Buenos Aires, 11 de octubre de 2019. A pesar de que los porteños votan en gran medida al macrismo desde hace doce años, el Jefe de Gobierno viene perdiendo terreno en la consideración de sus electores a partir que salen a la luz informaciones como la que encabeza esta nota, donde se percibe cómo negocian con la plata y el espacio público de todos los porteños. Pero detrás de los parquímetros hay mucho más. Por ejemplo, que dos empresas operan monopólicamente el acarreo de vehículos desde hace 28 años aunque tienen la concesión vencida desde hace mucho. Son Dakota S.A. y BDR SAICFI. Por su función pagan 55 mil pesos de canon mensual, pero recaudan alrededor de 12,5 millones por mes cada una y el Gobierno solventa los sueldos de los agentes de tránsito que acompañan las grúas y pone las playas de acarreo. Lejos de optimizar el uso del espacio público (los espacios disponibles para estacionamiento en calles porteñas), el estacionamiento regulado sólo tiene un fin recaudatorio. 

En un contexto de creciente crisis económica y social, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires deberán pagar además por estacionar frente a sus casas. En caso de triunfar en las elecciones del 27 de octubre, Horacio Rodríguez Larreta finalmente impondrá en las calles 80 mil nuevos estacionamientos medidos y se instalarán 10 nuevas playas de acarreo para llevarse los autos en infracción. Se trata de un negocio que estuvo frenado por medidas judiciales pero que el gobierno ya logró sortear y sólo espera que finalice la campaña para ponerlo en marcha. La noticia dejó al descubierto además el escandaloso negocio que está concentrado en dos empresas que operan de manera monopólica hace 28 años, pagan 55 mil pesos de canon mensual, recaudan alrededor de 12,5 millones por mes y mientras que los sueldos de los agentes los paga el Gobierno, entre otras irregularidades.

Los cuestionamientos a la ley no sólo pasan por la imposición de un nuevo gasto para los vecinos de la ciudad, que tendrán que pagar por estacionar frente a sus propias casas, sino también por los beneficiarios de un negocio multimillonario que, como si fuera poco, tiene un alto costo que asume el propio gobierno de la Ciudad mientras la plata se la llevan otros. La ecuación estacionamiento medido - grúa es un negocio que estableció en 1991 el entonces Intendente Carlos Grosso -según recordó en la legislatura porteña el diputado Sergio Abrevaya- en beneficio de Dakota S.A. y BDR SAICFI. Desde 2001, ambas empresas que operan de manera monopólica, tienen las concesiones vencidas. Gracias a prórrogas otorgadas por los gobiernos de los últimos 17 años pudieron seguir operando.

La legisladora porteña María Rosa Muiños denunció que a pesar de que el Gobierno de la Ciudad se negó a responder los pedidos de informes realizados por ella, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el 2 de julio de este año un vecino de la CABA pudo saber que cada una de las empresas paga un canon mensual de 55 mil pesos al gobierno. Sin embargo, como la ley establece que para acarrear un auto debe intervenir un agente público, el propio Gobierno de la Ciudad tiene asignados 118 agentes de tránsito a la operación de la empresa BDR y 96 a la empresa Dakota. Pocas semanas atrás, cuando Eugenio Veppo atropelló a Cinthia Choque y a Santiago Siciliano, las condiciones de trabajo de los agentes quedaron expuestas. Además de estar hiper precarizados, cobran salarios de alrededor de los 20 mil pesos. Es decir, que el canon mensual que abonan las empresas, sólo llegaría a cubrir poco más de dos sueldos por mes que, además, paga el gobierno. La empresa Dakota, según el mismo informe, realiza alrededor de 7100 acarreos mensuales, mientras que BDR 7000. Es decir que, si se estima el costo actual de 1800 pesos por acarreo, Dakota estaría recaudando alrededor de 12,78 millones de pesos mensuales y BDR 12,6 millones por mes. "Podemos hacer un cuadro de situación interesante: las playas las pone la ciudad, los sueldos los paga la ciudad, los agentes de tránsito los provee la ciudad y las ganancias se las llevan estas dos empresas desde hace 28 años en una situación absolutamente irregular", sostuvo Muiños.

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