.

El proyecto de la diputada oficialista Cristina García (Vamos Juntos) fue aprobado con 37 votos positivos, 11 negativos y 9 abstenciones. Contó con el apoyo de Vamos Juntos, el Bloque Peronista y el GEN. El kirchnerismo, que había firmado el dictamen de comisión, cambió su postura y terminó por abstenerse. "Expresamos nuestro rechazo a UBER pero entendemos que no se puede cortar el hilo por lo más delgado penalizando a los trabajadores", explicó el legislador Leandro Santoro.

La ciudad de Buenos Aires mantiene una larga pelea con la aplicación de transporte a la que acusa de "competencia desleal". De hecho, a través de una medida cautelar el Ejecutivo liderado por Horacio Rodríguez Larreta logró que se bloquearan las tarjetas de crédito utilizadas para pagar el servicio. Los usuarios tuvieron que recurrir a los pagos en efectivo pero el uso de UBER continuó en aumento.

Es por eso que el oficialismo decidió impulsar una reforma que, según la propia legisladora García, va a "generar más herramientas para mejorar la seguridad vial".

La nueva ley permitirá la retención de las licencias de conducir cuando se brinde un servicio "sin habilitación". Por otro lado, se fijaron importantes multas (10 mil unidades fijas, unos $200 mil) e inhabilitaciones (cinco días) para el "titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente". Y debido a la "gravedad de esta conducta", la falta de habilitación se incluirá entre las sanciones que descuentan puntos (10) en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores.

Durante el debate, García expresó que con esta ley "se busca ser más efectivo en los controles y para esto permite a los agentes retener las licencias de conducir". Y agregó: "Las sanciones ya existen, tanto para un taxi trucho como para un remís trucho. Ahora se incorpora este tipo de servicios (UBER)". 

El debate se extendió por más de dos horas y, si bien las sanciones a los conductores de Uber fueron el centro de la discusión, la precarización laboral derivada del uso de aplicaciones informáticas, el estado del sistema de transporte público y la "criminalización de la protesta social" sobrevolaron el recinto. La presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García -una de las voces del oficialismo para defender el proyecto-, dijo que si bien se conoce la necesidad de "llegar con la tecnología al transporte legal", es necesario "legislar para los trabajadores", en referencia a los taxistas. "Hablaron de la precarización laboral. Yo veo trabajadores que piden que legislemos para ellos. Hay presentado un proyecto para modernizar el servicio de taxis, sabemos que tenemos que llegar con la tecnología al transporte legal", explicó la diputada.

El jefe de la bancada kirchnerista, Carlos Tomada, argumentó que "para combatir la ´uberización´ de la economía" hay que ir "contra las empresas de plataforma en lugar de alentar las persecuciones entre trabajadores". Calificó el proyecto como una "trampa política".

Por su parte, Marcelo Guouman (Evolución), quien presentó un proyecto propio para regular UBER, señaló que la ley "busca convertir en ilegal un recurso de la economía colaborativa". También dijo que el oficialismo cree que "prohibir puede frenar una revolución tecnológica", fue silbado y abucheado por los taxistas presentes.

"En la medida en que UBER no se encuadre en el marco legal, nos vemos obligados a agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino", declaró el legislador oficialista Francisco Quintana. 

Tras la votación, los taxistas festejaron a los gritos. "Olé, Olé, Olá, ohh, soy tachero, es un sentimiento, no puedo parar", cantaron mientras se retiraban del recinto.

Otros de los puntos de la reforma señala que cuando el conductor o el vehículo no tuvieran habilitación para el transporte que estén realizando –como los micros escolares cuando trasladan manifestantes o piqueteros– podrían recibir duras penas y hasta perder la licencia. 

La reforma del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad que aprobó la Legislatura porteña permitirá que los micros escolares que transporten pasajeros para los que no están habilitados, como manifestantes o jubilados, entre otros, sean sancionados con multas de hasta 35.000 pesos y la inhabilitación del registro de conducir de los choferes. Además, crea la figura de "obstrucción de circulación de tránsito" para sancionar a los camiones que obstaculicen la circulación vehicular o el espacio público. Legisladores de la oposición denunciaron que con la ley el oficialismo busca control los reclamos sociales. El legislador del PTS Patricio Del Corro sostuvo que "es una medida contra la protesta social, en un momento en que recrudece".

La norma establece en su artículo 6 que la Autoridad de Aplicación dispondrá la baja administrativamente de la habilitación como conductor de un transporte escolar cuando: preste un servicio para el cual no está habilitado; también contempla otras situaciones: cuando se supere el alcohol en sangre o se detecte alguna sustancia que disminuya la aptitud para conducir; preste servicio de transporte escolar sin habilitación; participe en picadas; viole barreras ferroviarias o tenga la licencia adulterada.

Además, en el artículo 10, incorpora la "obstrucción de circulación de tránsito" al Régimen de Faltas de la Ciudad, para sancionar al que obstaculice con un "transporte de carga la circulación" que será sancionado con una multa de 2000 unidades fijas, unos 35.000 pesos.

El vicepresidente de la Legislatura porteña e integrante del bloque Vamos Juntos, Francisco Quintana, dijo que "la reforma del Código prevé que aquellos micros escolares que transporten manifestantes a una marcha o un piquete, es decir, que realicen una función distinta para la que están habilitados, puedan perder la habilitación, que se les retenga el registro a quien conduce o sufran una multa, que se agrava a la que está hoy vigente". Además, explicó que la figura de obstrucción que se incorporó está "pensada para los micros que están estacionados en la 9 de Julio cuando hay una marcha y complican el tránsito, ya que a lo largo de varias cuadras tenemos que convivir con la mayoría de los carriles bloqueados".

Por otra parte, los choferes que sean encontrados en esta infracción pueden perder el registro profesional, ya sea emitido por la Ciudad o por la provincia de Buenos Aires. 

"Nos parece que la puesta en práctica va a tener un efecto disuasorio muy evidente en el corto plazo ya que la inmensa mayoría (de las personas que asisten a las movilizaciones) se mueve en estos micros", concluyó Quintana.

Para Del Corro, la reforma del Código de Tránsito que planteó el oficialismo fue hecha para controlar la protesta y satisfacer la demanda del gremio de taxistas sin avanzar contra la empresa Uber. "Tiene tres ejes: Uber, los micros escolares y los camiones. La ley es una forma de negociar con la empresa porque avanzan contra los choferes" pero no contra la multinacional, "cuando podrían congelar las cuentas con las que se lleva la plata, por otro, van contra los micros y los camiones para ir contra las manifestaciones".

La legisladora Silvia Gottero, quien votó a favor en general, pero en contra del artículo 6, planteó que “obviamente estamos de acuerdo que se sancione (al conductor de transporte escolar) si tiene algún grado de alcoholemia pero no podemos estar de acuerdo si lleva a un centro de jubilados a un cine, a un teatro, y que por eso se lo saquen la licencia de conducir”.

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