Legislativas | Especulación inmobiliaria
08/09
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Reclaman deternerla
La norma en cuestión fue sancionada por la Legislatura en 2018 con el propósito de ampliar los topes de altura de los futuros edificios en toda la Ciudad, sin distinciones de zonas, lo que ocasionó la aparición de construcciones en altura en barrios que tenían casas bajas.
Durante la movilización, los referentes barriales leyeron un documento, que posteriormente fue entregado en la Legislatura y a la Jefatura de Gobierno que planteó la declaración de la "Emergencia Urbanística y Ambiental", y exigió "la suspensión inmediata del otorgamiento de permisos de demolición, de obra nueva que superen los nueve metros de altura o invadan el pulmón de manzana y de certificados urbanísticos".
"La situación actual requiere de medidas extraordinarias, urgentes y transitorias, que impidan que la nueva normativa llegue tarde, resultado absolutamente ineficaz", indicaron en relación a la decena de proyectos elaborados por los colectivos barriales y elevados ante el Parlamento tendientes a cambiar el Código vigente. Destacaron que "nuestros barrios pierden su memoria y su identidad mientras las obras destruyen casas y árboles y el espacio se lotea al mejor postor" y "los servicios básicos se convierten en escasos e insuficientes".
Entre los barrios cuyos residentes participaron de la marcha se encuentran Villa Ortúzar, Villa Del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita, Colegiales, Chacarita, Palermo, Boedo, Parque Chacabuco, La Paternal, Caballito, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Almagro.
En declaraciones a Télam, Bárbara Rossen, arquitecta y candidata a vicejefa de Gobierno por Unión por la Patria (UxP), aseguró que el movimiento vecinal pidió "que se respete la calidad ambiental, rechazando el Código Urbanístico vigente, que es el que genera este modelo de especulación inmobiliaria que hace que cada día sea más difícil vivir en la Ciudad".
"Hay que construir una Ciudad en función de las necesidades y de manera participativa y esta movilización plantea, claramente, que los vecinos no se sienten parte, no fueron consultados y que la Legislatura tiene la obligación, como casa de la democracia, de ser el lugar donde las políticas se construyan por consenso", señaló.
Juan Chippano, referente del colectivo vecinal de Villa Ortúzar, sostuvo que la convocatoria fue "para manifestar frente al oficialismo de la Ciudad la necesidad que haya un proceso de revisión del Código Urbanístico y que se tome en cuenta la voz de los que vivimos en los barrios".
María Pía, del movimiento barrial de Chacharita, solicitó "la suspensión de nuevas obras y las de demolición hasta que se puedan tratar los proyectos de ley o se hagan las calibraciones al Código Urbanístico", y admitió que pese a la existencia de un canal de diálogo con el Ejecutivo "al día de hoy no tenemos garantía de nada, por eso seguimos manteniendo nuestro reclamo".
Una vecina de Flores, que también participó de la protesta en la Legislatura porteña, contó que frente a su vivienda "tiraron abajo una casa hermosa para construir un edificio con talleres de la industria textil arriba y una galería comercial abajo, lo que resulta muy angustiante porque salgo a caminar y veo que mi barrio ya no es mi barrio".
Por su parte, la legisladora de Unión por la Patria Claudia Neira, quien trabajó con los referentes vecinales en la elaboración de los proyectos parlamentarios, indicó que "hay que poner una fecha ya para el tratamiento" de las propuestas "porque esto tiene que tener un límite". "Estamos en condiciones de aprobar una ley con un 10% de las manzanas de la Ciudad modificadas y que ponga las restricciones adecuadas al Código", precisó Neira.
Cacerolazo contra una torre
Vecinos del barrio porteño de Palermo protestaron hoy contra el inicio de la construcción de una torre de 20 pisos en la zona, al considerar que el emprendimiento inmobiliario será perjudicial porque "generará una disrupción morfológica" y "un colapso de la infraestructura de los servicios públicos".
El reclamo ocurrió en las inmediaciones de la torre proyectada en la calle Lafinur al 3100 y que fue autorizada por una ley de la Legislatura, que avaló el convenio urbanístico alcanzado entre la desarrolladora Proyecto 43 con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En rigor, el acuerdo urbanístico data del 2021 y dispuso una extensión a 60 metros la altura permitida para la edificación prevista y, a modo de compensación, la empresa otorgaría al Estado porteño una cifra que ronda los 6 millones de dólares.
Frente a ello, los vecinos de Palermo, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), radicaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para frenar la obra "por incumplir con las regulaciones vigentes en este tipo de emprendimientos urbanos de alto impacto".
Lucía Ferreti, una de las vecinas de Palermo, dijo a Télam que están "muy enojados porque hace dos años que venimos reclamando la nulidad del convenio que convirtió un proyecto original de un edificio de 11 pisos en un mamotreto de 20 pisos y cinco subsuelos que nos afecta negativamente en muchos aspectos".
Desde el grupo vecinal advirtieron que en las últimas semanas observaron el ingreso de camiones con materiales al predio, por lo que reiteraron su pedido para que la Justicia se expida ya que, señalaron, "la torre que generará una disrupción morfológica en la trama urbana e incrementará la densidad poblacional del barrio incrementando el colapso de la infraestructura de servicios públicos".
Jonatan Baldiviezo, del ODC, dijo a Télam la torre de Lafinur forma parte de "15 excepciones inmobiliarias a través de las cuales empresas desarrolladoras compran normativa urbanística al Gobierno porteño y a la Legislatura sin generar beneficios ambientales a la Ciudad, sino que la única compensación son las prestaciones económicas".
Rechazo oficialista
El bloque oficialista de Juntos por el Cambio (JXC) en la Legislatura porteña rechazó el jueves el tratamiento de los proyectos elaborados por distintos colectivos barriales para modificar la normativa urbanística actual con el propósito de frenar la ola de nuevas construcciones en el distrito.
El bloqueo ocurrió durante la sesión ordinaria en la cual estaba previsto acordar una fecha para al debate de seis proyectos presentados por grupos de barrios como Chacarita y Villa Ortúzar, que plantean cambios al Código Urbanístico, sancionado en 2018, al entender que desde entonces los perjudicó al fomentar los desarrollos inmobiliarios en zonas de casas bajas.
El pedido para acordar la discusión parlamentaria fue hecho por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Claudia Neira, quien reclamó “avanzar con los proyectos de ley elaborados por vecinos y vecinas que sienten que sus barrios sufren un impacto negativo por parte de Código Urbanístico”. “Realmente tienen razón porque el Código destruye la identidad de los barrios y no vemos ninguna razón para no tratar las iniciativas barriales”, remarcó.
Por su parte, Diego García Vilas, presidente del bloque oficialista de Vamos Juntos en JxC justificó el rechazo a que las propuestas sean parte del temario de las próximas sesiones ordinarias al asegurar que “no admitimos que una modificación del Código sea planteada limitando a barrio por barrio”.
“Estamos trabajando en el Ejecutivo de la Ciudad, en una mesa amplia, donde se está recibiendo a los vecinos”, dijo sobre las reuniones de los grupos afectados con funcionarios del área de Desarrollo Urbano.
El miércoles, residentes de más de 20 barrios exigieron al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al bloque oficialista en la Legislatura la declaración de la "Emergencia Urbanística Ambiental" provocada por el fenómeno inmobiliario en el distrito. También, durante una movilización frente al edificio parlamentario, exigieron una respuesta a su petición para poner un freno a la ola de nuevas construcciones que alteran la morfología urbana.
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