Buenos Aires, 18 de octubre de 2019. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemorará el trigésimo aniversario de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que significó un nuevo paradigma en su reconocimiento como sujetos de derecho.

Aquel texto fue elaborado durante 10 años con los aportes de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, entre ellos, un grupo de asociaciones argentinas encabezado por Abuelas de Plaza de Mayo. En sus 54 artículos reconoce a los niños el derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones. Además es también modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de la sociedad humana.

La Convención adoptada y abierta a la firma y ratificación de la ONU por Resolución 44/25, es un tratado internacional por el que los Estados que lo ratifican deben asegurar de manera obligatoria que los menores de dieciocho años gocen de los derechos contenidos en él, sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición del niño/a, de sus padres o representantes legales, por ejemplo, el derecho a la alimentación.

La adhesión de 190 países representa hasta el momento el tratado más ampliamente ratificado en el mundo.

La Argentina ratificó en 1990 y cuatro años después le otorgó rango constitucional. Desde entonces está obligada a garantizar esos derechos a los niños, niñas y adolescentes que viven en el territorio nacional. Existen tres protocolos a los cuales adhirió nuestro país. Dos relativos "a la venta de niños y la prostitución infantil" y "a la participación de los niños en conflictos armados". Y en 2014 adhirió al tercer Protocolo Facultativo que habilita a los niños cuyos derechos han sido vulnerados y sus reclamos han sido desoídos en la justicia de sus países de origen, a recurrir a la ONU como mecanismo de protección y defensa.

Actualmente, la situación en diferentes países denunciada por UNICEF y reflejada en estudios estadísticos es un alerta para el diseño y ejecución de políticas sociales que tiendan a promover derechos.

Para evaluar la implementación de las políticas de protección existe un Comité de los Derechos del Niño con sede en Ginebra -Suiza- conformado por expertos independientes en la materia y este año ha sido nombrado como su presidente, por primera vez, un latinoamericano, Luis Pedernera.

El proyecto aprobado el jueves es autoría de las diputadas María Luisa González Estevarena, Paola Michieloto (VJ), Andrea Conde (UC) y tuvo despacho favorable por parte de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

El Cuerpo Parlamentario adhirió a la conmemoración del "Día Universal del Niño", a celebrarse el 20 de noviembre próximo y a todas las actividades que se realicen en el marco de esa fecha. La iniciativa fue impulsada por los diputados Paola Michielotto, Daniel Del Sol, María Sol Mendez y Eduardo Petrini (VJ) y despachada por la Comisión asesora en la temática.

La Asamblea General de la ONU recomendó en el año 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Naciones Unidas celebra ese Día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre sus Derechos ocurrida treinta años después.

El 19 de noviembre de cada año se conmemora el "Día mundial para la prevención contra el abuso infantil" y a esa fecha adhirió también la Legislatura porteña por una presentación de la diputada Paola Michielotto y sus pares Ariel Álvarez Palma, Héctor Jorge Apreda y Daniel Del Sol (VJ).  

El abuso infantil es un problema universal que existe desde hace miles de años pero fue en 1959 con la Declaración de los Derechos del Niño cuando se consideró como un delito que trae profundas y graves repercusiones psicológicas, sociales, legales y médicas.

Estudios internacionales revelan que aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que un 25 a 50% de los niños, niñas y adolescentes refieren maltratos físicos. Además, otros muchos son objeto de maltrato psicológico -también llamado maltrato emocional- y víctimas de desatención.

Existen leyes que tienen entre sus objetivos la detección precoz del abuso. La Educación Sexual Integral es una de ellas, establecida a nivel nacional por la Ley N° 26.150 y a nivel local por la N° 2.110. "La importancia de su efectiva implementación radica en que a través de sus contenidos, se promueven los derechos de esta población al respeto y cuidado de cada cuerpo, así como se capacita al cuerpo docente a identificar posibles situaciones de vulneración de derechos" destacan los fundamentos del despacho de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

El foro Interdisciplinario sobre primera infancia y desarrollo humano "Nuevas infancias; desafíos para un abordaje integral e innovador" fue declarado de interés educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto se debe a los legisladores González Estevarena y Petrini (VJ).

Se realizará en nuestra Ciudad con el propósito de "mirar cuál es la situación de la infancia hoy no desde una perspectiva diagnóstica sino desde una mirada política, programática y proyectiva que permita pensar y consensuar cuáles son los caminos estratégicos y las políticas públicas necesarias para los próximos años en pos de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes", señalan los fundamentos. Tendrá lugar el 20 de noviembre del corriente año en el auditorio anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de 8 a 14 horas con entrada libre y gratuita.

Por presentación de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud sobre un proyecto del diputado Apreda (VJ) la Legislatura declaró de interés la estrategia "Principio de economía procesal para evitar revictimización".

La estrategia presentada por la Fundación Juanito en el marco de la iniciativa de la ONU "Inspire: siete estrategias para poner fin a la violencia contra niñas y niños", convoca a organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, organizaciones de base, entidades de gobierno municipal, provincial y/o nacional con el objetivo de mapear y dar visibilidad a los programas que se desarrollan en torno a las siete estrategias propuestas por Inspire, otorgando a las iniciativas seleccionadas la posibilidad de presentar su trabajo frente a tomadores de decisión tanto de organismos nacionales como internacionales.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se propone la implementación de equipos interdisciplinarios en la evaluación de los expedientes a fin de generar un control de legalidad en todas las instancias, tanto en la primera como en la Cámara para evitar iniciativa o que se revictimice a los/as niños/as y/o adolescentes que han atravesado situaciones de vulneración de sus derechos. Se pretende que las evaluaciones de la situación no sean múltiples, y se pueda considerar la situación de manera integral, interdisciplinaria y así poder decidir en todas las instancias.

A partir de la Resolución 353 del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires se creó el Programa "Abrazar" que plantea entre sus objetivos la vinculación entre adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales y personas externas, a las que denomina en los llamados a inscripción del Consejo "referentes afectivos".

En el marco legal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - de rango constitucional- así como de la Ley 114 de nuestra Ciudad, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la nación -N° 26.061 hubo consultas, preocupaciones y/o observaciones que organizaciones de la sociedad civil plantearon sobre la implementación del mencionado programa así como sobre su relación con el Programa de Acompañamiento para el Egreso, sancionado por ley nacional N° 27.364 y el programa "Mi Lugar" que se dirigen a la misma población de referencia.

El Cuerpo Legislativo porteño presentó este jueves al Ejecutivo un cuestionario sobre su funcionamiento y articulación. El proyecto de la diputada Montenegro (UC) fue despachado por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

También el Ejecutivo deberá informar sobre la Línea telefónica 102 de asistencia a niñas, niños y adolescentes creada en el marco de la Ley 1688 e implementada por resolución 77 del año 2008 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2882.

La atención que ofrece el servicio es la de un espacio de escucha y contención, un dispositivo para pedir ayuda, de atención gratuita, confidencial, que coordina con otras instituciones que trabajan en la protección de derechos.

"Conocer la estadística del funcionamiento de la línea permitirá dimensionar las problemáticas que viven las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y de este modo disponer los recursos para asistir aquellas cuestiones más acuciantes" sostienen los fundamentos. Y agregan que "en cuanto a la difusión de la existencia de la línea telefónica 102, las estrategias comunicacionales que el programa despliega son fundamentales para garantizar el alcance de la asistencia y facilitar el acceso de quienes requieren de asesoramiento, acompañamiento y protección".

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