Buenos Aires, 15 de marzo de 2019. En el marco de un fuerte operativo de seguridad en el Centro Cultural Adán Buenosayres ubicado en Parque Chacabuco, se desarrolló este miércoles con relativa normalidad la audiencia pública para aumentar el boleto de Subte a $19 desde abril y a $21 desde mayo. El incremento había sido anunciado por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, junto con los aumentos de tarifas de trenes y colectivos, a fines de diciembre pasado, como si la ciudad fuese una dependencia del gobierno federal. 

La audiencia pública había sido convocada en febrero. Aunque no es vinculante, es un paso obligatorio para que el incremento pueda comenzar a aplicarse. Al igual que en anteriores ocasiones, el encuentro inició con una exposición por parte de representantes de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), encabezados por el presidente de la empresa, Eduardo de Montmollin, quienes justificaron el incremento por el aumento de los costos operativos y la necesidad de reducir los subsidios.

En contra del aumento expusieron enviados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por el Defensor Adjunto Arturo Pozzali y el director de Transporte y Telecomunicaciones, Federico Conditi; de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), representada por su secretario general, Roberto Pianelli, el secretario de Prensa, Enrique Rossiti, y el delegado Claudio Dellecarbonara, de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que estuvo representada por su vicepresidenta Lucía Cámpora, y varios legisladores porteños de la oposición, como Mariano Recalde (Unidad Ciudadana), Patricio del Corro (PTS/Frente de Izquierda), Gabriel Solano (PO/Frente de Izquierda), entre comuneros y otros.

Por su parte, miembros del Laboratorio de Políticas Públicas denunciaron a través de las redes sociales que "no los dejaron pasar" ya que la capacidad de la sala estaría colmada, aunque en las fotografías se pueden ver los espacios vacíos.

Pozzali y Conditi coincidieron en destacar que el hecho de que la tarifa suba por encima del ritmo inflacionario representa un abuso para el usuario, y que no considerar el acceso al transporte como un derecho de los porteños atenta contra los valores de igualdad expuestos en la Constitución local. La exponencial caída en el presupuesto que el servicio de subterráneos percibe empeora también la situación. 

En su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto afirmó que es fundamental que el sistema de subterráneos regrese a la gestión pública, ya que de lo contrario lo único que se logrará es financiar una empresa privada que elige no invertir en mejoras estructurales del servicio. Pozzali también subrayó que a pesar de tener uno de los boletos de subte más baratos la Ciudad tiene una de las redes más pequeñas, lo que provoca que muchos usuarios deban utilizar otro medio de transporte para llegar a él y destinar una mayor proporción de sus gastos al transporte.

A su turno, el responsable de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría planteó que el aumento propuesto por SBASE "se ubicará por encima de la inflación efectiva durante el período 2018-2019 debido a que pretende reducir la incidencia de los subsidios sobre los costos operativos del servicio. Si se considera el valor de la tarifa en el mes de mayo de 2018 y su valor a mayo de 2019, el incremento será del 180%. Y si se analiza la evolución de la tarifa del servicio respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, se observa un incremento del 133% en la incidencia del costo del transporte respecto al ingreso mínimo de los trabajadores. Por ese motivo, es opinión de la Defensoría que, dado el nivel alcanzado, los futuros incrementos tarifarios no podrán superar la variación del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Conditi también señaló que "debe facilitarse el acceso a la tarifa social de transporte y los pases para jubilados y pensionados, implementándose el beneficio a través de la tarjeta SUBE y evitando trámites presenciales. No puede excluirse de ninguno de estos beneficios a grupos sociales vulnerables que perciban algún plan o pensión social de otra jurisdicción que no sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Al mismo tiempo, recalcó que "es necesario afrontar un plan de inversiones que contemple la extensión de la red, la mejora en el servicio, la renovación de material rodante de las líneas más rezagadas y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la normativa internacional vigente –Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -, en materia de accesibilidad. El transporte es un derecho social, que garantiza la concreción de otros derechos consagrados en la Constitución como el derecho a la educación, la salud y el trabajo. Por lo tanto, el subte no es un gasto sino una inversión social".

Por último, insistió en la necesidad de que se realice "una audiencia de los servicios de transporte público unificada, a fin de tratar la política integrada del sistema de transporte, contemplando costos, objetivos, franquicias especiales para determinados grupos sociales y unificar los mecanismos de instrumentación para las mismas. No puede discutirse el aumento de la tarifa del subterráneo sin comprender qué relación guarda con las demás tarifas del sistema de transporte. El hecho que exista una tarifa integrada de transporte da cuenta de este punto y reconoce de hecho la interdependencia entre los distintos modos que circulan por la Región Metropolitana de Buenos Aires".

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