Legislativas | Modificaciones aplazadas

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Fracasó el intento

Tras los rechazos surgidos de diferentes sectores, aplazaron en la Lagislatura el tratamiento del aumento de las multas para faltas contra el espacio público en la ciudad. El gobierno porteño se proponía multar a las personas que sacaran basura de los contenedores, lo que motivó el repudio de las cooperativas de recicladores urbanos. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2023. El debate por el proyecto del oficialismo porteño que buscaba incrementar las multas a las infracciones cometidas contra el espacio público fue postergado a pedido de los bloques de la oposición en la Legislatura local, que demandaron más tiempo para el análisis de la medida.

La propuesta del Ejecutivo porteño, presentada en el Parlamento hace un mes, plantea subas a las penas económicas de casi un centenar de conductas contempladas de sanción en el Régimen de Faltas y agrega, como novedad, la posibilidad de realizar "acciones de reparación verde" ante una sanción.

La intención del interbloque de Juntos por el Cambio era aprobar el expediente en la sesión de este jueves; no obstante quedó aplazado el debate en el recinto para más adelante tras las observaciones efectuadas al texto original desde las bancadas de Unión por la Patria (UXP) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Entre las objeciones principales figuró la incorporación de una nueva multa de más de 100.000 pesos a las personas que saquen o manipulen los residuos de los contenedores desplegados en la vía pública, una propuesta que también recibió críticas desde las cooperativas de recicladores urbanos.

También, generó preocupación la modificación a una falta que prevé una sanción económica que alcanza los 50 millones de pesos a las "personas humanas o jurídicas" que causen un deterioro al espacio público mediante el desarrollo de "una actividad, proyecto y emprendimiento".

En este caso, en la redacción enviada por el Ejecutivo porteño incluyó en el listado de actividades la de "manifestación", lo cual fue interpretado como un intento de "criminalizar la protesta social".

Por último, otro de los cambios polémicos fue la suba del 400% de las multas a quienes vendan mercadería en la vía pública sin permiso, afectando así la actividad económica de miles de personas. "Es un proyecto que requiere de más tiempo de discusión", expresaron desde el bloque de UXP; mientras que desde el FIT aseguraron que "cajonearon el proyecto porque alertamos e hicimos públicas sus atrocidades represivas".

Además, el proyecto del oficialismo contempla cambios a las infracciones ambientales, de higiene urbana y de daño al espacio público, a las que agrega como sanción la "Obligación de realizar acciones de reparación verde" como "capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas en la recomposición, mantenimiento y preservación del ambiente".

Y establece incrementos de las multas "a fin de cubrir los costos en los que incurre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reparar los daños realizados al cometerse las faltas mencionadas".

Dentro de las subas, la propuesta del Ejecutivo incluye las que rigen sobre los habitantes que saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, entre las 19 y las 21, o a quienes no cumplan con la separación en origen de los desechos domiciliarios, llevando la multa a valores que oscilan de los 14.446 a 144.660 pesos. Separación en origen que no es seguuida de una recolección diferenciada por parte de las empresas contratistas del gobierno porteño, por lo que se convierte en una actividad inútil.

El proyecto también eleva de 14.446 a 57.864 pesos a las infracciones a los dueños de animales que transiten por lugares públicos que "no procedan a la limpieza de la materia fecal" de la mascota; y lleva de 43.398 a 216.990 pesos a los vecinos frentistas que laven las aceras en horarios no reglamentarios o no utilicen balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin de evitar su derroche.

La propuesta, que lleva la firma de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, recibió críticas también de cooperativas de recicladores urbanos que pidieron la marcha atrás de la medida durante una reunión con legisladores que se realizó el viernes pasado.


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