Buenos Aires, 12 de julio de 2019. Según un relevamiento presentado por el Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), que recopiló las subastas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2019, el Ejecutivo nacional, por intermedio del Gobierno porteño, remató 53 inmuebles, lo que equivale a 1,2 millones de m2 y una recaudación superior a los US $ 953 millones, destinados a financiar nuevas obras públicas. Ese monto de disminución del patrimonio estatal debe sumarse al endeudamiento tomado para financiar las mismas iniciativas, de bajo impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En la divulgación de las conclusiones de su trabajo, el CPAU explicó que el mapa conforma "muestra información georreferenciada de los bienes de Estado sobre los cuales se inicia un proceso de remate o enajenación". Margarita Charriére, directora del Observatorio, afirmó que "claramente estamos apuntando a un sector de la Ciudad", haciendo referencia a las comunas 1 y 13 (donde se ubican la mayoría de los proyectos urbanos). La especialista señaló que la justificación estatal pasa por el financiamiento de la obra pública. Sin embargo, no coincidió que "sirva exclusivamente para pagar la obra pública". Por el contrario, sostuvo que Buenos Aires "tiene que tener un equilibrio entre no ser solamente una ciudad de servicios, posibilitar diversidad de población y usos. Ese tema no está cuidado".

Esta investigación y sus conclusiones promovieron un inédito pronunciamiento institucional de los Colegios profesionales directamente involucrados, que se expresó en una carta que remitieron el mes pasado al presidente Macri, con la firma de sus máximas autoridades. El Centro Argentino de Ingenieros (CAI), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) coincidieron en el siguiente pronunciamiento.

"Buenos Aires 14 de junio de 2019

Señor

Presidente de la Nación Argentina lng. Mauricio Macri

Presente

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De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en orden a remitirle la nota suscripta por las siguientes entidades profesionales: Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civi (CPIC) y Sociedad Central de Arquitectos (SCA), en la que manifestamos nuestra preocupación con respecto a la subasta o enajenación de inmuebles del estado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2017 y 2018.

Sin otro particular, saludan muy atentamente.

Ing. Sgrelli - Presidente CPIC; Arq. Bekinschtein - Presidente SCA; Arq. Marelli - Secretaria CAI; Arq. Del Puerto - Presidente CPAU.

 

Las entidades firmantes Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y Sociedad Central de Arquitectos (SCA), teniendo a la vista el mapa elaborado por el Observatorio Metropolitano del CPAU que recopila información y la localización de inmuebles, dominio del ESTADO NACIONAL, que se encuentran en proceso de subasta o han sido enajenados durante el periodo 2017-2018 dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han resuelto emitir y difundir la siguiente declaración conjunta:

Entendemos que, la sumatoria de estas operaciones vista en su conjunto, representa una política de venta de tierras públicas sobre la cual no se ha evaluado de forma integral su impacto en el marco del desarrollo y la planificación de la Ciudad .

Este proceso tiene como denominador común la enajenación del suelo público por medio de subastas individuales, otorgando normas urbanísticas particulares, que habilita la transferencia de renta urbana al sector privado bajo la forma de proyectos de obras o emprendimientos inmobiliarios, para usos residenciales y de oficina. En lo que respecta al soporte legal de estas acciones, es importante destacar que la consumación de la venta de suelo público debe seguir una serie de procedimientos para su aprobación, radicando su legitimidad en constituirse como emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social.

Entre 2017 y 2018 más de 40 inmuebles nacionales iniciaron procesos de subasta, incluyendo predios con una localización y dimensiones relevantes a escala urbana, según se puede ver en el mapa on-line realizado por el Observatorio Metropolitano.

Vale recordar que el tratamiento urbanístico de los inmuebles estatales no está contemplado cabalmente en el nuevo Código Urbanístico.

Los inmuebles estatales constituyen, en su conjunto, un bien limitado y por ello un recurso invaluable. Es importante, por la propia entidad del tema, poner en discusión el proceso de privatización de la tierra pública en un marco amplio de análisis, basando su desarrollo en el beneficio común, e incluyendo las operaciones en una dinámica integradora de la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se recomienda para todo proceso de enajenación, considerar la incidencia en cuanto a plusvalías urbanas (o en algunos casos minusvalías) que se producen al transferir inmuebles a desarrollos comerciales privados con normas urbanísticas especiales. Este concepto forma parte de las modificaciones aprobadas en el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad .

A partir de la evidente incidencia territorial de las acciones impulsadas por el Estado Nacional, y la necesidad de un abordaje desde la planificación urbana, a partir de visualizar las operaciones contextualizadas en una cartografía de conjunto, las entidades firmantes ofrecen su colaboración una vez más, para diseñar un programa de desarrollo urbano que contemple integralmente los espacios públicos y nuevos proyectos, su funcionalidad para el bien común, considerando las necesidades actuales y futuras de equipamiento e infraestructura, así como el impacto urbano que genera la inclusión de grandes predios en el desarrollo urbano general, evaluando la pertinencia social, económica y financiera de las operaciones, dando un marco conjunto a las acciones individuales".

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