Buenos Aires, 27 de setiembre de 2019. En estos días se conoció una nueva reacción sindical, en este caso de APDFA, sobre la pèrdida del "ùnico puerto federal" que le queda al paìs. Luego de que el Partido Justicialista advirtiera sobre presuntas operaciones del Gobierno que buscarían beneficiar a Nicolás Caputo como único operador del Puerto de Buenos Aires, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) envió una nota al presidente de la Nación, Mauricio Macri, advirtiendo que "el avance de dicha política implicaría, a todas luces, un vaciamiento sistemático hacia el único puerto federal que tiene la República Argentina", advirtió la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos.

Antes habían sido los trabajadores de los 19 gremios que conforman la Federación Marítimo Portuaria y de la industria naval (Fempinra) los que denunciaron una maniobra por parte de las autoridades nacional de transporte dirigida a achicar y transferir el control del puerto de Buenos Aires por los próximos cincuenta años a una empresa extranjera ligada al actual presidente de la Nación, por medio de su hermano de la vida. Del proyecto derivaría, además, un megaproyecto inmobiliario en una de las zonas más cotizadas de la Capital Federal, que en la práctica se convertiría en una extensión del actual Puerto Madero hacia el norte, en la cual el metro cuadrado construido se cotiza por encima de los 10 mil dólares. Lo dijeron el 27 de julio, dos meses atrás, pero la noticia no tuvo mayor repercusión.

Decían que "La única terminal que quedaría operando, en reemplazo de las tres existentes en la actualidad, sería monopolizada por 50 años por una empresa con sede en Singapur, que quedaría vinculada al megaproyecto inmobiliario por la relación con el empresario Nicolás "Nicky" Caputo, que junto a Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, estarían en disposición de llevarlo adelante", sostuvieron dirigentes de los mencionados gremios en encuentros que mantuvieron con el ex diputado nacional Claudio Lozano (Unidad Popular), el senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) y el diputado Walter Correa (Unidad Ciudadana), para interesarlos sobre la maniobra gubernamental, que pretendería concretarse antes del 10 de diciembre, fecha de traspaso del mando a un nuevo gobierno. Lozano comprometió el apoyo de Unidad Popular para impulsar la construcción de un espacio multisectorial para impedir que se consume la licitación. Unidad Ciudadana llevó el tema al Congreso y reclamó la citación a Dietrich para que expliquen los términos del proyecto. 

Previamente, a fines de junio, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, había solicitado la presencia en el parlamento del ministro Dietrich y el interventor del Puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, para que respondan sobre las razones que motivan la reducción de tres operadores portuarios a sólo uno, además de otras demandas referidas a la extensión a 50 años de la concesión, a la ausencia de estudios de impacto ambiental por las construcciones proyectadas ganándole nuevos espacios al río, y a la situación de los trabajadores afectados, según cita la página web Infonews del 28 de junio.

APDFA alertó que "cualquier medida que pretenda adoptarse con la finalidad de materializar la transferencia jurisdiccional del Puerto Buenos Aires en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin la previa intervención del Poder Legislativo, implicaría que el Estado Nacional se está arrogando prerrogativas que no tiene y, lo que es peor, demuestra a las claras la voluntad del poder político gobernante de despojar a la Nación del pleno ejercicio del control soberano sobre su comercio exterior".

En la nota que enviaron a Macri remarcan que "la transferencia del Puerto Buenos Aires a la Ciudad Autónoma no sólo importará una sensible limitación al ejercicio de control, fiscalización y fomento del Poder Ejecutivo sobre su comercio exterior", sino que además "violentaría la norma del art. 15 bis de la ley 25.917 que dispone la expresa prohibición, durante los dos últimos trimestres de mandato, de cualquier disposición legal y administrativa que implique la donación y/o venta de activos fijos del Estado nacional".

El Ministerio de Transporte de la Nación y el Gobierno de la CABA "avanzan sobre un proyecto de convenio urbanístico sobre los terrenos que conforman Puerto Sur, con la finalidad de vender, subastar y desarrollar un polo urbano sobre la zona", advirtió el sindicato. El proyecto tiene como uno de sus principales impulsores a Caputo, ligado a la operadora PSA, de Singapur, firma candidata a la adjudicación de la concesión de las terminales del Puerto de Buenos Aires en la licitación nacional planificada para antes de fin de año. Para ello, el Estado nacional debería transferir al porteño unas 110 hectáreas actualmente afectadas al uso portuario; transferencia que requiere de una ley del Congreso Nacional, aunque se imaginan atajos de aparente legalidad para sortear el requerimiento. Caputo fue designado recientemente cónsul argentino en Singapur por la administración Macri.

En tanto, en comunicado de prensa difundido por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, se afirma:

"En la jornada de ayer, a partir de una nota periodística publicada en el portal Bae Negocios bajo el título “Una transición en marcha para proteger a Macri y refugiarse en la Ciudad”, tomamos conocimiento de la intención del gobierno de concretar el traspaso de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA al ámbito de la C.A.B.A.

La necesidad de refugiarse en esta jurisdicción no es solo parte de la estrategia de salida de funcionarios actuales de la administración nacional, luego del resultado de las elecciones del mes de agosto, en las cuales casi el 70% de la ciudadanía expresó su voluntad de manera contundente.

Esta medida apunta, además, a trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades off shore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A., bajo la órbita de la Ciudad.

Es de público conocimiento que en esta administración se registraron numerosos casos de funcionarios públicos con participaciones en sociedades off shore, así como también participaciones societarias a nivel nacional, y las graves particularidades del concurso preventivo del Correo Argentino que fuera propiedad de la familia presidencial cuya incidencia afecta en forma directa al patrimonio del Estado Nacional Argentino.

Otras funciones que posee dicha inspección, corresponden al control de asociaciones civiles y fundaciones, siendo también de público conocimiento los casos en los que miembros de la administración actual han sido cuestionados.

La nota periodística señala que los trabajadores de la IGJ recibieron avisos de sus superiores en los que se les informaba que el gobierno se preparaba a poner en marcha la ley que fuera aprobada en 2008, para la creación de la IJG porteña. Por tal motivo resolvieron, luego de una asamblea, decretar un paro para este jueves 26 bajo la consigna “No al DNU del traspaso de la IGJ a C.A.B.A.”

A ello debe sumarse que por estos días y luego de tres años, se integró la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ante la cual tramita la causa judicial que traba la puesta en marcha de esta Inspección porteña, cuya inconstitucionalidad fuera planteada oportunamente por la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Son conocidas las maniobras de injerencia sobre la justicia -sea PJN o MPF- a las que debe adicionarse la falta de declaración de emergencia judicial ocasionada las paupérrimas condiciones (edilicias, de sistema informático, de dotación de personal y cantidad de dependencias) en que se desarrollan las tareas cotidianas.

Por todo esto, las y los judiciales le decimos NO AL TRASPASO, que viene a configurar otra embestida contra la justicia, pretendiendo digitar desde un gobierno local la vida de las empresas y con ello otorgar impunidad a los amigos de turno."

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