Legislativas | Costanera sur

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Negociado recargado

Larreta otorga más beneficios a IRSA en el convenio para levantar torres en Costanera Sur. Por un tecnicismo todos los terrenos del nuevo Puerto Madero podrían quedar en manos de IRSA. En por un agregado al convenio original que ahora llegó a la Legislatura y que abre las puertas a una interpretación que favorece a IRSA y perjudica al gobierno porteño. El trámite tiene fecha del 9 de agosto. Diputados de la ciudad mostraron su preocupación ante la iniciativa al advertir "una ventaja para el desarrollador inmobiliario". El tratamiento del proyecto se encuentra suspendido por la Justicia. En tanto, organizaciones ambientalistas reclaman la expropiación del predio y su conversión en una nueva reserva ecológica. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 13 de agosto de 2021. El Gobierno porteño y la empresa IRSA, propietaria de un terreno en la Costanera Sur donde se proyecta la construcción de torres de 45 pisos, firmaron una modificación al convenio urbanístico que habilitó el emprendimiento en la ribera, que contiene cambios en los alcances que tendrá la cesión de tierras al Estado contemplada en el acuerdo.

La adenda al convenio urbanístico, a la que tuvo acceso la agencia de noticias estatal Télam, tiene fecha del 9 de agosto y fue enviada por la administración porteña a la Legislatura, mientras que algunos legisladores de los bloques de la oposición mostraron su preocupación ante la iniciativa al advertir sobre "una ventaja para el desarrollador inmobiliario".

En rigor, el convenio urbanístico alcanzado el 19 de julio, en su redacción original, dispone el reemplazo de la normativa urbana que rige en las 71 hectáreas del predio situado en la Costanera Sur para habilitar la construcción de edificios de altura y, a modo de contraprestación, IRSA, dueña del predio, entregará al dominio público de la Ciudad una parte de las tierras.

Tras la aprobación del proyecto en comisión y su inclusión en el temario de la sesión pasada las acciones de la desarrolladora inmobiliaria subieron un 28% en la bolsa Argentina, mientras que los títulos de IRSA en la bolsa de Nueva York saltaron casi un 20%.

En ese marco, remitió a la Comisión de Planeamiento de la Legislatura el texto que propone cambios a tres cláusulas del convenio original, las que están vinculadas a las figuras jurídicas bajo las cuales se formalizará el traspaso del sector del predio que pasará al Estado porteño.Según el nuevo acuerdo la empresa podría quedarse con la propiedad del megaparque de Puerto Madero que en un principio iba ceder a la Ciudad.

En el proyecto original, que ya tuvo dictamen en la comisión de Planificación, la normativa estipulaba que IRSA iba a "transferir al dominio del GCBA" 338 mil metros cuadrados, el equivalente al 47.22% del total del terreno. Esa cesión incluía las calles, veredas y el terreno que ocuparía el nuevo parque público. La adenda, en cambio, habla de una cesión "gratuita al dominio público del GCBA" de esas mismas tierras.

"El dominio (a secas) es el derecho real de propiedad consagrado en el Código Civil y Comercial, implica que una cosa es tuya. En el caso de los bienes inmuebles, la cesión de ese derecho se materializa con una escritura", explicó Gabriela Muzio, arquitecta y especialista en normativa urbanística.

"El dominio público es otra cosa, que tiene que ver con el uso colectivo de los bienes. Ceder el dominio -propiedad- de una cosa y ceder una cosa al dominio público no es lo mismo. Eso abre una zona más que difusa que deja una puerta abierta para que IRSA nunca ceda efectivamente la propiedad de la tierra que el Código Urbanístico ordena ceder a la Ciudad", agregó Muzio.

Cambio suspendido por orden judicial

El acuerdo requiere de la aprobación de la Legislatura para entrar en vigencia, no obstante el tratamiento parlamentario del tema está suspendido debido a una orden judicial que determinó que el Gobierno porteño debió realizar una serie de procedimientos -como una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental- antes del envío el expediente a los diputados.

Al respecto de los nuevos cambios, el legislador porteño del Frente de Todos Javier Andrade, en Twitter, manifestó que "nos desayunamos que Horacio Rodríguez Larreta acaba de firmar una modificación al convenio con IRSA. El nuevo texto consolida las ventajas para el desarrollador inmobiliario y abre la puerta para que IRSA nunca ceda efectivamente la propiedad de la tierra que debe entregar a la Ciudad". "Es insólito que el Jefe de Gobierno de la Ciudad no cuide los recursos y el patrimonio de todxs lxs ciudadanxs, y se dedique constantemente a gestionar para consolidar los privilegios de los grupos económicos concentrados", agregó.

Por su parte, el presidente del bloque de Vamos Juntos, Diego García Vilas, dijo a Télam que la adenda diferencia la cantidad de metros cuadrados de cada uno de los espacios que quedarán para el Estado porteño a través de "una cesión, una transferencia y la constitución de servidumbre", lo que no estaba especificado en la redacción original del convenio.

El otro proyecto

Organizaciones ambientalistas proponen expropiar los terrenos de IRSA en Costanera Sur para crear una nueva reserva ecológica. Diferentes espacios políticos y ambientales presentaron un proyecto para "declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación" la parcela de 70 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca, donde se pretende construir una urbanización.

Organizaciones ambientales, políticas y sociales presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para "declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación" la parcela costera de unas 70 hectáreas, conocida como ExCiudad Deportiva de Boca, donde la empresa IRSA, su propietaria, busca construir una nueva urbanización con edificios de hasta 45 pisos.

Entre las organizaciones que impulsan la iniciativa están el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Capital.

"El proyecto, presentado por más de 200 espacios colectivos y con el apoyo de más de 2.000 firmas, propone destinar este predio a una nueva reserva ecológica. Esto le aportaría un importante pulmón verde a Buenos Aires, una de las ciudades con menos superficie verde por habitante en el mundo", dijo este miércoles a Télam María Eva Koutsovitis, coordinadora de CLIC. Agregó que la nueva reserva "permitiría preservar y recuperar el humedal costero y afrontar las amenazas de origen natural, es decir las inundaciones y las olas de calor".

En lo formal, el proyecto fue presentado en la Legislatura por Koutsovitis, pero cuenta con la adhesión colectiva de unas 200 agrupaciones y la firma de más de 2.000 ciudadanos y ciudadanas porteñas.

Las organizaciones afirman que la parcela del Grupo IRSA, en la Costanera Sur de la ciudad, se ve afectada por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que "el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad".

Puntualmente, el predio se encuentra al sur de la Reserva Ecológica existente, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y frente a la urbanización Puerto Madero. En este sentido, las organizaciones también citaron dos artículos de la Constitución porteña: el número 8, que dispone que los "espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación", y el 27, que establece la "protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común", por su importancia para el cuidado del medio ambiente.

En base a estas y otras normas, las organizaciones pidieron que se declare la "nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal". "El proyecto presentado por el Gobierno porteño para construir torres de 145 metros de altura en el predio que iba a ser históricamente destinado a una Ciudad Deportiva, es la síntesis de un absurdo ambiental", dijo Koutsovitis.

Y explicó que "los consensos globales en el marco de la crisis climática definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar el ascenso del nivel de las aguas, para recuperar y preservar los humedales y también para generar biocorredores que ingresen desde la costa y atenuar el efecto de isla de calor urbano".

Por último, consideró que la propuesta de IRSA y el Gobierno porteño va "a contramano del mundo", ya que "va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la ciudad y va a generar un conjunto de impactos negativos en relación al impacto del sol, a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas".


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