Buenos Aires, 27 de agosto de 2021. El jueves de la semana pasada, sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece para este tipo de proyectos, la legislatura porteña aprobó el emprendimiento Costa Urbana. Este mega proyecto de torres de 145 metros de altura en la Costanera Sur, ha sido calificado por las organizaciones ambientalistas como "la síntesis del mayor saqueo de tierras públicas de la historia de la Ciudad. Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la reserva ecológica: impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento de las aguas y de los vientos." Afirman que a "contramano de la crisis climática y sanitaria, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales."

La bicicleteada en reclamo de la preservación de los espacios verdes y públicos en la Costanera fue expresión del movimiento ciudadano que promueve la recuperación del frente ribereño para el goce de todos. Sus impulsores afirman que "Así como el año pasado logramos frenar la venta de Costa Salguero, frenaremos Costa Urbana." En ese camino, cientos de espacios y asambleas urbanas, ambientales, feministas, sociales, sindicales y políticas presentaron en la legislatura un proyecto alternativo con más de 5000 firmas para recuperar estas 71 hectáreas de humedales y transformarlas en una nueva reserva ecológica. 

Promotora de esa movida, la Ing. María Eva Koutsovitis, que es Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, afirma respecto del emprendimiento inmobiliario de IRSA que promueve Larreta: “Este proyecto tiene que ver con una concepción privatista de la ciudad, heredada de la década del 90 y profundizada durante la gestión del PRO, que antagoniza con los modelos urbanos más actuales basados en la democracia ambiental. Insistir con consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor.”

Por su parte. Alejo Caivano, abogado y fundador de La Defensoría de Laburantes, valoraba la bicicleteada como "el primer paso de la campaña costanera verde publica para visibilizar la falta de acceso de vecines de la ciudad y del AMBA a la costa porteña. Este Humedal, uno de los pocos que quedan, lo defenderemos con todas nuestras energías. No queremos especulación inmobiliaria sino una nueva reserva ecológica pública".

También se expresó Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa que frenó la venta de Costa Salguero y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “La Legislatura nuevamente ha decidido violar la Constitución de la Ciudad al no respetar el mandato constitucional de recuperar la Costanera para el uso común. La democracia participativa y ambiental ha quedado nuevamente supeditada al negocio de una empresa, en este caso, IRSA. La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria a capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más."

Por último, Claudio Lozano, economista y presidente de Unidad Popular, señaló que “Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó a la clase política que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario”.

La audiencia pública por el proyecto de privatizar la Costanera Sur para que el Grupo IRSA construya un barrio de torres de lujo, ya tiene fecha en la Legislatura porteña. Comenzará el 15 de octubre y los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires podrán inscribirse a partir del 15 de septiembre. A raíz de la convocatoria, las organizaciones que se oponen al convenio entre IRSA y el GCBA recordaron que el proyecto llega a la audiencia "sin estudio de impacto ambiental", al tiempo que la oposición porteña llamó a participar de forma masiva contra el proyecto que ya cuenta con aprobación del larretismo en primera lectura. Apuestan a replicar el antecedente de la histórica audiencia por la privatización de Costa Salguero, que se extendió por tres meses con la inscripción de más de 7000 ciudadanas y ciudadanos.

El jueves 5 de agosto, la Legislatura iba a tratar el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021, pero una medida judicial suspendió el tratamiento. La misma fue levantada por otra instancia judicial y la Legislatura, sin obstáculos legales, avanzó con el trámite parlamentario.

El 19 de agosto, en sesión ordinaria, la Legislatura votó el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 con 37 votos a favor y 20 negativos. Los bloques que votaron a favor fueron los del Bloque del Pro, Coalición Cívica, Socialismo, Confianza Pública, Evolución.

Esta votación se realiza violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa a este tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente. A la violación de la democracia ambiental y participativa se suma la gravedad institucional de votar un proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).

Así, sin respetar las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para la sanción de leyes de este tipo, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario impulsado por el GCBA y el Grupo Irsa, llamado Costa Urbana.

¿Qué implica el proyecto Costa Urbana? El GCBA le otorga a IRSA la posibilidad de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados, destruyendo un humedal costanero. Las torres estarían dedicadas principalmente a viviendas suntuosas pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.

Esto se debe a que el 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se otorga a IRSA la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.

Este grupo inmobiliario compró los terrenos a 51 millones de dólares. Con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo. Un negocio neto del Grupo IRSA de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares.

Desde diversas organizaciones sociales fue presentado un Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 alternativo en la Legislatura de la Ciudad para "declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación", la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una Reserva Ecológica.

Este proyecto de ley se titula "Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur-Nuestro Río", y fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, con el acompañamiento de más de 220 asambleas y espacios colectivos.

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