Buenos Aires, 18 de enero de 2019. En el inicio de 2019, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria e integrante de Asamblea Ciudadana , señaló que los ciudadanos conocieron que el Estado Nacional delegó los subsidios de los servicios básicos en los gobierno provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que organizaciones sociales, sindicales y políticas nucleadas en el Espacio Asamblea Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires pidieron la semana pasada a la Legislatura porteña el tratamiento de un proyecto de ley para "declarar la emergencia tarifaria, establecer un nuevo Régimen de Tarifa Social para los Servicios Públicos y alcanzar un freno a los cortes de los servicios públicos" en el ámbito local.

Así lo informaron en un comunicado los dirigentes de la Asamblea Ciudadana, quienes destacaron que la iniciativa legislativa cuenta con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP-Capital) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A Capital) y fue elaborado con la participación de asambleas barriales y organizaciones sociales.

"Además, exigimos tanto a la Legislatura como al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires revocar la decisión del aumento de las tarifas del Transporte Público dispuesta para el mes de Enero de 2019 y para los siguientes meses", añadieron.

A partir de la Resolución 122/2018 del Ministerio de Energía, el Gobierno Nacional suspendió su aporte presupuestario al sostenimiento de la tarifa social de electricidad transfiriendo a los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad de generar sus propios regímenes de aportes al consumo eléctrico.

"La divergencia entre el aumento de la tarifa eléctrica y el de los ingresos de la población se ha acentuado en los últimos dos años a favor de las primeras, creando dificultades para que distintos tipos de usuarios puedan solventar sus consumos eléctricos básicos. Más de la mitad de la población porteña se encuentra en situación de Pobreza Energética", agregó el comunicado de los peticionantes.

Entre 2016 y 2018, los incrementos acumulados en los servicios públicos fueron 2.000% en gas, 1.500% en energía y casi 1.000% en agua potable. Como contraposición a estos datos, "en la Ciudad el costo para sus accesos pasó de representar un 6% del salario mínimo a un 23%". Según índices europeos, se denomina "pobreza energética" cuando se destina el 10% de los ingresos al abono de los servicios.

"Actualmente se considera evidente la relación que existe entre la falta de acceso a los servicios públicos (agua potable, gas y energía eléctrica) y la pobreza, constituyendo la falta de acceso causa de marginación para la población de menores ingresos", consideraron los autores de la iniciativa.

Finalmente, destacaron que la Declaración de la Emergencia Tarifaria en la Ciudad de Buenos Aires "tiene por objeto proteger a las familias de los cortes de los servicios públicos por incapacidad económica. El Acceso a los Servicios Públicos es un Derecho Humano", señalaron.

Koutsovitis aseguró que los servicios públicos "determinan la calidad de vida" de los habitantes. Por lo tanto, la propuesta declara la emergencia, crea un registro para recibir denuncias, sistematiza la información sobre una prestación inadecuada, impide cortar el servicio y amplía la tarifa social (aplicándose de manera automática y no haciendo un trámite individual) para clubes de barrio y pequeñas pymes, entre otros. 

En este marco, hoy se realizará el cuarto ´ruidazo´ para reclamar su tratamiento en sesiones extraordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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